La presidenta Claudia Sheinbaum está por vivir un nuevo episodio problemático en su gobierno, culpa de las herencias de Andrés Manuel López Obrador. La extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones, uno de los órganos autónomos víctima de la falsa austeridad, es la razón.
Como parte del proceso de desaparición de esa oficina, 117 trabajadores se quedaron sin indemnización a la mala. En la nueva ley, un artículo transitorio señala que el beneficio sería para todos los que tuvieran “estabilidad laboral” y que el dinero saldría del fideicomiso de infraestructura y equipamiento, que ascendía a mil 700 millones de pesos. Sin embargo, el pleno del IFT sesionó y determinó que solo sería para los que entraron por la “vía de concurso" y no a los “de libre designación".
En la práctica no existía diferencia alguna entre funcionarios, tan es así que ambos grupos eran acreedores a incentivos como días económicos, vacaciones o bonos. Cuando esos casi 120 trabajadores habían logrado explicar el argumento, el senador de Morena, Javier Corral, presentó una reserva a la iniciativa que marcó diferencias entre el personal. Su tesis era que la ley de la Administración Pública lo señalaba y en efecto era así, pero el IFT era un órgano autónomo.
Cuando el asunto se volvió a trabar, los trabajadores afectados consiguieron una reunión con José Antonio Peña Merino, mejor conocido como Pepe Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Él les prometió que no era su intención violar los derechos de nadie y les asignó como encargada de seguimiento a su mano derecha: Norma Solano, nueva cabeza de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, sustituta del IFT. En reuniones posteriores ella les reconoció sus derechos, pero a las pocas semanas comenzó a darles largas.
El 3 de noviembre pasado y aprovechando que Solano estaba en Palacio Nacional con la Presidenta, los trabajadores afectados cerraron la avenida Insurgentes y la presión funcionó. Horas después, Solano les dijo que las secretarías de Hacienda y Anticorrupción ya le habían autorizado el pago y que estaría listo en menos de 15 días. Luego, la versión cambió a seis semanas bajo la idea de que, al ser una institución nueva, necesitaban tramitar RFC y cuentas bancarias, entre otros.
Pasado ese lapso, en una nueva reunión la autoridad le anunció a los trabajadores que no iba a pagarles porque exigían una doble indemnización y ya habían renunciado al puesto, acusaciones completamente ilógicas. El argumento central era que habían firmado una hoja de aviso de cambio de situación institucional para hacer el retiro de seguros de ahorro, pero eso mismo sucedió con los que sí recibieron la indemnización.
En medio de las reuniones que según los afectados solo fueron un engaño, varios grabaron las conversaciones con la enviada de Merino. Ahí están sus promesas y dichos, mientras los exfuncionarios afectados se alistan para endurecer la protesta con Palacio Nacional en la mira.
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