Por Bernardo A. Bastien-Olvera. Investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM y colaborador para Mares Mexicanos y Celsius Media.
Durante años, el debate climático se ha construido como si el océano fuera un amortiguador infinito: silencioso, resistente y ajeno a las cuentas públicas. Pero el mar no solo absorbe calor y carbono; también acumula pérdidas económicas, sociales y ecológicas que nunca entraron en la ecuación. Nueva evidencia científica muestra que dejar fuera al océano ha subestimado de manera sistemática el verdadero costo del cambio climático —y ha abaratado decisiones que hoy ya no salen gratis.
Un estudio que recientemente publicamos en Nature Climate Change propone algo tan simple que es incómodo pensar que no se había atendido antes: si queremos entender de verdad cuánto cuesta el cambio climático, tenemos que incluir al océano en la ecuación. Al hacerlo, el costo social del carbono —una medida económica que estima el daño total causado por emitir una tonelada adicional de CO₂— casi se duplica.
El costo social del carbono no es un número abstracto. Es una herramienta que gobiernos y empresas utilizan para decidir cuánto invertir en mitigación, cómo diseñar políticas climáticas o si un proyecto “vale la pena” desde el punto de vista social. Si ese número está incompleto, las decisiones que se toman con base en él también lo estarán.
El océano se calienta, se acidifica y pierde oxígeno. Estos cambios alteran ecosistemas enteros: arrecifes de coral que sostienen pesquerías y turismo; manglares que protegen costas y comunidades; y bancos de peces que se desplazan hacia latitudes más altas, dejando atrás pesquerías colapsadas. También afectan infraestructura clave como puertos y ciudades costeras, cada vez más expuestas a inundaciones y tormentas intensificadas por un océano más cálido.
Nuestro trabajo integra estos impactos —económicos, ecológicos y sociales— en una contabilidad más completa. Incluye pérdidas de mercado, como la caída en ingresos pesqueros o comerciales, pero también daños que no pasan por el mercado: deterioro de la nutrición en comunidades que dependen del mar, pérdida de oportunidades recreativas, y algo aún más difícil de cuantificar pero no por ello menos real: el valor existencial que las personas otorgan a los ecosistemas marinos.
Un punto clave es que no todos los daños son intercambiables. Un dólar perdido en infraestructura no es equivalente a un dólar perdido en cultura, identidad o biodiversidad. Pensar que todo puede reducirse a una sola métrica es una simplificación peligrosa. Por eso, aunque usemos números, el mensaje de fondo es profundamente político y ético: ¿qué tipo de pérdidas estamos dispuestos a aceptar como sociedad?
Además, los impactos no se distribuyen de manera equitativa. Las islas y las economías pequeñas, muchas de ellas con baja responsabilidad histórica en las emisiones, enfrentan los mayores daños. El calentamiento del océano reduce la disponibilidad de nutrientes esenciales en los alimentos marinos —como proteínas, hierro u omega-3—, con consecuencias directas en la salud de millones de personas.
Ponerle precio al daño oceánico no significa reducir la naturaleza a dinero. Significa, más bien, evitar que siga siendo ignorada en los espacios donde hoy se toman decisiones cruciales. Lo que no se mide, no cuenta. Y lo que no cuenta, se sacrifica primero.
El océano no es un lujo ambiental ni un paisaje lejano. Es infraestructura natural, es alimento, es cultura y es piedra angular en nuestro futuro. Si seguimos actuando como si fuera gratis dañarlo, la factura —social, ecológica y económica— solo va a seguir creciendo.