Por Catalina López-Sagástegui
Durante décadas, la gobernanza de los océanos más allá de las fronteras nacionales avanzó a un ritmo más lento que las presiones que los amenazan. La sobreexplotación, la pérdida de biodiversidad y la fragmentación de reglas evidenciaron una paradoja: el océano es un bien común global, pero su cuidado ha dependido de esfuerzos dispersos y, muchas veces, insuficientes. En ese contexto, el Tratado de Alta Mar representa mucho más que un nuevo instrumento jurídico. Es una oportunidad para que países con capacidad científica, vocación multilateral y peso regional —como México— definan no solo cómo se protege la alta mar, sino quién lidera esa conversación.
México y el Tratado de Alta Mar: de la ratificación al liderazgo en la gobernanza oceánica global.
El Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (Acuerdo BBNJ), comúnmente conocido como el Tratado de Alta Mar, entró en vigor el 17 de enero y marca un punto de inflexión en la evolución de la gobernanza oceánica internacional. El Tratado aborda vacíos históricos de gobernanza al operacionalizar herramientas que carecían del marco legal necesario para aplicarlas. Entre estas se incluyen herramientas de gestión basadas en áreas, como áreas marinas protegidas; la obligatoriedad de evaluaciones de impacto ambiental para actividades con posibles efectos adversos; mecanismos para la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos; y el fortalecimiento de la cooperación en ciencia marina, transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades. En conjunto, estas disposiciones permitirán transitar de enfoques fragmentados y sectoriales hacia un régimen más integrado y precautorio para la gobernanza de la alta mar.
Después de 20 años de negociaciones, el Acuerdo fue abierto a firmas el 20 de septiembre del 2023 y alcanzó la ratificación mínima de 60 países en septiembre del 2025. Por primera vez, los Estados cuentan con un marco jurídicamente vinculante para conservar y gestionar de manera sostenible la biodiversidad en áreas más allá de la jurisdicción nacional. Si bien este hito es de alcance mundial, reviste una importancia particular para países como México, cuya participación diplomática, capacidad científica y trayectoria en la gestión marina lo posicionan para convertirse en un referente regional y global en su implementación.
La ratificación del Tratado de Alta Mar por parte de México se oficializó en septiembre del 2025 y envió una señal política clara. Como país con una vasta Zona Económica Exclusiva —nuestro territorio marino es más grande que el terrestre— México concibe la conservación oceánica como un asunto de interés nacional y de responsabilidad internacional. La decisión de ratificar el Acuerdo antes de su entrada en vigor subraya su compromiso con el multilateralismo y abre una oportunidad para que México contribuya a definir cómo se traduce el Tratado del ámbito normativo a la práctica.
El potencial de liderazgo de México se sustenta en tres activos clave. En primer lugar, cuenta con credibilidad científica y técnica. Décadas de investigación marina, experiencia en el establecimiento de herramientas que contribuyen a la agenda 30x30, así como un conocimiento creciente en tecnologías de monitoreo de la biodiversidad, proporcionan una base sólida para apoyar la toma de decisiones. En segundo lugar, México ha demostrado capacidad diplomática tanto en América Latina como en otros foros internacionales donde ha promovido la equidad, una mayor ambición de conservación y el reconocimiento de la biodiversidad como un bien común global. En tercer lugar, México cuenta con una sociedad civil y un sector académico activos, capaces de fortalecer la rendición de cuentas, el desarrollo de capacidades y el intercambio de conocimientos, componentes esenciales para que el Tratado genere resultados concretos de conservación.
No obstante, el liderazgo no será automático y mucho menos fácil. El éxito del Tratado de Alta Mar dependerá de voluntad política y recursos en su implementación, y de políticas nacionales armonizadas con compromisos internacionales. Para México, esto implica implementar mecanismos que garanticen la generación de conocimiento científico y el libre acceso al mismo, así como democratizar los procesos de las evaluaciones ambientales e intercambio de conocimientos. Además, no solo necesita reforzar una cultura de filantropía e inversión privada en el país que le permita seguir avanzando en materia de conservación, investigación y bienestar social. Fortalecer la gobernanza interna abrirá el camino para que México continúe impulsando enfoques inclusivos que permitan a otros los países beneficiarse de los recursos oceánicos compartidos.
A la fecha, 84 países han ratificado el Tratado de Alta Mar y 145 han confirmado su compromiso para hacerlo en el futuro. México tiene la oportunidad de contribuir a definir cómo se ve una gobernanza eficaz, equitativa y basada en la ciencia en la alta mar. Al hacerlo, puede consolidar su papel como líder en conservación marina, tanto a nivel regional como global, en un momento en que la salud del océano nunca ha sido tan determinante.
Programa de Investigación Marina Instituto de las Américas y colaboradora especial para Celsius Media