El pasado 1 de febrero la Fiscalía General de Justicia presentó ante el Congreso capitalino su Plan de Política Criminal 2026, que incluye la persecución de 23 delitos, entre ellos el despojo, uno de los que más afectan a la sociedad.
Hace un año se lanzó el Plan de Política Criminal para el 2025, diseñado para ofrecer respuestas concretas, coherentes y adaptadas frente al despojo de inmuebles. Doce meses después, las cifras oficiales muestran que la estrategia no rindió los frutos prometidos.
El corte anual 2025 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que la Ciudad de México acumuló 3,798 carpetas por despojo, 155 más que en 2024 —un aumento de 4.2 %— pese a que la Fiscalía capitalina tomó como línea base los 3,643 expedientes documentados el año anterior.
La estrategia de 2025 planteó dos ejes: priorizar carpetas con alto potencial de esclarecimiento y concentrar recursos en presuntos autores seriales, bajo la premisa de que un pequeño grupo concentra la mayoría de las denuncias. Para ello se creó el Programa de Persecución Penal, que debía traducir directrices en operativos focalizados. Sin embargo, la traducción a resultados ha sido limitada.
Entre las medidas anunciadas por el gobierno figuró la capacitación de agentes ministeriales y se comunicó la instalación de un gabinete interinstitucional conformado por el Registro Público, INVI, Comisión de Derechos Humanos, Consejería Jurídica y la Fiscalía para realizar acciones coordinadas y se anunciaron reformas al Código Penal para endurecer sanciones. No obstante, muchos compromisos aún no se reflejan en una reducción de la incidencia.
Expertos y organismos coinciden en que endurecer penas no es suficiente para combatir el crimen; sin embargo, a menudo se presenta como una solución para mostrar que se está combatiendo el problema. Para una política criminal efectiva debe existir evidencia estadística confiable, prevención y medidas sociales que aborden las causas estructurales del delito. Las prioridades incluyen la creación de un sistema de datos accesible al público para mapear la criminalidad y evaluar resultados; la combinación de la persecución penal con acciones de prevención; el fortalecimiento de la seguridad ciudadana; apoyo legal y social a los propietarios en riesgo; y la implementación de controles notariales más rigurosos.
¿Qué sigue? El reto para este año es doble: convertir las promesas en resultados tangibles y restaurar la confianza de las víctimas para que denunciar deje de percibirse como un trámite inútil. Entre metas concretas figuran aumentar sustancialmente la judicialización de carpetas y garantizar protección efectiva a todas las víctimas; mientras tanto, el incremento de denuncias confirma que el despojo es un negocio lucrativo para quienes explotan la vivienda ajena; ante la incapacidad para su combate eficaz, miles de familias permanecen atrapadas en trámites largos y sentencias que demoran; para muchas, la promesa de una “respuesta contundente” aún no se ha materializado.
Es tiempo de mujeres.
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