Una enfermedad erradicada no regresa por sí misma. El brote de sarampión que enfrenta actualmente nuestro país tiene causas identificables y responsables concretos. Lamentablemente, en lugar de ser motivo de acción colectiva, se ha convertido en arma de golpeteo político.
En 2016, la Organización Mundial de la Salud nos reconoció como un país libre de sarampión endémico, un logro que tomó décadas de esfuerzo sistemático. Hoy las cifras ilustran la gravedad de la crisis: más de 9,800 casos confirmados, 31 muertes, brotes activos en ocho estados. México es hoy el país con mayor número de contagios en América.
Entonces, ¿qué pasó? Durante el sexenio pasado, la cobertura de vacunación cayó 30 puntos porcentuales: de 99% en 2018 a 69% en 2024. En la primera mitad de la administración, por ejemplo, seis millones de niños no recibieron sus vacunas porque el gobierno no las compró a tiempo o no las compró del todo. Se canceló la Semana Nacional de Salud, que había funcionado por más de dos décadas. En 2022 y 2023, el presupuesto aprobado para vacunación se ejerció apenas en un 25 y 21%, respectivamente. Todos estos datos han sido confirmados por las propias autoridades mexicanas y organismos internacionales.
Es necesario reconocer esa responsabilidad, pero sería un error convertirla en el principal horizonte de debate.
Recientemente, el Ejecutivo Federal presentó gráficas orientadas a señalar culpables en administraciones anteriores a 2018. Desde las oposiciones, los señalamientos apuntan en dirección contraria. Mientras tanto, los niños siguen enfermando, o peor aún, perdiendo la vida.
Es moralmente cuestionable utilizar una emergencia sanitaria para golpear políticamente a los adversarios; pero, ante todo, es una distracción que consume los recursos institucionales que deberían estar completamente orientados a vacunar a cada vez más personas en todo el país.
El desafío es más complejo de lo que la propaganda partidista está dispuesta a reconocer. El sarampión también está regresando en otros países: Europa registró más de 151,000 casos en 2024 y Canadá perdió su estatus de país libre de la enfermedad en 2025. México no es un caso aislado, sino parte de una tendencia global que hace aún más urgente reconstruir nuestras capacidades institucionales de salud.
Además, se suman fenómenos que no estaban en manos de ningún gobierno: especialistas argumentan que la inmunidad de generaciones vacunadas hace décadas se ha debilitado con el tiempo, precisamente porque el virus dejó de circular y desapareció el refuerzo natural que mantenía activa la protección (El brote de sarampión: ¿culpa de quién?). Al mismo tiempo, crecen señales de erosión en la confianza pública hacia las vacunas. Ambos fenómenos exigen estrategias de largo plazo diseñadas con criterios técnicos.
Durante décadas, México tuvo uno de los sistemas de vacunación más eficaces del mundo: brigadas casa por casa, registros infantiles sistemáticos, semanas nacionales de salud, coordinación entre órdenes de gobierno. Ese sistema permitió erradicar enfermedades que otros países aún combaten.
Reconstruirlo es una responsabilidad histórica que exige visión de Estado, con participación de todos los órdenes de gobierno, el sector privado y la sociedad civil; pero, ante todo, una estrategia sólida que nos permita superar el brote actual y sea capaz de prevenir nuevas emergencias en los próximos años.
México ya construyó un sistema de vacunación ejemplar en el mundo y puede hacerlo de nuevo. Es un asunto de interés nacional que exige voluntad política, esfuerzos sostenidos, legislación adecuada y presupuesto suficiente. Debería ser una prioridad. Lo inaceptable sería elegir la disputa estéril mientras el sarampión sigue avanzando. Ninguna enfermedad se erradica por sí misma.
Diputada federal