Justo hace seis años, a inicios del 2020, esta memoriosa sección abordó la legalidad con la que actuaba el entonces Fonca al suspender o cancelar becas para creadores artísticos con denuncias sobre su conducta o procesos penales abiertos. Entonces los abogados consultados en el reportaje advirtieron que las instituciones culturales no tienen competencia para juzgar sobre presuntos delitos y están obligadas a respetar la presunción de inocencia. Pero las instituciones culturales de la 4T modificaron reglas de operación, catálogos de cumplimiento y otros documentos con lineamientos incluso anticonstitucionales. Y así llegamos a inicios de 2026, cuando la aguerrida poeta María Rivera ha sacudido el avispero al dar a conocer púbicamente una carta que la Coordinación Nacional de Literatura del INBAL hace firmar a los concursantes del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes. El documento obliga a declarar a los escritores que no han sido “objeto de denuncia o sanción por motivo de violencia de género, acoso sexual, discriminación racial ni por otra conducta que vulnere los derechos humanos de tercero”. Por si fuera poco, también hacen jurar, si ganan el premio, a “orientar mi actuar a los principios, valores, reglas de integridad y compromisos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura”. Y por si algo más faltara, el INBAL amenaza con que, de no cumplir con todo lo anterior, el hasta entonces feliz ganador será obligado a devolver el premio… María Rivera no ha escatimado en definir en sus redes sociales esa carta con adjetivos punzantes: infame, abusiva, fascista, etcétera. Las reflexiones de la poeta no tienen desperdicio y otros importantes escritores ya se han unido a su protesta. Aquí citamos sólo algunas frases puntuales: “Yo no firmaría una carta abyecta y coercitiva porque es un método de sanidad moral digna de regímenes dictatoriales que suelen pasar por los derechos individuales de los artistas (que hay que reconocer que el PRIAN jamás se hubiera atrevido a solicitar y si lo hubiera hecho, habría ardido Troya)”. Rivera ha denunciado también cómo este método de sanidad moral ha servido a “funcionarias convenencieras que usan al género, la raza, etc para chantajear”. Y, finalmente, María Rivera, Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 2005, ha retado a Nadia López García, coordinadora de Literatura del INBAL, a examinar si puede mantener su premio porque, advierte, “no me voy a comportar según los valores del gobierno, no lo hice antes y no lo voy a hacer ahora”. La poeta se pregunta cómo esto no se ha convertido en un escándalo, Y en efecto, es un gran escándalo por la extralimitación de funcionarios culturales como Nadia López, quien, por ejemplo, ahora quizá ya no podría participar en el Premio Aguascalientes por las acusaciones públicas de vulneración a los derechos humanos de los escritores mexicanos. ¿Sería destituida si alguien hace una denuncia formal por las ilegalidades de su coordinación? Seguiremos este penoso caso y estaremos informando.
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