Por: Dr. Juan Carlos Tejeda González
Coordinador del Comité de Medio Ambiente y Sustentabilidad
Colegio de Ingenieros Civiles de México, A. C.
En la anterior columna de este Comité se mencionó que el Desarrollo Sostenible podría considerarse un gran mito y el caso del nuevo Puerto de Manzanillo terminó por darnos la razón: no es posible alcanzar el desarrollo socioeconómico sin el aprovechamiento y subsecuente afectación de ciertos grupos sociales y en gran medida de los recursos naturales.
La ampliación del nuevo Puerto de Manzanillo es una necesidad con carácter de urgente: la presión que ejercen las condiciones del puerto actual hace necesario iniciar las obras para tratar de desahogar dicha presión en un horizonte, siendo optimistas, de al menos 5 años, que es cuando se espera tener capacidad operativa con las primeras terminales, sus vías de comunicación y logística portuaria necesaria. Sin embargo, todo este desarrollo portuario se ve enfrentado con el proceso que se requiere para obtener la autorización en materia de impacto ambiental del megaproyecto.
Se aprecia un cambio favorable de criterio en el gobierno federal, particularmente en la SEMARNAT. Atrás quedaron los megaproyectos que se desarrollaron sin los estudios de impacto ambiental necesarios o adecuados: Dos Bocas, AIFA, el Tren Maya, más algunos otros autorizados durante la administración pasada por el conocido decreto presidencial de exención de presentación de la manifestación de impacto ambiental (MIA). El impacto de este criterio ha provocado una falta de certeza jurídica a la luz de escenarios similares. Sin embargo, todavía existen en la actualidad proyectos de infraestructura en desarrollo que no tienen todos sus permisos ambientales en orden, y nadie habla de ellos, ni hay quejas, tan sólo falta ver los términos de referencia de proyectos de la CONAGUA o relacionados al desarrollo de ferrocarriles, para darse una idea.
La SEMARNAT solicitó hacer una MIA de todas las etapas del megaproyecto del puerto, algo que sin duda es imposible de realizar en el contexto actual del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) en México, ya que se tenía la costumbre de hacer MIAs parciales o de cada etapa, para el caso de megaproyectos, siendo el argumento más usual que esos proyectos se repartían en múltiples responsables, y cada constructor terminaba haciendo una MIA de la parte del proyecto que le correspondía. Lo anterior limitaba la capacidad de evaluar correcta e integralmente los impactos acumulativos, sinérgicos y residuales del conjunto de MIAs.
En la MIA del nuevo Puerto, un error metodológico importante es no haber considerado la MIA Regional de la Terminal de Gas Natural Licuado de Manzanillo (TGNLM), en donde ya se tenía definido un Sistema Ambiental (SA) que, si se compara con el SA que se sometió en la MIA del nuevo Puerto, resulta que es más pequeño el SA más reciente, que el establecido en el proyecto de 2006. Y si seguimos con este tema del SA, otro error metodológico grave es considerar una superficie muy pequeña (los 4 vasos de la Laguna de Cuyutlán) para el mismo, sin tomar en cuenta la zona urbana de Manzanillo, los sitios para disposición de residuos urbanos o de manejo especial, los sitios para la obtención de material de relleno para las obras o los sitios de tiro del material de dragado, que están varios kilómetros mar adentro. Esta situación es preocupante tanto en la elaboración de la MIA, como en el análisis de la autoridad que no hizo observación alguna de esto.
Ahora bien, si se quiere hacer una MIA general del nuevo Puerto de Manzanillo, considerando todas sus etapas, el primer error tanto del promovente del proyecto como de la autoridad es la selección de la modalidad de la MIA. En los registros consta que fue una MIA Regional – A (sin actividad altamente riesgosa), por lo tanto, sin Estudio de Riesgo Ambiental (ERA); sin embargo, si se consideran todas las etapas del proyecto, tendría que haberse ingresado una MIA Regional – B (con actividad altamente riesgosa), ya que por la ubicación de las instalaciones de PEMEX en el nuevo Puerto, más las sustancias químicas que se utilizarán en todas las instalaciones del Puerto (terminales), cumpliría con los requisitos para aplicar esta modalidad. De esto nadie, ni sociedad civil ni autoridad ambiental señaló nada, ni el promovente lo consideró en la MIA considerando todas las etapas.
Otro grave problema es la declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) de los Vasos 3 y 4 de la Laguna de Cuyutlán, ya que dicho decreto todavía no ha sido publicado. Si el decreto se expide antes de que se ingrese cualquier otra MIA, se podrán hacer los ajustes pertinentes de medidas de prevención, mitigación y compensación en los estudios ambientales; sin embargo, si el decreto de la ANP se publica después de que se ingrese cualquier MIA, esto representará que las MIAs no incluirán al ANP durante el proceso de evaluación, por lo que los estudios quedarán cortos en el establecimiento de las medidas pertinentes de prevención, mitigación y compensación de impactos, ya que no es lo mismo afectar un área de valor ambiental, que afectar una ANP.
Por último, es necesario que los promoventes en México se quiten el miedo de consultar con las comunidades que serán afectadas por cualquier proyecto y también las comunidades en todo el país deben de estar conscientes de que habrá proyectos de utilidad pública e interés social que muy probablemente los afectarán, y que más que tratar de detenerlos, el objetivo es negociar las mejores condiciones para satisfacer sus necesidades a la luz del desarrollo de estos proyectos. Pero en México todavía no somos lo suficientemente maduros para escuchar a los afectados, ni para reconocer que hay proyectos que se tienen que desarrollar, a pesar del perjuicio personal que pueda significar a un grupo o grupos de afectados.
Este caso debe llevar a la SEMARNAT a elevar los estándares para que no cualquier persona u organización pueda hacer estudios de impacto ambiental, sin antes demostrar las competencias necesarias para ello y también para que quienes evalúan los estudios de impacto ambiental conozcan la normativa ambiental vigente, y tengan los mismos conocimientos técnicos que les exigen a quienes elaboran las MIAs, así como lograr que la ciudadanía tenga una participación responsable en las consultas públicas de los proyectos. Cualquier desviación a esto seguirá acrecentando la gran brecha que existe en el país respecto a la Evaluación de Impacto Ambiental, y seguirá frenando el desarrollo de la infraestructura necesaria para atender las necesidades socioeconómicas que requiere el país.
Desde el Colegio de Ingenieros Civiles de México seguiremos trabajando para el fortalecimiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en México, convencidos de que con la participación de todos los actores se pueden alcanzar acuerdos que beneficien a todos los grupos sociales, se maximicen los beneficios económicos y se conserve lo más posible a los ecosistemas.