La semana pasada en el Senado de la República, aprobamos la nueva Ley General de Aguas, iniciativa enviada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. No fue una votación cualquiera: detrás de ese decreto está la decisión de garantizar de verdad el derecho humano al agua y de recuperar la rectoría del Estado sobre un recurso estratégico que durante años se trató como mercancía. Con esta ley, dejamos atrás el modelo que permitió que unos cuantos se enriquecieran con el agua y la consolidamos como lo que siempre debió ser,un bien público, social y cultural.
En México, el acceso al agua dice mucho sobre la desigualdad. Lo vemos todos los días, ciudades con redes modernas y plantas de tratamiento frente a comunidades donde abrir la llave sigue siendo un lujo. Desde 2012, la Constitución reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, pero ese mandato se quedó incompleto; hacía falta una ley general que bajara ese derecho al territorio. Esa es la brecha que la Presidenta decidió cerrar y que desde el Senado, ayudamos a convertir en realidad.
El punto de partida es claro: el modelo vigente permitió que el agua se manejara, muchas veces, como una mercancía. Hubo concentración de concesiones, sobreexplotación de acuíferos y contaminación de ríos, mientras persistían enormes carencias de infraestructura. Los diagnósticos que acompañan la iniciativa son contundentes, apenas poco más de la mitad de las aguas residuales del país recibe tratamiento antes de regresar al ambiente y buena parte de nuestras cuencas enfrenta distintos grados de estrés hídrico. No es solo escasez física, es un régimen que ya no garantizaba el derecho de todas y todos.
Frente a ese panorama, la propuesta de la Presidenta plantea un cambio de enfoque, el agua deja de verse solo como insumo económico y se reconoce como bien público, social y cultural, bajo la rectoría del Estado. La nueva Ley General de Aguas reglamenta el derecho humano previsto en el artículo 4º constitucional, reafirma que el uso personal y doméstico tiene prioridad sobre cualquier otro y fija principios de equidad y sustentabilidad para el resto de los usos. En pocas palabras: primero la gente y después el negocio.
Uno de los cambios más profundos está en el régimen de concesiones. Se crea un Registro Nacional del Agua que concentrará la información sobre quién tiene acceso a qué volúmenes y en qué condiciones. Se eliminan las transmisiones de derechos entre particulares y se acota la posibilidad de reasignar volúmenes, que solo podrán hacerse bajo supervisión de la autoridad y pensando en el interés público. Con ello buscamos evitar el acaparamiento, dar transparencia a los aprovechamientos y recuperar volúmenes para garantizar el derecho humano donde hoy no está cubierto.
La iniciativa también incorpora una dimensión de justicia social y territorial que era impostergable. Reconoce el papel de los pueblos indígenas, comunidades rurales y sistemas comunitarios de agua, que durante décadas han gestionado el recurso sin certeza jurídica. Ahora se les abre la puerta a inscribir sus aprovechamientos, se les da prioridad en contextos de alta presión hídrica y se refuerza la obligación del Estado de asegurar primero el abasto a la población y después los usos industriales o especulativos. Que nadie se quede sin agua por su código postal.
En materia ambiental y de cumplimiento, el proyecto endurece las reglas. Se fortalecen las facultades de inspección, se actualiza el catálogo de infracciones y se incorporan figuras de responsabilidad para quienes contaminan, desperdician o usan el agua al margen de la ley. La lógica es sencilla, pero poderosa, no podemos pedirle a la gente que cuide el agua si el Estado no está en condiciones de sancionar a quienes la destruyen o lucran con ella.
La nueva Ley General de Aguas no viene sola. Forma parte de una política hídrica más amplia que incluye un Plan Nacional Hídrico, acuerdos con los gobiernos estatales y foros regionales donde autoridades, especialistas y comunidades han puesto sobre la mesa sus diagnósticos. La apuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum es que toda esa conversación se traduzca en reglas claras, quién usa el agua, para qué, con qué límites y con qué obligaciones.
La nueva Ley General de Aguas recoge la misma lógica que ha guiado la política social de este gobierno, pasar del discurso al dato verificable. Hoy empezamos a hacer realidad, desde la ley, garantizar el derecho humano al agua, ordenar su uso y cuidar las fuentes que lo hacen posible. Esa es la ruta que este gobierno, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quiere dejar trazada para las próximas décadas.
Desde el escaño...
Esta semana concluimos el primer periodo ordinario del segundo año de sesiones de la LXVI Legislatura en el Senado de la República, tras un tiempo de trabajo intenso y muy productivo. Aprobamos diversos dictámenes, entre ellos la reforma a la Ley de Amparo, la Ley contra la Extorsión, la Ley de Economía Circular, el Paquete Económico y reformas en materia de salud y desarrollo económico, todas orientadas a fortalecer el Estado de bienestar de las y los mexicanos.
Tomamos protesta a 877 juzgadoras y juzgadores del nuevo Poder Judicial y se llevó a cabo el proceso de elección de la primera mujer Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos.
La Comisión Permanente se instalará el 17 de diciembre en la Cámara de Diputados, de la cual orgullosamente formaré parte. Desde ahí estaremos atentos a las reformas que envíe la Presidenta de la República . Adelanto que, en las primeras semanas del próximo periodo ordinario, estaremos avanzando en temas clave, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.
Senaora de la Ciudad de México
@cynthialopezc1