Por Angélica Lozano
En México las áreas urbanas se expanden sin orden, dificultando el acceso de los habitantes a los bienes y servicios que requieren. La Ley general de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, en su Artículo 11 establece que “Corresponde a los municipios, formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano (PDU) de Centros de Población”, pero esta Ley no se cumple cabalmente en la práctica.
Pocos municipios disponen de PDU para sus áreas urbanas; de éstos, gran cantidad no está bien elaborado debido a múltiples razones, tales como uso de información deficiente, falta de análisis de impactos, no involucramiento de todos los interesados, influencia de presiones externas y opiniones de quienes trabajan en el gobierno, muchos de los cuales carecen de preparación adecuada, entre otras.
En cuestión de movilidad de personas y carga, no se invierte en obtener información integral sobre el desempeño del sistema de transporte, lo cual debería ser indispensable para un PDU y en general para cualquier obra de infraestructura vial y de servicios de transporte de pasajeros o carga. Muchos municipios ven la obtención de información como un gasto; pero sin información adecuada no es posible realizar análisis integrales y de impacto, resultando en que las propuestas de solución no cubren las necesidades de los pasajeros ni de la carga. Cuando algún municipio tiene información, pocas veces la utiliza debido a que el personal está poco capacitado para realizar o revisar análisis; lamentablemente, la inversión en personal capacitado es visto también como un gasto.
Además, los PDU comúnmente reflejan intereses económicos e intereses de los gobiernos; en los PDU influyen presiones externas y opiniones de quienes trabajan en áreas relacionadas al transporte y la movilidad en el gobierno, pero estas personas podrían no tener la formación adecuada para darse cuenta de que el sistema de transporte es dinámico y multidimensional.
Las consultas públicas de los PDU generalmente son hechas con el objetivo de cumplir, sin esforzarse en considerar a todos los involucrados en la problemática, dejando fuera necesidades y opiniones de actores relevantes.
Otro problema frecuente en los PDU es la falta de evaluación continua de indicadores de sostenibilidad, que contemplen aspectos sociales, económicos y ambientales, y las combinaciones de éstos. Si los indicadores no son medidos, no es posible saber si lo que se planificó realmente está dando resultado. Hay varias razones por las que los indicadores no son medidos, una es que se requiere obtener información continuamente; otra es que los encargados de la evaluación no están suficientemente capacitados para saber qué pedir y cómo; y otra es que el gobierno no desea que se pruebe que algo no está funcionando, cuando esto pudiera más bien ser una ventaja para corregir y mejorar.
Por ejemplo, se debería medir continuamente cómo van cambiando los tiempos de recorrido de las personas y de la carga en las áreas urbanas, para así saber si las acciones en movilidad están teniendo éxito. Los tiempos y costos de recorrido se han ido incrementando, principalmente en las áreas urbanas más grandes, donde cada vez hay más periodos “pico” y éstos son más largos; en esos periodos hay demoras cada vez más prolongadas, tanto en la red vial como en el transporte público. Esto afecta al medio ambiente e impacta negativamente la calidad de vida de la población, lamentablemente, aunque la población lo sufre y lo paga, no hay datos oficiales. Para agravar la situación, frecuentemente los PDU no se cumplen o son modificados por los intereses antes mencionados.
La expansión urbana desordenada hace que la gente con menos recursos habite donde el suelo es más barato, que es precisamente donde no hay infraestructura urbana ni servicios de transporte, entre otros. Esa población se ve obligada a hacer grandes recorridos para acceder a los bienes y servicios que necesita, que no existen en su zona. Las personas más pobres en esas zonas viajan en transporte público irregular o, en el mejor de los casos, en transporte público de pésima calidad; otros viajan en motocicleta, y cuando pueden, en auto particular.
Un estudio del Grupo de Investigación en Ingeniería de Transporte y Logística, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, sobre la Zona Metropolitana del Valle de México, revela desigualdades muy grandes en el transporte público entre la población que habita en la zona interna del Circuito Interior, y aquella que habita en la zona al exterior del Periférico, con enormes diferencias en costos y tiempos de recorrido.
Generalmente el mejor transporte público está en las zonas centrales (o zonas turísticas) y la calidad de éste decrece conforme se acerca a las periferias, donde los habitantes se ven obligados a hacer recorridos más tardados y costosos para realizar sus actividades socioeconómicas. Estos habitantes viven en zonas sin lo necesario para que éstos puedan realizar sus actividades socioeconómicas sin desplazarse mucho y sin la infraestructura vial y de los servicios de transporte requeridos.
La falta de ordenamiento territorial también impacta negativamente a la logística de distribución urbana, lo cual hace que los precios de los productos se incrementen, lo que todos pagamos sin darnos cuenta.
Por lo tanto, puede asegurarse que la deficiencia en la planeación incrementa las desigualdades entre la población, afectando más a los más pobres; la población sufre esta desigualdad y paga con creces por las deficiencias en la planeación; soporta el empeoramiento de sus condiciones de vida, estando inmersa en “sobrevivir” el día a día. La planeación urbana llevada a la práctica, con objetivos sostenibles más allá de un sexenio, es responsabilidad de todos los órdenes de gobierno.
Integrante del Comité de Desarrollo Urbano y Turismo
Coordinadora del Subcomité de Movilidad Urbana
del Comité de Infraestructura del Transporte
Colegio de Ingenieros Civiles de México, A. C.
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