A pesar de que el calendario marca el año 2026 y de que México ha consolidado un marco legal que prohíbe de forma absoluta el matrimonio antes de los 18 años, la realidad es que en los territorios más profundos del país se cuenta una historia distinta. El matrimonio infantil, lejos de desaparecer con las reformas al Código Civil Federal y las relativas a las entidades federativas, ha mutado hacia una forma de invisibilidad que desafía al Estado: las uniones tempranas informales.
El impedimento es total: ni dispensas ni el consentimiento de los padres que antes permitía a niñas de 14 años casarse bajo el amparo de la ley bastan, pero la prohibición encontró un escape: al no poderse registrar el vínculo ante el Registro Civil, cientos de adolescentes son entregadas o forzadas a cohabitar en uniones de hecho que no aparecen en las estadísticas de matrimonio, pero que mantienen intactos los efectos devastadores de esta práctica, como son la deserción escolar, el embarazo adolescente y la perpetuación de un ciclo de pobreza que se hereda generacionalmente.
El mapa del problema sigue concentrándose donde siempre: Guerrero, Chiapas y Oaxaca; en estas entidades, la resistencia se ampara en los usos y costumbres que protege el Artículo 2º de la Constitución, y si bien estos no pueden ir en contra el interés superior de la niñez ni los derechos humanos de las mujeres, la venta de niñas bajo la figura de dotes o acuerdos comunitarios persiste en estas comunidades, donde la ley del Estado se percibe como una injerencia externa.
Los factores que sostienen esta práctica son estructurales, la pobreza es el principal motor; para muchas familias en situación de marginación extrema, la unión de una hija representa recibir dinero a cambio y una boca menos que alimentar; a esto se suman temas de seguridad ya que en zonas bajo el control de grupos delictivos, las familias fuerzan uniones tempranas como una estrategia de protección, para evitar sean reclutadas para servidumbre doméstica, tráfico sexual o como "parejas" de los mandos medios..
No obstante, hay avances significativos: algunas legislaturas han comenzado a tipificar la "cohabitación forzada" como un delito autónomo, permitiendo castigar penalmente no solo al hombre que se une a la menor, sino también a los padres o tutores que promueven o consienten el acuerdo. El reto actual no solo radica en la perfección de la norma, sino en la capacidad operativa del Estado para llegar a las zonas rurales, romper el aislamiento institucional y ofrecer alternativas económicas reales a las familias.
Enfrentamos el desafío de pasar de la legalidad a la realidad, mientras las uniones de hecho infantiles sigan ocultas tras el velo de la informalidad, el país seguirá arrastrando una deuda histórica con sus niñas, la batalla no se ganará suprimiendo el matrimonio infantil, sino con educación, seguridad y la erradicación de una cultura que todavía, en pleno 2026, ve en la infancia una moneda de cambio. Las zonas invisibles del país necesitan ser vistas, no para juzgarlas, sino para rescatarlas. Es tiempo de mujeres.
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