Ante la crisis sanitaria y económica producida por la pandemia de COVID-19, la mayoría de los países han buscado reactivar su economía acelerando sus inversiones en proyectos de infraestructura pública. El gobierno canadiense, por ejemplo, anunció un aumento de 180 millones de dólares para proyectos de transporte como medida post COVID-19. Se espera que esta estrategia tenga consecuencias económicas positivas a corto y medio plazo: reactivar los mercados y generar oportunidades de empleo. Las soluciones económicas no pueden verse de forma aislada. Requieren un pensamiento más global, un pensamiento que integre dimensiones sociales, ambientales y tecnológicas. Por ejemplo, la inversión en infraestructura pública puede generar beneficios a largo plazo para la sociedad y el medio ambiente.
Después de algunos años de trabajo como consultor y experto en dirección de proyectos para el gobierno de Quebec y de Canadá, estoy convencidos de que es posible. Pero ¿dónde se deben buscar los ahorros de tiempo?
Los grandes proyectos de infraestructura están sujetos a políticas y directivas que definen los parámetros de realización de estos. Las directivas son el resultado de un fuerte movimiento internacional a favor de mejorar el desempeño de los proyectos de infraestructura. Recordemos los extraordinarios sobrecostos de ciertos proyectos, un caso clásico es la construcción de la Estela de luz, la línea dorada del metro de la Ciudad de México y más recientemente el tren interurbano México Toluca.
Lo más importante, es la calidad de los proyectos. La aceleración de estos no debería llevarnos a un nuevo “socavón" como en el paso Express de Cuernavaca en 2017. Por lo tanto, la preparación de estos proyectos juega un papel crucial en la calidad y sostenibilidad de la infraestructura, en los beneficios e impactos económicos, ambientales o sociales que producen, y en el cumplimiento de costos y plazos de la infraestructura. Algo que no debe tomarse a la ligera.
Entonces, surge la pregunta: ¿cómo acelerar la preparación e implementación de proyectos sin afectar la calidad de la infraestructura, respetando las limitaciones de tiempo y presupuesto? Especialmente en un contexto donde hay escasez de mano de obra. A continuación, presento cuatro propuestas que se pueden hacer en el corto plazo con el fin de aligerar y acelerar los proyectos públicos:
Según la OCDE, los proyectos que tienen más probabilidades de brindar el estímulo económico requerido son los que ya están en modo de preparación, con una planificación aprobada y con las autorizaciones ambientales y sociales finalizadas, aquellos proyectos que sólo requieren la autorización de financiamiento. Los proyectos de mantenimiento de infraestructura actuales pueden ser igualmente buenas opciones. Los intentos de eludir los procesos de consulta y aprobación para proyectos menos avanzados pueden ser contraproducentes, lo que genera desafíos legales y demoras prolongadas. La masa de inversión crítica necesaria para la activación de la economía debe lograrse mediante un gran volumen de proyectos de pequeña escala que puedan iniciarse pronto, incluidos los proyectos de mantenimiento. Por último, la selección de proyectos debe tener en cuenta las prioridades políticas a largo plazo, especialmente en lo que respecta a la equidad social, la descarbonización y la resiliencia de los sistemas de transporte.
La crisis del COVID-19 ha demostrado claramente la rapidez con la que los gobiernos pueden actuar cuando lo necesitan; pero no debe hacerse a cualquier precio.