Los que llevan meses anunciando el fin de la coalición Morena-PT-Verde, los que leen cada desacuerdo como fractura irreparable, los que convierten cualquier tropiezo legislativo en derrota histórica, se quedaron esta vez con las ganas. El Plan B se aprobó. Y lo hizo prácticamente como lo planteó la presidenta Claudia Sheinbaum desde el principio.
El pasado 25 de marzo, el Senado de la República aprobó lo más importante del Plan B. La propia presidenta lo explicó con claridad desde la mañanera: se aprobó la parte de los privilegios, la parte que más importaba. Y tiene razón. Para entender por qué esto importa, vale la pena detenerse en lo que realmente se aprobó.
Lo primero es que en el servicio público ya no podrán existir privilegios pagados con el dinero de la gente. Se prohíben los seguros privados, las cajas de ahorro especiales y otras prestaciones de alto nivel financiadas con recursos públicos. Todas las remuneraciones deberán ajustarse a los límites del artículo 127 constitucional, y ningún consejero del INE, ningún magistrado electoral ni ningún titular de área técnica o ejecutiva de los organismos locales electorales podrá ganar más de lo que percibe la Presidenta de la República. Durante años esos exorbitantes salarios fueron motivo de escándalo y de hartazgo ciudadano. A partir de ahora, la Constitución pone un techo a esos excesos y les dice a quienes ejercen funciones públicas que su compensación tiene un límite claro, el que marca la responsabilidad republicana.
La reforma también toca al propio Senado de la República. Su presupuesto tendrá que reducirse de manera progresiva durante cuatro años hasta alcanzar una disminución acumulada del 15% en términos reales, con base en el presupuesto de 2026. No es un recorte simbólico ni una promesa de buenas intenciones. Es una obligación inscrita en la norma, que exige a quienes tenemos el poder de legislar que también debemos tener la voluntad de ajustarnos y demostrar que la austeridad republicana no es un discurso para los demás sino una práctica que empieza en casa.
En estados y municipios, la reforma reduce el costo de la burocracia local. Los ayuntamientos tendrán un máximo de 15 regidurías y los congresos locales no podrán rebasar el 0.70% del presupuesto estatal. Lo más importante es el destino de los recursos que se liberen con estas medidas, los cuales tendrán que destinarse a obra pública, infraestructura y servicios para la población. Menos privilegios, más austeridad y más control ciudadano sobre el poder.
Hubo un punto que quedó pendiente para una próxima oportunidad. La modificación al artículo 35, que buscaba abrir la posibilidad de que la revocación de mandato pudiera celebrarse también en el tercer año de gobierno, no formó parte de lo aprobado en esta ocasión. Es importante decirlo con toda claridad. La revocación de mandato no desapareció, no se tocó, no se debilitó. Sigue intacta. El pueblo de México conserva íntegro ese poder extraordinario que le da la Constitución, el de decidir de manera anticipada y con base en el desempeño si quien ocupa la presidencia merece concluir su periodo o no, sin tener que esperar a que termine el sexenio. En caso de solicitarse con las firmas requeridas, la consulta podría celebrarse en 2028, como siempre estuvo previsto. Lo que quedó fuera fue únicamente la posibilidad de adelantarla al tercer año, una opción adicional, nunca la esencia de un derecho que el pueblo ya conquistó.
Vale destacar también algo que ocurrió en tribuna. El senador Alberto Anaya, profesor y dirigente histórico del Partido del Trabajo, ratificó públicamente el compromiso de su partido con la coalición. En medio de las especulaciones sobre tensiones internas y rupturas anunciadas, su voz desde el pleno fue un recordatorio de que Morena, el Verde y el PT comparten una agenda, una visión del Estado y una convicción común frente a los privilegios. La coalición Sigamos Haciendo Historia llegó unida al momento de la verdad, y unida salió.
Cada peso del presupuesto público implica una decisión política. Y lo que se aprobó el 25 de marzo es precisamente eso, una decisión de fondo sobre a quién le sirve el Estado y con qué recursos. México dio un paso real, legislado y firme, contra los excesos y los privilegios del poder. Quienes decían que no se podía tendrán que reconocer que sí se pudo.
Desde el escaño: La próxima semana, la Cámara de Diputados discutirá el Plan B. Una vez aprobado, se enviará a los congresos estatales para su aprobación. Con ello, se cumple el plazo para dejar todo listo antes del 30 de mayo, fecha límite para hacer modificaciones de cara a la elección de 2027. Nos leemos pronto.
Cynthia López Castro
Senadora por la Ciudad de México
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