Las prisiones privadas del gobierno federal

Catalina Pérez Correa

Al final del sexenio de Felipe Calderón se otorgaron contratos para construir 20 prisiones federales en México. Su construcción se justificó argumentando la carencia de espacios en cárceles federales, lo que llevaba a recluir a internos del fuero federal en centros penitenciarios locales. La creación de estas nuevas prisiones fue muy cuestionable de inicio. Primero: porque se realizó bajo un esquema de Asociación Público-Privada, que de facto es una forma de privatizar el sistema penitenciario. Bajo este esquema, las empresas privadas construyen, proporcionan equipo y servicios a cambio de pago fijo y el Estado mantiene la guarda y custodia de los Centros. Segundo: porque los contratos para construirlos involucraron descomunales sumas de dinero -que además se asignaron con criterios opacos y mediante adjudicaciones directas-. Estos contratos además se firmaron por 20 años y fueron reservados para que el público no los conociera. Tercero: los centros se construyeron en lugares remotos que hace muy difícil el acceso tanto para el personal penitenciario como para familias y abogadas que visitan a las personas privadas de la libertad.

Las prisiones privadas tienen serios problemas éticos y prácticos. Bajo este modelo, un grupo de personas se beneficia económicamente del punitivismo estatal. Entre más personas son encarceladas, más se benefician. En Estados Unidos, las empresas carcelarias cabildearon leyes para aumentar el número de personas privadas de la libertad. Tal fue el caso de las leyes que ordenaban el encarcelamiento de migrantes en Arizona. Los contratos que establecen cuotas de ocupación que el Estado debe pagar, tenga o no a una persona usando el espacio, genera incentivos para usar más las cárceles, alienta las penas desproporcionadas y crea intereses que obstruyen la posibilidad de reformar el sistema.

Las prisiones privadas generan incentivos para que los empresarios ahorren en donde se pueda -comida, ropa, actividades -, y así maximizar utilidades. Esto repercute de forma directa y negativa sobre los objetivos constitucionales del sistema penitenciario: lograr la reinserción de las personas. La CNDH ha documentado las pésimas condiciones en que viven las personas en estos centros penitenciarios: son encerradas en sus celdas por 22 horas o más; existe una falta de personal técnico y de actividades remuneradas, educativas y deportivas; la comida es insuficiente y de mala calidad; hay hacinamiento; falta de agua potable, etc. Por ultimo, varios estudios señalan que las cárceles privadas aumentan el costo del encarcelamiento.

En suma: son más caros, representan un detrimento en la calidad de vida de las personas encarceladas, sus familias, el personal penitenciario y la sociedad en general.

Desde hace meses, el gobierno federal ha anunciado el cierre de varios Centros Penitenciarios Federales públicos y el traslado masivo de internos a los Centros privados. La decisión se entiende bajo la lógica del ahorro: los espacios en los Centros privados se tienen que pagar estén o no ocupados. Sin embargo, la decisión no toma en cuenta los costos para los internos y sus familias ni la afectación a sus procesos penales. De nueva cuenta, el Gobierno de la 4T pone la austeridad por delante de los derechos de las personas. Al hacerlo, protege y exacerba uno de los peores legados del calderonismo.
 


Profesora investigadora del CIDE
@cataperezcorrea
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