El Golfo de México lleva más de un mes contaminado y todavía no sabemos, con certeza, de dónde viene el derrame, cuándo comenzó ni cuándo va a detenerse. Las afectaciones son diversas: redes de pesca llenas de chapopote, muerte de fauna marina, comunidades que se han quedado sin su principal fuente de subsistencia, e incluso algunas personas hospitalizadas por exposición a hidrocarburos.
Los precedentes similares ofrecen un panorama desalentador: en 1979, la explosión del pozo Ixtoc-I –el mayor derrame petrolero en la historia del país– liberó 560 millones de litros de crudo al mar y produjo un incendio que se extendió más de nueve meses. En 2010, Deepwater Horizon contaminó más de 2,000 kilómetros de costa durante 87 días. Ninguna marea negra se resuelve fácilmente, pero minimizar la realidad sólo retrasa cualquier solución posible.
Esta vez, organizaciones estiman que la contaminación supera 900 kilómetros de litoral en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, con 96 sitios afectados y 55 que permanecen sin atención. Más de 800 toneladas de residuos recogidos, sectores pesquero y turístico paralizados. Un mes después del primer reporte público, la fuga no está contenida y los afectados siguen esperando respuestas.
El gobierno desplegó un operativo con más de tres mil personas, estableció un grupo interdisciplinario para esclarecer el origen del derrame y anunció apoyos económicos para los pescadores. Son pasos necesarios, aunque tardíos.
Porque desde el primer momento, la prioridad gubernamental fue descartar una posible responsabilidad de PEMEX, aunque imágenes satelitales disponibles desde febrero muestran manchas significativas en la zona de Cantarell. Además, un buque especializado en reparación de ductos, al servicio de la empresa, estuvo detenido durante varios días sobre un oleoducto activo en esa misma área.
Así, lo que más llama la atención es que la respuesta institucional se haya concentrado más en gestionar los riesgos reputacionales en los medios de comunicación que en gestionar la emergencia en las áreas afectadas. El esfuerzo comunicacional fue inversamente proporcional al esfuerzo de contención, de limpieza y apoyo a las comunidades costeras.
En gran medida, son las organizaciones ambientalistas, agrupaciones pesqueras y algunos colectivos locales quienes mantienen el registro más riguroso de los sitios afectados. Han limpiado playas con sus propios medios cuando las autoridades no llegaban. Conocen su territorio, tienen presencia directa y podrían ser los aliados naturales del gobierno para atender la situación. Pero cuando el discurso oficial contradice lo que esos grupos viven todos los días, ese potencial se desperdicia.
Un derrame petrolero es un problema ambiental, pero también de salud pública, un golpe económico directo a miles de familias, un daño a la imagen de México en el mundo. Frente a un desastre así, el Estado debe articular una respuesta integral, transversal, en la que participen dependencias federales, gobiernos estatales, municipios, la sociedad civil. Las tareas son tan variadas como los impactos: limpieza con equipo adecuado, contención del petróleo derramado, atención médica inmediata y monitoreo de largo plazo para las personas expuestas, un plan de reactivación turística y económica con objetivos concretos.
Por supuesto, debe haber una investigación que permita identificar con certeza las causas; y, si fuera el caso, a los presuntos responsables. Si los hubo, deben enfrentar las consecuencias. Pero la prioridad inmediata debe ser resolver la crisis.
Una emergencia de esta magnitud se mide, ante todo, por la velocidad de la respuesta. Lo que ocurre en el Golfo de México es una prueba de la capacidad del gobierno para atender lo urgente sin perder de vista lo importante. En este caso, una prueba fallida.
Diputada federal
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