Por Ing. Luis Robledo Cabello
Coordinador del Comité de Infraestructura
Colegio de Ingenieros Civiles de México, A. C.
A nivel global para el desarrollo de la infraestructura de todo tipo se ha establecido la necesidad de contar con planes nacionales, sectoriales y regionales, con visión de corto, mediano y largo plazo, los cuales desafortunadamente no se han desarrollado en nuestro país durante varias décadas, con excepción del sector eléctrico.
Es frecuente que, entre los profesionales de muchas carreras, no sólo de la ingeniería, se piense que el contar con un Plan Nacional de Desarrollo es suficiente para la cantidad y la distribución geográfica de la infraestructura de todo tipo que requiere nuestro país, y que en él se establecen las necesidades y las oportunidades de desarrollo por sector y por región, lo cual es una interpretación equivocada. Dicho plan establece lineamientos generales para el desarrollo de la infraestructura, pero no llega a definir los recursos financieros que requiere México para cada uno de los sectores, tales como el transporte, energía, agua, hospitales, escuelas, etc., ni tampoco establece las regiones del país en los cuales sería conveniente aplicarlos.
Si los ingenieros nos ponemos en el lugar de los funcionarios federales responsables de establecer anualmente los presupuestos que sería conveniente destinar a cada sector y a cada región, nos resultaría extraordinariamente difícil hacerlo.
¿Cuánto presupuesto se debe destinar a la salud, la educación, la seguridad, la investigación, el desarrollo urbano, etc.? Dentro de la infraestructura ¿cuánto presupuesto requiere el sector eléctrico, cuánto el de los hidrocarburos, las energías renovables, las carreteras, los ferrocarriles, los puertos, el agua para riego, el agua potable, el control de inundaciones, las escuelas de todos los niveles educativos, los hospitales, los centros de salud, etc.?, sobre todo tomando en cuenta que todo debe cubrirse con el techo presupuestal del siguiente año, el cual siempre es insuficiente para atender todas las necesidades y mucho menos para aprovechar las oportunidades de desarrollo del país con base en la infraestructura, de la cual depende en buena medida ese futuro.
Evidentemente esa responsabilidad es multiprofesional, es decir que requiere de la participación de ingenieros de todas las especialidades, pero también de economistas, financieros, médicos, maestros en educación, urbanistas y de muchas otras especialidades.
En ello deben participar personas con importantes conocimientos, capacidad y experiencia de la situación social y económica del país para lograr que dicha situación evolucione favorablemente. Esta tarea es responsabilidad del poder ejecutivo el cual presenta anualmente el proyecto de presupuesto de egresos a la Cámara de Diputados, la cual tiene la difícil tarea de analizarlo, adecuarlo de ser necesario y finalmente aprobarlo para su ejercicio por las dependencias y entidades de dicho poder.
Se supone que generalmente se opta por tomar como base el monto y la distribución presupuestal por sectores del, o de los años inmediatos anteriores y decidir si los importes se mantienen, se incrementan o se reducen en cierta medida, es decir que sería una decisión del tipo tendencial con algunas adecuaciones que dependen de un gran número de factores no fácilmente identificables ni cuantificables, pero finalmente se le asigna a cada dependencia o entidad un presupuesto al cual tienen que ajustar sus programas y carteras de proyectos, suponiendo que cuentan con ellos, los cuales se deberían derivar de planes y programas de desarrollo de la infraestructura para cada sector y dentro de ellos para todas las regiones del país, de los cuales carecemos en gran medida.
Desde hace más de 40 años que, en México, no contamos con planes de desarrollo sectoriales y regionales de la infraestructura, con la excepción del sector eléctrico, de los cuales pudieran derivarse amplias carteras de proyectos, a partir de las cuales se puedan seleccionar las obras de infraestructura que mayor beneficio social y económico produzcan para los mexicanos.
Para que nuestra infraestructura no continúe rezagándose como ha venido ocurriendo durante varios lustros, por la falta de planeación, nuestros gobiernos se han visto obligados a desarrollar aquellas obras que cuentan con una ingeniería razonablemente suficiente aunque no sean las más necesarias, viéndose obligados a improvisar proyectos que no obedecen a planes y programas por su inexistencia, esperando, no siempre con buen fundamento, lograr un cierto desarrollo, sin que se analice detenidamente su rentabilidad social y también económica, por lo que resulta en ocasiones que conducen a infraestructura fallida y frecuentemente apoyada en subsidios federales para su operación, conservación y mantenimiento.
Durante varios años la inversión en infraestructura en México ha crecido anualmente a un ritmo no mayor del 2% del PIB, en comparación con países latinoamericanos con economías menos robustas que crecen a tasas del 5% o mayores, lo cual se explica debido a que han complementado la inversión presupuestal con inversión en infraestructura 100% privada o con una mezcla de recursos financieros públicos y privados.
Es bien sabido que existe capital privado en México disponible para participar en el desarrollo de la infraestructura, complementando los presupuestos federales y de los gobiernos de los estados.
También es del dominio público, a nivel nacional e internacional, que para atraer esas inversiones es indispensable que se cuente con una estructura técnica, social, económica, financiera y jurídica que hagan atractiva financieramente y segura la aplicación de los capitales privados en proyectos de infraestructura de todo tipo.
Estos esquemas han funcionado razonablemente en México durante los últimos años, lográndose avances importantes en los sectores de transporte y energía, pero no se pueden considerar perfectos, por lo que algunas desviaciones que pudieran haberse presentado, es factible y relativamente sencillo corregirlas, sobre todo desde el punto de vista social, financiero y jurídico, entendiéndose que todo proyecto está sujeto a la ocurrencia de algún tipo de riesgos. La distribución o asunción de estos riesgos no son iguales para todo tipo de proyectos, por lo que una parte importante de las adecuaciones a la legislación vigente no pueden ser aplicables a todos, pero es factible que la normatividad que se considera conveniente modificar tome en cuenta los puntos de vista de todos los actores involucrados en una forma inteligente, equilibrada y justa.
Se considera que no es necesaria una legislación del tipo “borrón y cuenta nueva”, sino que sería mucho más conveniente e inteligente incorporar una serie de adecuaciones a la legislación actual considerando los puntos de vista antes mencionados, como los procesos que se están desarrollando a nivel internacional, varios en países de América Latina similares al nuestro y que están logrando avances muy importantes que han llevado a sus infraestructuras a alcanzar inversiones del orden del 5% anual del Producto Interno Bruto, con lo que están elevando el nivel de vida de sus connacionales.