Uno de los temas que más parece importarle al presidente López Obrador de cara a la última parte de su sexenio es lograr es constitucionalizar y hacer permanente la participación militar en tareas de seguridad pública en todo el país. Apenas la semana pasada volvió a insistir, desde la mañanera, en la importancia de que los militares se conviertan en policías de tiempo completo y en la necesidad de reformar la Constitución para que esto sea así, aun cuando él ya no sea presidente.

“No hemos tenido ―prácticamente― acusaciones por excesos de violación de derechos humanos a la Guardia Nacional. Nada que ver con lo que pasaba antes. Porque reciben instrucción y porque hay la convicción de proteger al pueblo. Porque el soldado es pueblo uniformado y porque se ha insistido mucho en eso y tanto marinos como soldados están actuando con responsabilidad. Y también porque depende del comandante supremo de las fuerzas armadas, que es el presidente. Los errores que se han cometido y que han llevado a excesos en Marina y en la Secretaría de la Defensa ha sido en lo fundamental por órdenes dadas por civiles del más alto nivel.” dijo López Obrador, a fin de exculpar a los militares. El presidente falta a la verdad, una vez más. Uso las próximas líneas para referir a algunos datos que lo desmienten.

Es falso que la Guardia Nacional no haya recibido “prácticamente” quejas por violaciones a los derechos humanos. En 2020 (su primer año de operación), la Guardia ya figuraba entre las 10 autoridades con más quejas recibidas ante la CNDH. En 2021, la Guardia y Sedena conjuntamente recibieron 940 quejas (como punto de comparación, entre 2000 y 2006, la CNDH recibió 1,135 quejas en contra de todas las FFAA). En lo que va de este año la Guardia Nacional y la Sedena ya se ubican como la séptima y octava autoridad con más quejas recibidas. Ninguna otra autoridad encargada de la seguridad les supera en esa cifra.

El reciente informe muestra, además, las violaciones que han resultado de darle a los militares funciones en materia migratoria (en violación del derecho mexicano e internacional). Según este trabajo, la Guardia Nacional realiza detenciones arbitrarias, basadas en perfiles raciales y con uso excesivo de la fuerza. Esto ha llevado a la pérdida de vidas, “la mayoría de las cuales han quedado en la impunidad” y a un escenario que propicia la violación de derechos de las personas migrantes.

El informe del también da cuenta de múltiples violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas bajo la administración actual. Ahí se muestra el ascenso el uso excesivo de la fuerza letal por parte de militares y la ineficiencia de la estrategia militar para reducir la violencia en el país.

Todo esto, recordemos, se da en el contexto de un comandante supremo cuya orden es de no usar la fuerza letal en exceso y no violar los derechos humanos. López Obrador quiere luz verde para cambiar la Constitución, que ignoremos la evidencia abrumadora que lo desmiente y que confiemos en que los siguientes presidentes no harán lo que hicieron sus antepasados. Nada garantiza que, en tres años, cuando él ya no sea presidente, su sucesora(or) no revertirá lo que dice él que es su orden. ¿O espera que también este o esta lo obedezca a pie juntillas?

Profesora-investigadora del CIDE. 
@cataperezcorrea



 

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