En nuestra entrega anterior, analizamos el fracaso del Plan de Política Criminal 2025 frente al delito de despojo en la Ciudad de México, donde las denuncias crecieron un 4.2% pese a las promesas oficiales. Ahora, abordaremos esta problemática desde la perspectiva de la vulnerabilidad interna y la traición de la confianza en la gestión inmobiliaria.
Históricamente, el hogar ha sido el refugio más sagrado de seguridad; sin embargo, este patrimonio se ha transformado en un activo de alto riesgo en la Zona Metropolitana del Valle de México. El despojo ha evolucionado hacia una sofisticada ingeniería delictiva, en la que el administrador de condominios o fraccionamientos ha mutado de guardián del inmueble a facilitador de información para una maquinaria extractiva que devora el patrimonio de los particulares.
Hoy, la fragilidad de la vivienda en la Ciudad de México y el Estado de México no nace exclusivamente en la calle, sino en los libros de administración y en los registros de sus propietarios. El esquema detectado en diversas zonas de la capital y el oriente mexiquense revela un patrón de "inteligencia doméstica", donde el administrador opera como un gestor de datos estratégicos para el crimen organizado.
Al centralizar el control de las cuotas, los censos de residentes y el flujo de servicios, estos sujetos identifican con precisión quirúrgica las llamadas "viviendas silenciosas", propiedades de personas mayores sin herederos cercanos, inmuebles del Infonavit abandonados por migración laboral o casas con rezagos de pago. Esta información es oro molido que se vende a organizaciones que, bajo el disfraz de sindicatos o movimientos sociales, ejecutan ocupaciones legalmente difíciles de revertir. Lo más doloroso es que, según las cifras actuales, para la mayoría de las víctimas, este flagelo resulta en una pérdida definitiva.
La problemática se agrava por el "rezago documental". Muchas propiedades objeto de despojo carecen de escrituración actualizada, por lo que el delincuente no necesita romper una cerradura; le basta con fabricar una personalidad jurídica apoyada en la omisión del Estado. Esta colusión se extiende a notarías y registros públicos, donde la filtración de datos permite crear cadenas de propiedad falsas que logran confundir a los tribunales durante años.
Para frenar a estas organizaciones delictivas, es urgente que la administración de condominios deje de ser una actividad sin supervisión. Se requiere una fiscalización rigurosa por parte de la Procuraduría Social (Prosoc) y sus equivalentes estatales, a dicha actividad para que no solo sea recaudador de cuotas o vigilante de las áreas comunes, sino que refleje la integridad y el resguardo de los padrones de las propiedades.
Hoy, el despojo representa un quiebre en la estabilidad social del país, la realidad es cruda; mientras recuperar una propiedad sea un lujo que el ciudadano común no puede costear, las familias seguirán perdiendo su patrimonio ante las mafias que han encontrado en la incapacidad del Estado para combatir este delito, un negocio redondo.
Es tiempo de mujeres.
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