La semana pasada se confirmó el primer caso de gusano barrenador del ganado (GBG) en Texas desde 1966. Días después, el USDA registró un caso más en Nuevo México. Nuestro país respondió con la suspensión de importaciones de ganado vivo desde ambos estados. En 18 meses, la plaga que México no pudo contener llegó al país que había cerrado su frontera para tratar de evitarla.
El SENASICA estima que hasta 800,000 cabezas de ganado ingresan ilegalmente desde Guatemala cada año. Presumiblemente, el GBG llegó a México en noviembre de 2024 a través de esa ruta. El ganado infectado entró por una frontera sur sin control efectivo y llegó a la frontera norte sin garantías sanitarias. No solo se quedó en el ganado: el país acumula más de 350 personas infectadas en 18 entidades federativas, con al menos dos defunciones.
La emergencia, que recién adquiere una dimensión binacional, no es casualidad. En los últimos años, nuestras capacidades institucionales de sanidad e inocuidad se debilitaron sistemáticamente. De acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario, el presupuesto del SENASICA se redujo casi 20% entre 2015 y 2025, mientras la actividad agrícola y ganadera crecía en la misma proporción.
En 2020, la SADER elaboró un estudio que proyectaba pérdidas de al menos 8 mil millones de pesos anuales en caso de un rebrote nacional del GBG y advertía sobre la fragilidad derivada del cierre de la planta de moscas estériles en Chiapas –la misma que había permitido erradicar la plaga en 1991. El gobierno no tomó ninguna medida.
Tres años después, el SENASICA admitió que su reducción presupuestal de más de 40% respecto a 2018 le impedía garantizar la prevención de nuevas plagas. Pero los recortes continuaron: el PEF 2026 asignó al organismo 5,086 millones de pesos, una reducción de 10.7% en términos reales frente al año pasado. Ese monto se aprobó en un momento en el que los casos activos se contaban por miles y el mercado estadounidense permanecía cerrado a las exportaciones mexicanas.
El impacto económico del GBG ha sido enorme: el Consejo Mexicano de la Carne estima que, desde el primer cierre fronterizo, se han acumulado pérdidas de 1,850 millones de dólares: 1.8 millones de cabezas que no pudieron cruzar. A eso se suman los costos sanitarios absorbidos directamente por los productores, que ascienden a casi 3,000 millones de pesos. Además, en el último año, el precio de la carne al consumidor subió 17% (GCMA).
Estados Unidos emitió señales de alerta desde finales de 2024, cuando la secretaria de Agricultura Brooke Rollins advirtió que las medidas mexicanas contra la plaga eran insuficientes. En abril de 2025, solicitó formalmente el despliegue de aviones contratados por el USDA para dispersar moscas estériles sobre zonas infectadas. La respuesta del entonces secretario de Agricultura fue que México “no se subordina”.
En agosto pasado, los gobiernos de ambos países firmaron un plan de acción binacional e iniciaron la construcción de Moscamed, una nueva planta de moscas estériles en Chiapas –con una inversión conjunta de 51 millones de dólares– que debería iniciar sus operaciones el próximo mes de julio. La plaga llegó antes a Texas y Nuevo México.
El sector agroalimentario llega a la revisión del T-MEC con una serie de tensiones bilaterales acumuladas: la derrota del gobierno mexicano en el panel sobre maíz transgénico, los aranceles al tomate sinaloense y la amenaza permanente de las cláusulas de estacionalidad en detrimento de nuestros productores. El GBG es un irritante más en el peor momento.
Hace tiempo que el gusano barrenador dejó de ser un problema exclusivo del sector agroalimentario; es una emergencia nacional de salud pública con cientos de personas afectadas, una crisis comercial que representa casi 2,000 millones de dólares y un caso más de negligencia institucional que llega a la mesa de revisión del T-MEC.
En el siglo XX, su erradicación tomó casi tres décadas. México y Estados Unidos logramos superar aquel brote gracias a la cooperación bilateral, con menos recursos científicos y tecnológicos de los que tenemos ahora. Se estima que esta vez podríamos hacerlo en 10 años menos.
Sin embargo, los desafíos para el gobierno mexicano son mucho más urgentes: garantizar presupuesto suficiente para el SENASICA, controlar el tráfico de ganado en la frontera sur y reconocer a tiempo sus insuficiencias para poder solventarlas. Sobre todo, dejar de producir condiciones para crisis evitables.
El GBG es una crisis “hecha en México”. No debemos permitir que se repita.
Diputada federal
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