Por Marco Castillo
En el saldo de los resultados de la Cumbre de los gobiernos de Norteamérica el balance es bastante claro: El Gobierno de Estados Unidos dejó claro que el manejo de las migraciones, la seguridad y el comercio son las prioridades de su agenda. El de Canadá, por su parte, dejó claro que su principal interés está en el fortalecimiento del libre comercio regional. Por su parte, el Gobierno de México abogó por la integración de la región con el resto del continente para fortalecer la participación del sur continental.
Estados Unidos y Canadá negocian sus agendas con su fuerza económica y tecnológica. México con la legitimidad de uno de los primeros gobiernos democráticamente elegidos y uno de los más apoyados; con la fuerza laboral de su población y con su posición estratégica en la geopolítica.
En esta correlación de fuerzas, México siempre pierde debido a que es el socio más dependiente del acuerdo comercial regional. Estados Unidos impuso un nuevo esquema de deportaciones de migrantes a México y junto a Canadá avanzaron en el plan de mapeo de los recursos minerales del país azteca y la región.
De cara a la sociedad regional, los tres presidentes incluyeron nuevos esfuerzos en materia de combate a la xenofobia, la violencia contra las mujeres y el medio ambiente con la conformación de grupos de trabajo que incluyan a los pueblos indígenas, las mujeres y grupos racializados. También se acordó la conformación de un grupo de 12 expertos que explorarán oportunidades de ampliar la integración. Para estos grupos de trabajo no están claros los tiempos ni los mecanismos para su implementación, ni el poder que tendrán. En fin, ni siquiera si en realidad se implementarán.
Frente a estos hechos y evidencias, podemos decir que fue una Cumbre de valiosos, importantes y necesarios discursos y declaraciones, pero en los hechos, de business as usual.
Esto no debería sorprender a nadie: el elefante reumático gubernamental no sólo es México, es toda la región, que tiene dimensiones y complejidades históricas, culturales, económicas y políticas que hacen difícil que avancen acuerdos ambiciosos, que no sean los comerciales.
A la sociedad regional nos debe quedar claro que la agenda regional de paz con justicia y desarrollo sostenible y equitativo que merecemos requiere de una articulación mayor de los más amplios sectores sociales de nuestras naciones, que ponga la presión necesaria a los gobiernos para meter los temas prioritarios en la discusión pública de futuro.
Por muchos años hemos dejado las relaciones internacionales en manos de la diplomacia gubernamental y las élites comerciales, a pesar de que la población de las tres naciones está profundamente interrelacionada por la migración, las redes científicas, comerciales y laborales. Ya va siendo tiempo de esperar menos de las Cumbres gubernamentales y apostarle a fortalecer las redes existentes y desarrollar nuevas, de cara a las elecciones presidenciales que México y Estados Unidos celebrarán en 2024.
De eso se trata la Cumbre por la Paz, de reunir a los actores regionales que son impactados por la proliferación de las armas; a las comunidades marginadas y expulsadas de sus territorios por los intereses económicos y comerciales regionales; a las organizaciones luchando por los derechos humanos de la población nativa de la región y de las personas migrantes; a los líderes los movimientos sociales de transformación.
Ningún gobierno es más fuerte que su población cuando ésta está organizada, y la agenda ciudadana se fortalece cuando está respaldada por una amplia gama de actores.
Marco Castillo es codirector ejecutivo de Global Exchange, una organización sin ánimo de lucro que promueve los derechos humanos y la justicia social, económica y medioambiental en todo el mundo. Encabeza la alianza de más de 100 organizaciones de base para la celebración de una Cumbre por la Paz en Ciudad de México los días 23 y 24 de febrero de 2023.
