Hoy se cumplen 109 años de la promulgación de nuestra Constitución. Durante su vigencia, el pacto fundacional ha sido modificado en más de 200 ocasiones. No con tanta profundidad –y velocidad– como en los últimos años. En sólo 16 meses se han reformado 53 artículos, el sexenio pasado sumó 96.
Sin embargo, la magnitud de los cambios no radica en el número, sino en su contenido y alcances. La militarización de la Guardia Nacional anuló el civilismo del Estado mexicano. La desaparición de órganos autónomos sujetó decisiones técnicas a criterios políticos. La reforma a los poderes judiciales acabó con su independencia, experiencia y legitimidad. La prohibición de impugnar reformas constitucionales cerró la posibilidad de defender los principios más esenciales de la Norma Suprema ante las irreflexivas mayorías parlamentarias. La prisión preventiva oficiosa, que debe ser una excepción, se ha generalizado.
Muchas de estas decisiones han alterado, poco a poco, equilibrios fundamentales de nuestro régimen político. El resultado es un texto constitucional que conserva su forma, pero se ha vaciado de contenido. Lo más grave: algunas disposiciones incluso están inspiradas por objetivos contrarios a las aspiraciones originales del Constituyente. Concentración del poder en lugar de división de poderes. Militarismo en lugar de civilismo. Subordinación antes que autonomía. Derechos reconocidos, pero con límites formales para su ejercicio.
En ese contexto, la propuesta para reducir la jornada laboral semanal a 40 horas, con dos días de descanso obligatorios, representa una clara excepción. Es una iniciativa que recupera plenamente el espíritu social de 1917. El mismo Carranza planteó ante el Constituyente de Querétaro que el Estado debía garantizar “la limitación del número de horas de trabajo” para que “el operario no agote sus energías y tenga tiempo para el descanso […] y para atender el cultivo de su espíritu”, una convicción que fue plasmada en el artículo 123.
¿El problema? La iniciativa presidencial y el proyecto de dictamen que se discutirá en el Senado en los próximos días. Su redacción actual evita establecer el derecho a dos días de descanso. En la práctica, permitiría mantener intacto el régimen vigente, haciendo irrelevante la supuesta reducción de la jornada semanal. Una reforma que no reforma nada.
Estamos a tiempo de corregir la redacción para garantizar explícitamente ese derecho. Ajustes mínimos de técnica legislativa que tendrían un impacto positivo en la vida de millones de personas. El Congreso Federal puede solventar fácilmente la insuficiencia, la pregunta es si las mayorías oficiales estarán dispuestas a hacerlo.
Hace 109 años, Carranza entendió que el descanso permite a los trabajadores “frecuentar el trato de sus vecinos, el que engendra simpatías y determina hábitos de cooperación para el logro de la obra común”. Una sociedad democrática requiere ciudadanos con tiempo para ser ciudadanos; personas que trabajen para satisfacer sus necesidades, pero que tengan la oportunidad de cultivar sus capacidades y participar en la vida pública. Sin tiempo propio no hay autonomía y sin autonomía no hay democracia posible.
La aprobación de las 40 horas es una oportunidad histórica. Corregir el dictamen no compensará los daños de las reformas obradoristas. No restablecerá la independencia judicial ni eliminará la posibilidad de ir a prisión sin juicio. Pero sí sería una muestra contundente de que la Constitución todavía sirve para defender nuestros derechos, no sólo para cancelarlos.
Nuestra Ley Fundamental estableció las bases para conquistar la justicia social. Más de un siglo después, sigue siendo una asignatura pendiente. Hoy el Congreso Federal tiene que decidir: o aprueba una simulación más o demuestra que aún existe voluntad política para legislar en serio.
En el 109° aniversario de la Constitución de Querétaro, podemos conmemorarla con discursos elegantes pero vacíos; o podemos honrarla con hechos puntuales, pero significativos. Seguir corrompiendo su legado o comenzar a reivindicarlo.
Diputada federal