Por: Ing. Rafael Guerrero Flores

En días pasados se llevó a cabo el Segundo Foro del Agua con la convocatoria por parte del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Dentro de sus sesiones se abordó con la participación de destacados especialistas en la materia el tema de la planeación y su vinculación con el financiamiento, cuestión que da pie a este artículo.

Como primer punto es importante destacar que la planeación es la habilidad de ver con anticipación la consecuencia de las acciones actuales, del hacer y del no hacer; es proyectar un futuro deseado, pero sin perder de vista los medios para poder conseguirlo. Es la herramienta que permite hacer posible lo deseable.

En México, nuestra legislación contempla desde el ámbito más alto, el de la Constitución Política, que deberá existir una planeación democrática y que se deberán recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas a los programas de desarrollo. La política hídrica a lo largo de las administraciones sexenales ha establecido de manera recurrente y reiterativa objetivos como el fortalecimiento de la gestión integrada, sustentable y eficiente del agua tanto para uso público urbano como para riego agrícola. No es la excepción la actual administración que establece en el Programa Nacional Hídrico como objetivos prioritarios el garantizar progresivamente los derechos humanos al agua y al saneamiento, aprovechar eficientemente el agua para contribuir al desarrollo sostenible, preservar la integralidad del ciclo del agua y mejorar las condiciones para la gobernanza del agua con estrategias enfocadas a (i) abatir el rezago en el acceso al agua potable, (ii) fortalecer a los organismos operadores, y (iii) aprovechar eficientemente el agua en el sector agrícola.

Esta visión se desarticula en la medida que vamos permeando en los tres ámbitos de gobierno, y la mayoría de las veces no existen los mecanismos para poder cumplir y hacer valer lo que se establece en los documentos rectores de cada administración, ya que la prestación de los servicios queda en el ámbito municipal de conformidad con el Artículo 115 constitucional, o bien en el caso del sector agrícola la administración del recurso hídrico está a cargo de los propios agricultores.

Haciendo un repaso de la problemática que caracteriza al tema del agua a nivel nacional tenemos que en lo referente al subsector agua potable en nuestro país se invierte solo el 0.02% del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo de las recomendaciones internacionales de destinar cuando menos el 0.3% del propio PIB a infraestructura y mantenimiento o sea treinta veces más; los subsidios provenientes del gobierno federal han disminuido considerablemente de 2017 a la fecha; el costo estimado de producción por metro cúbico (1,000 litros) es de 19 pesos, la tarifa promedio es de 14 pesos por metro cúbico y el cobro real a los usuarios es de 4 pesos por metro cúbico; la eficiencia física promedio (volumen facturado/volumen producido) en el país es del 50%, la eficiencia comercial (monto cobrado/monto facturado) del 60% y por lo tanto la eficiencia global del 30%, lo que nos dice que de cada 100 litros producidos solo se cobran 30; y por la falta de recursos económicos solamente el 14% de los usuarios reciben servicio de forma continua las 24 horas del día.

En lo que respecta al subsector hidroagrícola, destacan la falta de inversión para la modernización y mantenimiento de los distritos de riego, la baja eficiencia en los sistemas de riego la cual es de alrededor del 50% y la falta de vinculación con las prioridades nacionales. Resalta el hecho de que la agricultura consume el 76% del volumen concesionado en el país y la mitad de ese volumen no se aprovecha de manera eficiente.

En ambos subsectores, agua potable y riego, la agenda política juega un papel preponderante colocándose muchas veces por encima del interés público, del bien común y distanciándolo de las prioridades y alineaciones estratégicas en materia de planeación e inversiones.

En este orden de ideas, destacan los siguientes puntos a tomar en cuenta para alcanzar la sostenibilidad financiera en el sector agua: (i) es necesario ligar los planes a los presupuestos ya que de nada sirve tener necesidades detectadas y programas de inversión si no se va a tener una estrategia para poder financiarlos y para construir los proyectos en tiempo y forma. La planeación forzosamente debe de ir aparejada a los mecanismos de financiamiento que permitan hacerla factible; (ii) se tiene el gran reto de como lograr altos niveles de eficiencia a fin de hacer sostenibles a los organismos operadores; la autosuficiencia es indispensable para poder avanzar en la construcción, rehabilitación y el mantenimiento de la infraestructura necesaria para prestar los servicios; (iii) ante este escenario es evidente que el agua no representa una prioridad nacional; (iv) es necesario retomar el tema de la planeación, ya que la percepción de los expertos es que no existe; (v) el criterio internacional relacionado con la accesibilidad económica a los servicios de agua indica como aceptable una tarifa que represente el 3% de los ingresos familiares como pago mensual por el servicio, sin embargo, las tarifas establecidas en México se encuentran por debajo de ese criterio sin reflejar el costo real por la prestación de los servicios repercutiendo en la insolvencia de los organismos operadores y por ende en la mala calidad de los servicios; (vi) el derecho humano al agua no implica la gratuidad del servicio y debe de llevar consigo agua suficiente, con calidad y con accesibilidad.

En conclusión, resulta fundamental sacar al sector del agua del círculo vicioso en el que se vive; ante la escasez de recursos la planeación representa una herramienta importante ya que se debe invertir en proyectos que reporten mayor beneficio-costo. Las crecientes limitaciones presupuestarias obligan a explotar y hacer uso de esquemas novedosos que funjan como fuente complementaria de recursos, así como encontrar nuevas fórmulas que permitan hacer frente a las necesidades de desarrollo en el país.

Las aportaciones realizadas en el Foro estuvieron a cargo del ingeniero Ramón Aguirre Díaz y de los licenciados Kamel Athié Flores y Abelardo Arroyo Rincón. Agradezco la colaboración de los ingenieros Oscar Vega Roldán y Luis Robledo Cabello en la elaboración de este artículo.

Miembro del Comité del Agua Colegio de Ingenieros Civiles de México.

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