Por Catalina López-Sagástegui
Programa de Investigación Marina
Instituto de las Américas
En México, los humedales suelen aparecer en el discurso público como paisajes valiosos, casi siempre celebrados en fechas conmemorativas y rara vez defendidos con la misma contundencia en la toma de decisiones. Sin embargo, en un contexto marcado por la crisis climática, la escasez de agua y la degradación ambiental acelerada, estos ecosistemas ya no pueden seguir siendo tratados como un asunto sectorial o simbólico. Protegerlos es una obligación de política pública, no una opción ambiental.
El 30 de agosto de 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 2 de febrero como el Día Mundial de los Humedales, subrayando su importancia global. El lema de 2026, “Humedales y conocimientos tradicionales: celebrando el patrimonio cultural”, adquiere una relevancia particular en México, donde la diversidad biológica y cultural se entrelaza de manera profunda en humedales costeros y continentales. Su protección no solo responde a compromisos internacionales: es una condición básica para la resiliencia climática, la seguridad hídrica y el bienestar social del país.
México figura entre los países con mayor riqueza y reconocimiento internacional en materia de humedales. Como Parte Contratante de la Convención Ramsar, alberga 144 Humedales de Importancia Internacional que cubren cerca de 8.7 millones de hectáreas. Manglares, lagunas costeras, estuarios, marismas, planicies de inundación, lagos y humedales de alta montaña sostienen rutas migratorias, especies endémicas de agua dulce, pesquerías clave y grandes reservas de carbono azul. En el papel, este capital natural coloca a México como un actor estratégico en la conservación global y la acción climática. En la práctica, la presión sobre estos territorios revela una brecha persistente entre el reconocimiento y la protección efectiva.
Los humedales están entre los ecosistemas más amenazados del país. Los costeros funcionan como barreras naturales frente a tormentas, erosión y el aumento del nivel del mar, además de sostener economías locales ligadas a la pesca y el turismo. Los continentales regulan los ciclos hidrológicos, recargan acuíferos, mejoran la calidad del agua y reducen el riesgo de inundaciones. Su degradación tiene consecuencias directas en la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua y la salud pública. No se trata de impactos abstractos: afectan de manera desproporcionada a pueblos indígenas, comunidades rurales y usuarios de pequeña escala. La pérdida de humedales no es un problema ambiental aislado; es una amenaza directa a la estabilidad social y económica.
En los últimos años, México ha fortalecido su capacidad de observación y análisis de estos ecosistemas mediante esfuerzos de monitoreo liderados por CONABIO y por equipos científicos de universidades y centros de investigación. Se ha generado información detallada sobre la extensión de los humedales, los cambios en la cobertura del suelo, su capacidad para fijar y almacenar carbono y otros procesos ecológicos clave. Esta base científica es indispensable para la alerta temprana y la toma de decisiones informadas. El problema no es la ausencia de datos, sino la dificultad —o la falta de voluntad— para traducir ese conocimiento en acciones concretas sobre el territorio.
Aquí emerge uno de los puntos más incómodos del debate: el papel sistemáticamente subestimado del conocimiento tradicional. A lo largo del país, pueblos indígenas y comunidades locales han gestionado humedales durante siglos mediante prácticas adaptadas a los ciclos ecológicos: reglas estacionales de pesca, sistemas de manejo del agua, producción agro-humedal y esquemas colectivos de gobernanza. Lejos de ser vestigios del pasado, estos saberes constituyen sistemas de manejo adaptativo que han demostrado eficacia ecológica y social. Ignorarlos en los programas de conservación y restauración no solo empobrece las estrategias técnicas, sino que suele traducirse en conflictos sociales y resultados limitados.
En 2025 se anunció la agenda nacional de restauración impulsada por SEMARNAT a través del Programa Nacional de Restauración Ambiental, con la promesa de recuperar ecosistemas como vía para el bienestar social y ambiental. El desafío está en que esa promesa no se quede en el plano declarativo. Para que la restauración de humedales sea efectiva, debe integrar de manera explícita el monitoreo científico, la gobernanza local y los conocimientos tradicionales, con financiamiento suficiente, continuidad institucional y mecanismos claros de rendición de cuentas.
En el Día Mundial de los Humedales, el mensaje debería ser menos celebratorio y más exigente. Estos ecosistemas no son solo patrimonio natural y cultural: son infraestructura ecológica crítica para el país. Protegerlos implica asumir decisiones políticas coherentes, enfrentar intereses económicos de corto plazo e invertir de manera sostenida en su conservación. También exige reconocer que las comunidades que históricamente han dependido de ellos no son un obstáculo, sino una pieza central de la solución. El futuro de la biodiversidad de México —y de millones de personas— depende de que ese equilibrio deje de ser un discurso y se convierta, por fin, en política pública efectiva.