M.I. Jorge Carlos Saavedra Shimidzu
Comité del Agua
Colegio de Ingenieros Civiles de México, A. C.
1. El Agua y su prioridad
A lo largo de la historia de nuestro país el agua ha estado presente al influir decisivamente en el crecimiento y desarrollo de nuestras poblaciones y actividades económicas.
También el agua ha favorecido el desarrollo de obras de infraestructura para la protección contra inundaciones y para su aprovechamiento propiciando la construcción de grandes y pequeñas obras. La ingeniería civil mexicana y sus especialistas en Ingeniería Hidráulica han estado presentes apoyando la planeación, diseño y construcción de obras para el abastecimiento de agua, el riego agrícola, la generación de energía hidroeléctrica, la protección contra inundaciones, el tratamiento para su potabilización y para adecuar la calidad de las aguas residuales que se descargan al medio ambiente.
Me atrevo a decir que en este momento el agua y su gestión integral no son una prioridad nacional ni regional como lo reflejan los presupuestos que se dedican al tema. Sólo adquiere prioridad cuando la sequía amenaza el abastecimiento o cuando las avenidas afectan poblaciones y los bienes de los pobladores. Si vuelve a llover y hay agua disponible, o si cesan las lluvias y los desastres se recuperan, la prioridad de atención a la conservación y protección de nuestros recursos hidráulicos disminuye presupuestalmente en espera que ocurra una nueva amenaza o desastre.
2. Planeación hidráulica y los catálogos de proyectos
Se acaban de cumplir 50 años de la publicación del Plan Nacional Hidráulico 1975. Este ejercicio de planeación de largo plazo estableció prioridades de atención al aprovechamiento del agua tanto a nivel nacional como regionalmente, diagnosticó los usos del agua por regiones y concluyó que:
- Es necesaria una gestión más descentralizada del agua para tener más eficiencia y poder proveer los medios para la resolución de conflictos
- En México hay suficiente agua para cubrir la demanda de los usos, siempre y cuando se haga un buen uso de ella
Desde la perspectiva del autor, dentro de los resultados más importantes y útiles del PNH 1975 es que se generó un Catálogo de Proyectos que identificaba por región los diversos proyectos que se planteaban para el uso y aprovechamiento del agua, desde proyectos mayores, algunos interregionales, hasta aprovechamientos específicos y locales de uso comunitario. Ese Catálogo fue inicialmente establecido y después revisado y ampliado en sesiones de trabajo locales y regionales.
Los proyectos que se incluían en el catálogo tenían grados de desarrollo diferentes que variaban, desde el nivel de Identificación, Gran Visión, Ingeniería Básica, Ingeniería de Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo. Para incluirse en el Catálogo se debían cumplir registros básicos de conformidad con los usuarios involucrados.
Desafortunadamente la elaboración de los Catálogos de Proyectos se dejó de hacer y a lo largo de los años se han emprendido proyectos que no disponen de los estudios básicos y mucho menos de los proyectos ejecutivos con rigor técnico ingenieril fundamental para que la infraestructura resultante sea de calidad.
Además de la labor de planeación desarrollada a nivel regional, para disponer de un buen Catálogo de Proyectos se requiere de conocimientos, experiencia y capacidad técnica, conocimiento de la problemática por resolver y el indispensable involucramiento de los beneficiados del proyecto, así como de instituciones federales y regionales sólidas.
La existencia de catálogos de proyectos oficiales, reconocidos y avalados por los usuarios y las instituciones, puede ser una defensa contra los proyectos oportunistas que validan decisiones no soportadas por análisis firmes técnica y socialmente.
3. El agua es política. Inversiones
A menudo recuerdo lo que un buen ingeniero civil de mucha experiencia decía: “el agua es inodora, incolora, insípida y política”. El impacto social de las obras hidráulicas es inherente a la naturaleza del aprovechamiento, que impacta en la calidad de vida de los beneficiarios y en su actividad diaria.
Los usuarios domésticos de agua potable disponen de la garantía de su Derecho Humano al Agua y los encargados de prestarles el servicio tienen una gran tarea por cumplir, no sólo en el ámbito urbano sino también y más complicado de atender, en el ámbito rural. Se acaba de publicar la Ley General de Agua que es reglamentaria del artículo 4º constitucional. Esperemos su reglamentación, pero los gobiernos municipales y estatales deben estar preocupados. No será fácil ni barata la satisfacción de este derecho.
La política actual para la realización de obras de infraestructura hidráulica se basa en la utilización de recursos federales principalmente, apoyados por la banca de desarrollo nacional o internacional. La información que se dispone señala montos de inversiones previstas en el período 2024-2030 del orden de 30 mil millones de pesos, vinculadas al Fondo de Aportación para la Infraestructura Social para 2,478 municipios del país. Además, el Plan Nacional Hídrico define entre16 y 17 proyectos estratégicos de infraestructura hídrica sin conocerse los montos por proyecto.
En febrero de este año se anunció que el Plan de Inversión pública y mixta en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar considera una inversión de 5.6 billones de pesos, en ocho sectores estratégicos, en el período 2026-2030. Al sector agua le corresponderá del orden del 12% de esa inversión. La participación del sector privado será a través de la modalidad de Inversiones Mixtas, pero aún no se han dado a conocer ni formas, ni montos, ni proyectos.
No se debe dejar de mencionar la posible recuperación de las inversiones, sin contemplar seriamente el establecimiento de cuotas de recuperación o tarifas por los servicios recibidos por parte de los usuarios beneficiados con las obras y los servicios. El importante monto de las inversiones requeridas no puede soslayar la necesidad de una estrategia de participación de los usuarios en la recuperación de los costos de los proyectos, construcción, operación, mantenimiento y renovación de la infraestructura, aunque no sea políticamente favorable.