Por Ana Bertha Haro Sánchez
Integrante del Comité de Normatividad y Enlace Legislativo del CICM
En las últimas décadas, el crecimiento de las ciudades mexicanas no ha sido únicamente el resultado de decisiones demográficas o del dinamismo económico. Ha sido, sobre todo, consecuencia de decisiones técnicas y políticas que se materializan en calles, carreteras, redes de agua, drenaje y sistemas de transporte. Allí donde aparece una obra de infraestructura, aparece también la ciudad. Por ello, hablar de ingeniería civil es hablar, inevitablemente, de política urbana.
Antes de analizar su papel en la expansión de las nuevas urbes, conviene partir de tres conceptos clave que hoy estructuran el debate urbano: periurbanidad, periruralidad y centro–periferia.
La periurbanidad se refiere a los espacios de transición entre la ciudad consolidada y el campo. Son territorios donde conviven usos urbanos y rurales, desarrollos habitacionales recientes, vialidades nuevas y actividades agrícolas en retroceso. No son plenamente ciudad ni plenamente campo, pero concentran buena parte del crecimiento urbano contemporáneo.
La periruralidad, por su parte, describe zonas rurales que, sin perder del todo su identidad, se encuentran funcionalmente integradas a la ciudad. Sus habitantes dependen del entorno urbano para empleo, servicios o comercio, mientras mantienen prácticas rurales adaptadas a esta nueva cercanía.
Finalmente, el modelo centro–periferia explica cómo las ciudades concentran infraestructura, servicios y oportunidades en ciertos núcleos, mientras relegan a las periferias a una condición de dependencia, desigualdad y movilidad forzada.
Estos conceptos no son abstracciones académicas: son el marco real donde hoy se decide el futuro de nuestras ciudades. Y en todos ellos, la ingeniería civil juega un papel determinante.
La ingeniería civil suele percibirse como una disciplina técnica, neutral, dedicada al cálculo estructural o a la ejecución de obras. Sin embargo, en la práctica, es uno de los principales motores de la urbanización. Una carretera no solo conecta puntos: redefine el valor del suelo, induce nuevos asentamientos y transforma dinámicas sociales. Una red de agua potable no solo abastece: habilita la urbanización formal. Un sistema de drenaje convierte suelo rural en suelo urbano.
En este contexto, las políticas de vivienda impulsadas por el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, adquieren una relevancia central. La apuesta por ampliar el acceso a la vivienda social y vincular la vivienda con servicios, movilidad y equipamiento urbano parte de una premisa correcta: la vivienda no puede seguir produciéndose aislada de la ciudad.
No obstante, estas políticas solo podrán traducirse en ciudades más justas si van acompañadas de infraestructura adecuada y planeación territorial efectiva. De lo contrario, el riesgo es repetir errores del pasado: grandes conjuntos habitacionales en zonas periurbanas o periféricas, bien intencionados en lo social, pero desconectados en lo urbano. Aquí, nuevamente, la ingeniería civil se convierte en el eslabón crítico entre el discurso de política pública y la realidad territorial.
En las zonas periurbanas, la ingeniería civil suele ser la punta de lanza de la expansión urbana. Primero llega la vialidad, luego los servicios básicos y, finalmente, los desarrollos habitacionales. Este proceso, cuando no está guiado por una política urbana clara, produce ciudades dispersas, fragmentadas y costosas de mantener. Cuando se planifica con visión metropolitana, puede ordenar el crecimiento, reducir riesgos y mejorar la calidad de vida.
En los espacios perirurales, la intervención de la ingeniería civil tiene un carácter distinto. Aquí, su función no debería ser urbanizar el territorio, sino integrarlo funcionalmente sin destruir su base social y productiva. Caminos rurales bien diseñados, sistemas de agua comunitarios y obras de saneamiento adecuadas pueden mejorar la vida rural sin forzar su desaparición.
El mayor desafío aparece en la relación centro–periferia. Durante décadas, la infraestructura ha servido para conectar periferias como zonas dormitorio, sin resolver el acceso equitativo a empleo, servicios y equipamiento urbano. Carreteras que acercan, pero no integran; transporte que mueve personas, pero no oportunidades. En este esquema, la ingeniería civil ha terminado reforzando la desigualdad territorial.
Por ello, resulta indispensable alinear la política urbana con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el ODS 11, que promueve ciudades inclusivas, seguras y sostenibles. Estos objetivos solo pueden materializarse mediante infraestructura pensada desde la equidad territorial, la sostenibilidad ambiental y el derecho a la ciudad.
En este escenario, también es necesario repensar la forma en que se realizan las inversiones inmobiliarias. Aprovecharlas de manera responsable implica dejar atrás la lógica de la especulación de corto plazo y apostar por proyectos alineados con la planeación urbana, la infraestructura existente o proyectada y las políticas públicas de vivienda y movilidad. Invertir donde ya hay —o habrá— infraestructura bien planificada no solo reduce riesgos financieros, sino que contribuye a ciudades más ordenadas y sostenibles.
Las inversiones inmobiliarias con mayor potencial a mediano y largo plazo serán aquellas que comprendan que el valor del suelo no depende solo del mercado, sino de su integración territorial: cercanía a transporte público, acceso a servicios, conectividad vial, infraestructura hidráulica y equipamiento urbano. En otras palabras, invertir con visión urbana es invertir con responsabilidad social.
En el contexto de las nuevas ciudades —desarrollos habitacionales masivos, polos urbanos emergentes y expansiones metropolitanas— la ingeniería civil enfrenta una responsabilidad histórica. Ya no basta con construir rápido o barato. Hoy se requiere construir con visión territorial, entendiendo que cada obra define el tipo de ciudad que habitaremos durante décadas.
La política urbana no puede diseñarse al margen de la ingeniería civil, ni esta ejecutarse sin un marco claro de planeación. Cuando ambas se articulan, la infraestructura se convierte en un instrumento de equidad y orden urbano. Cuando se separan, el resultado es fragmentación y desigualdad.
En tiempos donde las ciudades crecen más rápido que su capacidad de gestión, conviene recordar una verdad incómoda pero evidente: la ciudad no empieza con las casas, empieza con las obras de infraestructura. Y allí donde llega la obra, llega también la responsabilidad —pública y privada— de decidir qué ciudad queremos construir.