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¿Ya no hay masacres?

Imágenes de soldados rodeados de ciudadanos enfurecidos y desafiantes han dado la vuelta en los medios de comunicación. Se trata de la Marina, de la institución de seguridad mejor evaluada en México
03/09/2019
02:30
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Imágenes de soldados rodeados de ciudadanos enfurecidos y desafiantes han dado la vuelta en los medios de comunicación. Esas viñetas nos sorprenden pues se trata, junto con la Marina, de la institución de seguridad mejor evaluada en México. “Deberían dejarlos defenderse”, han opinado muchos. “No podemos permitir que traten así a nuestro Ejército”, dicen otros. En contraste, no nos sorprende la escena de un señor en estado de ebriedad gritando y humillando a un policía que intenta bajarlo del automóvil o de una señora que agrede a un policía que la multa por estacionarse en un lugar prohibido. Los policías son de las instituciones de seguridad peor evaluadas (aunque, hay que decirlo, están mejor evaluadas que nuestros diputados y partidos políticos).

Muchas cosas deben preocuparnos, tanto de las imágenes referidas, como de la conversación que se ha desatado en torno. Por una parte, hay quienes sostienen una distinción fundamental entre los ciudadanos que merecen la protección la ley y quienes no la merecen por haberla violado. Es una añeja división entre ciudadanos y “enemigos” que se usó para justificar las masacres de ciudadanos mexicanos a manos del Ejército y la Marina en los gobiernos pasados. Esa retórica despoja a todos los ciudadanos del derecho a la vida y convierte a los soldados en jueces y ejecutores. Por otra, cuando algunos abogan por el uso máximo de la fuerza, plantean las cosas como si existieran sólo dos opciones: matar al que proteste o cruzarse de brazos y aguantar vejaciones. No existe espacio para otras medidas de control y disuasión que no pasan por disparar. “Si traen las armas, es para que las usen”, decía un señor indignado. Pero quienes abogan por el uso de la fuerza letal en esos contextos suelen equivocarse porque sólo ven respuesta en el fuego.

“Se terminó la guerra de exterminio contra la llamada delincuencia organizada. Ya no se permiten redadas, razias o masacres”, dijo López Obrador en su primer informe presidencial. Entre simpatizantes, los dichos y las imágenes son prueba de que existe un cambio, y ese cambio es suficiente para justificar la ampliación de las facultades del Ejército en tareas de seguridad pública. Lo que antes era un riesgo para la población —soldados armados y sin preparación entre la población— y una potencial herramienta para la represión, hoy se convierte en un instrumento legítimo más al alcance del buen gobierno.

Por mi parte, celebro que los soldados no respondan a las agresiones con el uso de la fuerza, sobre todo porque cuando la usan ésta suele ser letal. El respeto al Estado mexicano no va a llegar ni a palazos ni a balazos. A nadie, mucho menos al Ejército, serviría una masacre de pobladores que protestan. Existe bastante evidencia de que el uso indiscriminado de la fuerza letal deslegitima al Estado, genera más violencia y hace más vulnerables a los agentes de seguridad. Sin embargo, no es posible sostener, a partir de unas imágenes, que no hay continuidad en la política de uso de la fuerza letal por parte de las Fuerzas Armadas. Para afirmarlo, sería necesario contar con información oficial que hoy no se hace pública.

Hace unos días presentamos en la UNAM el Monitor de la Fuerza Letal, un esfuerzo para medir el uso de la fuerza letal en distintos países. El primer informe, incluyó un estudio comparativo de 5 países: Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela (para más información visite www.monitorfuerzaletal.com). De los países estudiados, México fue el único en el que no fue posible tener una cifra oficial de civiles muertos a manos del Estado. Si bien la Semar y PF hicieron pública esta información, la Sedena continúa, desde la administración de Peña Nieto, ocultando la información y negando su existencia a pesar de que hay amplia evidencia de que existe.

Es imposible saber si hay o no continuidad en el actuar de los militares en este sexenio. ¿Qué oculta la Sedena que pudiera ser peor que lo que ocurre en un contexto como el de Venezuela, donde sí se hace pública la información que aquí se niega? ¿Por qué si hay realmente un cambio en los hechos, hay continuidad en la opacidad?


Profesora investigadora del CIDE.
@ cataperezcorrea

Catalina Pérez Correa
Maestra y Doctora en derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford en California. Profesora Investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).