Las Fuerzas Armadas en los últimos 20 años han colaborado institucionalmente con las autoridades de los tres niveles de gobierno en labores de combate a la delincuencia organizada (DO) y a preservar la seguridad pública; su intervención ha sido necesaria, debido al desbordamiento de la actividad de las organizaciones criminales y a la corrupción e incapacidad de las autoridades civiles.

Desde el inicio se ha sostenido que su participación sería transitoria, mientras las policías y mandos civiles abaten la corrupción que los ahoga y adquieren la madurez, capacidad técnica y operativa necesaria para cumplir con su responsabilidad. Las FA han cumplido a cabalidad con esa difícil encomienda, con institucionalidad y profesionalismo; las instituciones civiles, tanto locales como Federales, policiales, ministeriales y judiciales no han cumplido su parte.

Ninguna policía del país se ha profesionalizado, es mínima la investigación ministerial civil y hemos creado una reforma judicial que garantiza a los delincuentes un proceso con todas las ventajas. Es cierto que en esta coyuntura se han presentado algunos excesos de unos pocos militares, y debe ser responsabilidad de todos que esas desviaciones sean castigadas por autoridades del fuero común cuando involucren a civiles.

La intervención de las FA en el combate a la DO y seguridad pública, constituye la última línea de defensa de la población, y no pretenden abatir la impunidad. En ese contexto, los grupos delictivos están provocando al Estado Mexicano, han retado al Ejército a un combate a muerte, al cual nuestros soldados deben responder, en defensa de la población y al menos, con la misma capacidad letal de los agresores.

Lo sucedido en Nuevo Laredo en julio pasado, ejemplifica el actuar de los grupos delictivos, las investigaciones iniciadas por las autoridades civiles deberán esclarecer los hechos. Lo cierto es que la DO utiliza la disciplina y logística militar, la comunicación estratégica y de masas. La corrupción es el ambiente que permite su crecimiento y pervierte los movimientos a favor de los derechos humanos para alcanzar sus fines.

La reciente Ley Nacional del Uso la Fuerza marca una pauta a seguir para enfrentar a la DO, estableciendo parámetros para el uso de la fuerza letal, pero no podemos dejar de observar que ésta se vuelve inoperante ante unos delincuentes que no respetan las mismas reglas, y que emplean equipo militar moderno, de gran letalidad, en contra de los propios militares y de la población civil. Es irracional que, ante los despliegues de fuerza y agresividad de los grupos criminales, se cuestione la letalidad de los armamentos y procedimientos que emplean los militares.

Las fuerzas armadas se enfrentan a “amenazas letales inminentes” en donde deben de responder con fuerza letal ante una resistencia de alta peligrosidad que se justifica cuando la resistencia es real, actual e inminente, que se configura cuando son agredidos con arma de fuego poniendo en peligro su integridad personal.

La sociedad debe valorar y reconocer la intervención de las FA, que ha evitado la pérdida de la gobernabilidad del país; las desviaciones y excesos de algunos militares deben ser castigadas, pero es importante que los mexicanos seamos conscientes de las estrategias de comunicación utilizadas por los criminales, que pretenden inhibir la intervención de las FA en el combate a la DO.

Exconsejero de la Judicatura

 

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