La amenaza lanzada por el Presidente de Morena para que el INEGI se convierta en una instancia de fiscalización de la riqueza es sólo la última de una serie de señales que apuntan a una radicalización de la política económica del gobierno. Ante la atrofia económica que ya venía perfilándose desde principios de año y que se ha visto agudizada con la pandemia, el partido en el gobierno se va despojando del traje de cordero para enseñar sus verdaderas intenciones, que no son otras sino explotar al máximo a la clase media, a riesgo de llevarla a su extinción. Esta propuesta tiene ecos de la iniciativa presentada en el marco de la asamblea constituyente de la Ciudad de México para gravar la plusvalía y de otras medidas impositivas dirigidas contra la clase media, como el impuesto a los servicios digitales y los obstáculos al cobro de rentas inmobiliarias.
Ante la reacción de alarma entre la opinión pública, el Presidente López Obrador tuvo que poner un alto a la propuesta de Ramírez Cuellar. Sin embargo, no pocos analistas apuntan a la posibilidad de que este tipo de ocurrencias que se presentan recurrentemente representen ensayos para medir las defensas de la sociedad e identificar el momento oportuno para comenzar con una política de expropiación más agresiva. Lo cierto es que la tentación expropiatoria es fuerte en sectores importantes del partido en el gobierno y corre el riesgo de fortalecerse aún más en el marco de la profunda crisis económica en la que ya nos encontramos. También queda claro que, ya sea por acción o por omisión, este será un sexenio perdido para la clase media: cualquier avance que logren las familias mexicanas en su patrimonio y sus oportunidades de desarrollo tendrá que ser remando contra corriente y a pesar del gobierno.
La inacción del gobierno para apoyar a las empresas frente a la crisis del coronavirus también afecta desproporcionadamente a las clases medias. Los ricos seguirán siendo ricos y las grandes empresas encontrarán la manera de sortear la tormenta, pero miles de negocios de la clase media que viven al día y generan la mayoría de los empleos en el país se verán obligados a cerrar, arrojando a millones de mexicanos a la pobreza. Esto puede convenirle a Morena, pero es muy grave para México.
Resulta muy sintomático que en las reflexiones sobre política económica del Presidente la clase media simplemente no existe. Su visión del mundo se reduce a una dicotomía simple entre el pueblo, que López Obrador imagina pobre y necesitado de las dádivas del gobierno, y “los ricos”. Con toda claridad, el Presidente manifiesta su intención de incorporar al 70% de los hogares de México a las filas de sus clientelas. Como el resultado de la elección de 2021 depende de que Morena logre consolidar su esquema clientelar y el gobierno se está acabando a pasos acelerados todos los ahorros del Estado, han empezado a enfilar sus baterías para expropiar los ahorros de la clase media. Ese es el origen de la propuesta de Ramírez Cuellar y por eso no podemos bajar la guardia ni dejar pasar las amenazas expropiatorias que despuntan una y otra vez desde las filas de Morena.
En Puebla, el congreso local dominado por Morena aprobó de manera apresurada una reforma a la ley de educación estatal que establece una serie de medidas desproporcionadas para amedrentar y ejercer un control indebido sobre las escuelas particulares, que son a las que va la clase media. Estas medidas, incluyendo sanciones cercanas al medio millón de pesos por faltar a un trámite administrativo, van mucho más allá en su espíritu intervencionista de lo que establece la Ley General de Educación y habrán de ser combatidas en tribunales. Por lo pronto, Puebla sienta un pésimo precedente que debe hacer sonar las alarmas en todo el país: no contentos con regresar el control sobre la educación pública a las mafias sindicales, Morena quiere desmantelar la educación de los particulares. Es imperativo levantar la voz para denunciar estos abusos y defender a las clases medias.
Cynthia López Castro
Diputada Federal
@cynthialopezc1
