En Aguascalientes, el Congreso local elegirá este 15 de diciembre a la persona que encabezará la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA) durante los próximos cuatro años. Esta decisión definirá si la Comisión seguirá funcionando como un contrapeso real o si será capturada por intereses partidistas, conservadores y policiales. No es un tema local menor. Es un termómetro democrático: la derecha pretende seguir avanzando con una agenda conservadora que limita la progresión de los derechos.
En México, las comisiones de derechos humanos existen para una función muy concreta: vigilar a las y los servidores públicos y proteger a la ciudadanía cuando es el propio Estado quien viola derechos. Son organismos autónomos que reciben quejas por abusos policiales, violencia institucional, negligencias médicas, detenciones arbitrarias y actos de discriminación. No están hechas para convertirse en extensiones de partidos políticos ni para ser encabezadas por personas sin trayectoria ni experiencia real en la defensa de los derechos humanos.
El aspirante más alarmante es Alan Capetillo. Su trayectoria pública no solo ha estado marcada por la polémica, sino por una serie de antecedentes que lo colocan como un riesgo real para la defensa de los derechos humanos. Medios locales han documentado que fue separado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes tras señalamientos por conductas hostiles hacia comunidades vulnerables. No hablamos de un debate ideológico ni de diferencias de opinión, sino de un historial de confrontación con los mismos grupos que una Comisión de Derechos Humanos está obligada a proteger. Capetillo representa exactamente lo que la institución debe contener: es dirigente estatal de organizaciones que se oponen a los derechos sexuales y reproductivos y a la igualdad de la comunidad LGBTTTI. Su agenda no es neutral ni técnica, es abiertamente regresiva. Colocarlo al frente de la Comisión equivaldría a permitir que el enemigo de los derechos humanos se siente en la silla desde donde deberían defenderse.
Aunque la elección de la ombudsperson debería ser un proceso transparente y basado en méritos, en Aguascalientes corre con fuerza el rumor de que habrá dedazo. Y el nombre que suena para consumar ese acto de corrupción institucional es el de Luis Enrique Pérez de Loera, exdirector de Asuntos Internos. Conviene explicarlo para quien no está familiarizado con la estructura del poder local: Asuntos Internos es el área encargada de vigilar, contener y, en los hechos, proteger a las corporaciones policiacas. El conflicto de interés es evidente cuando se considera que la mayoría de las quejas que recibe la CDHEA provienen justamente de abusos policiales. Colocar al frente de la Comisión a alguien formado para blindar policías no es un error administrativo: es una contradicción estructural que vacía de sentido a la institución.
A esto se suma un hecho público y verificable: Pérez de Loera es militante activo del Partido Acción Nacional desde 2019, de acuerdo con el padrón de militantes validado por el INE. Una Comisión de Derechos Humanos no puede estar encabezada por un militante de partido, mucho menos cuando ese partido ha sido señalado por intentar capturar la institución para imponer una agenda ideológica conservadora. De concretarse este nombramiento, no estaríamos ante una omisión, sino ante una toma abierta de la Comisión por intereses partidistas.
Frente a este intento de retroceso, hay que decirlo sin rodeos: la mejor opción es Yessica Janet Pérez Carreón. No por simpatía personal, sino por resultados.
Durante su gestión, la CDHEA ha fortalecido el trabajo con mujeres, ha avanzado en la defensa de los derechos de la comunidad LGBT+, ha acompañado a personas migrantes y ha construido vínculos reales con colectivas de personas con discapacidad, que han expresado su agradecimiento por una atención digna, accesible y efectiva. No son discursos: son prácticas institucionales.
Además, Yessica ha dado seguimiento serio y sostenido a quejas por abusos policiales, incomodando al poder cuando ha sido necesario. Conoce el sistema de derechos humanos desde dentro: ha trabajado en prácticamente todas las áreas de la Comisión y tiene experiencia directa en la CNDH. Esa experiencia acumulada no se improvisa ni se sustituye con ocurrencias ideológicas.
En días pasados envié una carta abierta y un comunicado público, en mi calidad de escritora y activista, dirigidos a las diputadas, los diputados y la diputade del Congreso del Estado, solicitando la continuidad del proyecto encabezado por Yessica Janet Pérez Carreón, por ser el perfil más idóneo para garantizar una defensa efectiva y autónoma de los derechos humanos. Esa carta fue enviada a prácticamente todos los medios de comunicación de Aguascalientes.
Solo dos la retomaron. Ninguno la discutió a fondo. Por el contrario, algunos han afirmado que la gestión de Pérez Carreón no ha dado resultados. En el ámbito político y mediático local se dice, además, que varios medios están alineados o financiados por el PAN para golpear a la actual titular y promover perfiles afines a su agenda conservadora.
Esto se vuelve todavía más grave cuando se revisa el Cuarto Informe de Actividades de la CDHEA 2025, documento oficial que muestra avances claros durante la gestión de Yessica Janet Pérez Carreón: atención prioritaria a mujeres víctimas de violencia, acompañamiento a personas LGBT+, trabajo constante con comunidades migrantes, acciones específicas con personas con discapacidad y seguimiento sostenido a quejas por abusos policiales, que siguen siendo una de las principales fuentes de violaciones a derechos humanos en el estado.
Esta información es pública y verificable. Por eso resulta legítimo señalar que parece estarse orquestando una campaña de desprestigio, impulsada desde sectores políticos incómodos con una Comisión que cumple su función y que buscan una Comisión que sirva como extensión de sus intereses políticos.
El resto de las personas aspirantes no cuenta con una trayectoria relevante, pública ni comprobable en la defensa de los derechos humanos. No han encabezado procesos, no han acompañado a víctimas, no han incomodado al poder ni han construido institucionalidad desde la experiencia.
En ese contexto, la única opción viable, seria y legal es Yessica Janet Pérez Carreón. Cualquier otro nombramiento implicaría una falta grave al propio reglamento que rige la designación de la ombudsperson, el cual exige perfiles de alto nivel, con experiencia acreditada y reconocimiento público en la materia.
Y hay que decirlo con toda claridad: si el Congreso decide ignorar ese requisito y, peor aún, designa a Luis Enrique Pérez de Loera, México entero debe saber que en Aguascalientes se consumó un conflicto de interés y un acto de corrupción en la designación de la ombudsperson. No sería un error técnico ni una diferencia de criterios. Sería una decisión deliberada para capturar la Comisión de Derechos Humanos y ponerla al servicio de intereses partidistas y policiales.
Las y los diputados que voten en ese sentido deberán asumir que esa decisión no quedará en el ámbito local. Se documentará, se señalará y se exhibirá a nivel nacional. Porque los derechos humanos no se negocian en lo oscurito y la impunidad política tampoco pasa desapercibida.
El Congreso tiene la decisión en sus manos. Que no se equivoque: la ciudadanía está observando, aunque algunos medios locales prefieran guardar silencio. En Aguascalientes no se vota solo la presidencia de un organismo. Se decide si los derechos humanos seguirán siendo una herramienta de defensa para la gente o si serán entregados, sin pudor, a los intereses del PAN.