En México hemos trabajado incansablemente para dotar de servicios públicos a las poblaciones, para interconectarlas en un sistema de carreteras, aeropuertos y puertos bastante potentes y un sistema eléctrico nacional que ha permitido no solo satisfacer las necesidades de la población sino además de la industria y los servicios, todo lo anterior en conjunto con la educación nos ha ayudado a tener el desarrollo que hoy tenemos, lo hecho es gigantesco pero lo que tenemos que hacer en los 20 años siguientes es un reto aún mas grande de lo que hemos hecho en los últimos 50 años y para hacerlo, todos tenemos que hacer un gran esfuerzo, que es lo único que nos llevará a ser un país más desarrollado.
Comité de Financiamiento de la Infraestructura
del Colegio de Ingenieros Civiles de México
Para el caso especifico de los servicios de agua potable y saneamiento el reto es particularmente alto, porque estamos ante una situación en la que en la mayor parte de los estados, las ciudades siguen creciendo y la extracción de agua subterránea es mayor que la de la recarga natural de los ciclos de lluvia y de ríos, esto significa que para mantener el suministro del liquido vital a las ciudades, se tiene que traer de zonas cada vez más lejanas, lo cual tiene como consecuencia una gran inversión de dinero para lograrlo, un impacto ambiental importante tanto en la zona donde se toma el agua y en las zonas donde se instale el sistema de potabilización y de conducción de agua potable.
En paralelo, el sistema fiscal del País tiene grandes retos para el resto de los servicios que tiene que atender, como los sistemas de salud, carreteras, seguridad, pensiones gubernamentales y las ayudas a grupos vulnerables, lo cual le dificulta enormemente desarrollar toda la infraestructura necesaria con recursos del gobierno. Es por ello que para el caso de los sistemas de agua potable es fundamental que los ciudadanos cuidemos el agua y que paguemos el costo real que significa el tener agua en casa y que las empresas paguen también para tener servicios suficientes para sus procesos y oficinas; es importante reconocer que la población vulnerable, desde el punto de vista económico que no tiene capacidad de pago del costo real, debe recibir subsidios focalizados que le ayuden a mantener el servicio. Esto permitirá que se puedan hacer las inversiones necesarias para mejorar el servicio y traer el agua desde los lugares donde sea técnicamente factible.
El esfuerzo de la sociedad en conjunto tiene que ser compensado con el compromiso absoluto de los sistemas de agua potable y saneamiento, de utilizar los recursos escrupulosamente para maximizar los resultados de cada centavo invertido y, además, una mejora de la eficiencia de operación para lograr menores perdidas de agua en las redes de distribución, lo que significa llevarlas a niveles de operación similares a los mejores sistemas del mundo. En pocas palabras los costos que se recuperen vía tarifas o derechos de agua potable deben ser eficientes, es decir que los usuarios no paguen por ineficiencias del sistema de agua potable.
La eficiencia de la que estoy hablando es un tema que va más allá de perder la menor cantidad de agua posible en las redes de distribución, sino que también a tener sistemas eléctricos en condiciones optimas que permitan disminuir los costos de la energía eléctrica, que los recursos humanos sean los estrictamente necesarios y con una alta formación que les permita desarrollar su trabajo de una forma excelente. En aras de ser justos, las tarifas deben ser establecidas de una manera que se cumplan metas de ampliación y mejora de las redes de agua potable y de alcantarillado, de las plantas potabilizadoras, del tratamiento de aguas residuales y de las plantas de bombeo, con metas verificables que permitan evaluar el cumplimiento y sobre el resultado se pueda autorizas el incremento o la disminución de las tarifas establecidas.
Lo anterior soluciona la relación de los usuarios con el sistema de agua potable y alcantarillado, pero hace falta una segunda parte de la ecuación que permite que para que la carga no sea tan pesada, siempre es necesario contar con el apoyo de recursos fiscales de los gobiernos federal, estatal y municipal en forma de subsidio a la construcción o a la operación y mantenimiento de los grandes proyectos de agua potable o de saneamiento de las aguas residuales, esta participación conjunta de todos los niveles de gobierno permite alcanzar de manera más eficiente y rápida el bienestar de la población.
Para definir cómo utilizar estos recursos fiscales es importante realizar un análisis del proyecto y de la forma como se debe construir y operar la infraestructura, ahí hay tres opciones básicas y de ahí se deriva una serie de mezclas entre ellas. La primera es hacer construir, operar y mantener el proyecto con recursos del sistema de agua potable. La segunda es mezcla de recursos fiscales de los tres niveles de gobierno con los del sistema para realizar la obra y este último, al igual que en el caso anterior se encarga de operarlo y mantenerlo. Finalmente tenemos el otro extremo desde el punto de vista jurídico, las asociaciones público privadas, en las que los recursos para construir la infraestructura, los aporta la iniciativa privada, quien además lo construye, lo opera y mantiene por un periodo pre acordado con el gobierno, en el cual recupera la inversión realizada y la operación del proyecto a través de un pago en función del volumen de agua potable o residual tratada al sistema.
Estas opciones básicas pueden entrelazarse unas con otras, es decir puede haber recursos de los uno, dos o tres niveles de gobierno, con los del sistema de agua y saneamiento. Hoy quiero destacar la de la segunda con la tercera, que tiene varias opciones pero que se fundamenta en que una parte de la inversión se realiza a través de una mezcla de recursos fiscales del gobierno federal con recursos privados y los gobiernos estatales y/o los municipales aportan garantías de pago del sistema por la inversión, operación y mantenimiento de la infraestructura.
Esta solución ha sido utilizada de manera exitosa en todo el mundo. Para el caso de México se ha contado con este esquema, con el apoyo del gobierno federal a través del Fondo Nacional de Infraestructura con recursos gratuitos (me permito la libertad de decirlo en estas palabras sencillas) y con el aval y garantías de los gobiernos estatales y municipales se han construido y se operan acueductos, plantas desaladoras, plantas potabilizadoras y plantas de tratamiento de aguas residuales que benefician a millones de habitantes en el país.
Desde mi punto de vista este esquema ayuda a los sistemas de agua potable y saneamiento a desarrollar la infraestructura que necesita, a un costo eficiente y competitivo porque la asignación de los mismo es a través de licitaciones públicas y al mismo tiempo, le permite a los gobiernos federal, estatal y municipal, liberar recursos para atender sus obligaciones en otras áreas, también fundamentales para el desarrollo social y económico.
Finalmente es necesario establecer que ninguno de los esquemas anteriores es la panacea y aplica para todos los proyectos. Para cada uno de ellos es necesario analizar la mejor solución posible, por ello, cada opción básica y las mezclas entre ellas son un punto de partida que se debe analizar con todo detalle, a fin de tener en cuenta todos los elementos necesarios para que la infraestructura se desarrolle de la manera más eficiente posible y se cumpla el objetivo de tener agua potable para los ciudadanos y para la industria que permita el desarrollo de la sociedad, a través de costos del servicio de agua y saneamiento eficientes y con el cuidado necesario al medio ambiente.
Termino con una reflexión, nos corresponde a esta generación trabajar de manera incansable para cuidar el agua, que no significa no usarla, sino hacerlo de una manera responsable, cuidando los acuíferos y ríos, tomando el agua y regresándola limpia para conservarla para que las generaciones siguientes la puedan disfrutar
