Después de más de dos años, México recuperó la categoría 1 en materia de seguridad aérea: la máxima calificación otorgada por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos. Gracias a ella, las aerolíneas mexicanas podrán operar con normalidad en ese país, inaugurar nuevas rutas o suscribir convenios con aerolíneas estadounidenses.
La degradación a la categoría 2 se produjo en mayo de 2021, cuando las autoridades estadounidenses determinaron que nuestro país no cumplía con los estándares mínimos de seguridad en distintas áreas. En el mundo, sólo una docena de países se encuentran evaluados con esa categoría, entre los que destacan Bangladesh, Pakistán, Rusia, Tailandia y Venezuela.
En ese contexto, el restablecimiento de la máxima calificación de la FAA es una excelente noticia para el sector del transporte aéreo nacional. No sólo garantiza la conectividad con nuestro principal socio estratégico, sino que ofrece la posibilidad de ampliarla con nuevos destinos, mayor frecuencia o una mejor oferta de vuelos en conexión.
Si bien esta clasificación compete, principalmente, a las autoridades de aviación civil, su recuperación es un verdadero logro de Estado, que exigió una serie de adecuaciones legales, orgánicas, reglamentarias y administrativas. En el Congreso Federal aprobamos una serie de reformas para actualizar la legislación en diversas materias, como la precisión de las funciones de la Agencia Federal de Aviación Civil o la creación del Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano.
Sin embargo, este logro institucional contrasta con el grave deterioro que enfrenta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a causa de una serie de decisiones gubernamentales que tienen como propósito alentar, a través de distintas medidas, el traslado de operaciones del AICM hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Durante la actual administración, el AICM ha enfrentado recortes presupuestales sin precedente. En 2021, por ejemplo, el aeropuerto ejerció 30% menos recursos que en 2018. Y en 2020, se registró un subejercicio de más del 50% del presupuesto aprobado. Los problemas de financiamiento se han traducido en malas condiciones para los usuarios: retrasos en vuelos, mayores tiempos de espera en pista y una evidente falta de mantenimiento en las instalaciones.
Si los recortes no fueran suficientemente graves, el Ejecutivo Federal procede a reducir el número de operaciones permitidas en el AICM. En 2022, se redujeron de 61 a 52 operaciones por hora. Y en agosto, se publicó un decreto para pasar de 52 a sólo 43, lo que será efectivo a partir de 2024. Una reducción de 30% en poco más de un año.
Finalmente, en febrero el gobierno prohibió –por decreto– las operaciones de carga en el AICM. El plazo para trasladarlas a otro aeropuerto concluyó el 1 de septiembre. Durante meses, las empresas que transitaron hacia el AIFA han tenido que cubrir costos adicionales por la falta de infraestructura para despachar la carga. Y la insuficiencia de personal aeroportuario ha provocado retrasos en las entregas.
En el mundo globalizado del siglo XXI, un aeropuerto es mucho más que un centro de operaciones: es una puerta abierta al exterior, un punto de conectividad global para pasajeros y mercancías, un detonador de crecimiento y desarrollo que puede contribuir a atraer inversiones y crear oportunidades.
El deterioro sistemático del principal aeropuerto de nuestro país puede tener graves consecuencias: para la industria, para los usuarios; pero, sobre todo, para el desarrollo nacional. Si México quiere aprovechar las oportunidades que se abren con la recuperación de la categoría 1, debe fortalecer su infraestructura estratégica como un interés de Estado, no seguir debilitándola con decisiones arbitrarias para satisfacer caprichos.
Claudia Ruiz Massieu
Senadora de la República
