La violencia electoral

Catalina Pérez Correa

La violencia pone en duda la libre participación de candidatos (as)

El domingo 6 de junio se llevaron a cabo las elecciones más grandes en la historia del país. Se renuevan más de 20 mil cargos a nivel municipal, estatal y federal. Además de 15 gubernaturas, se renovaron 500 diputaciones federales, más de 500 locales y 1,900 alcaldías y sindicaturas. El día de ayer, el Presidente López Obrador abrió su conferencia matutina con un agradecimiento por el buen desarrollo de las elecciones:

“La gente se portó muy bien, los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien. Este, muy pocos actos de violencia, este, de estos grupos. Se portó, creo que más mal la delincuencia de cuello blanco, pero no se pasaron de la raya y tampoco alteraron en lo fundamental los resultados. El viernes, sábado y domingo, hubo pocos homicidios. (…)

En los 3 días estuvimos abajo de la media en homicidios cometidos. Desde luego, hubo homicidios y no quisiéramos que hubiera homicidios, pero fueron 209, menos de 70 por día cuando traemos un promedio de 85-90 diarios.”

Tiene razón López Obrador en cuanto al desarrollo de las elecciones. A lo largo y ancho del país se instalaron, gracias al Instituto Nacional Electoral y a miles de ciudadanos que voluntariamente participaron como funcionarios y observadores electorales, más de 162 mil casillas. A pesar de ser una elección intermedia y del Covid19, hubo una participación electoral superior al 50%.

Sin embargo, el presidente erra en sus aplausos a la “poca” violencia. Según la Comisión Nacional de Seguridad, el domingo6 de junio se registraron 81 homicidios, el sábado 70. Es decir, un promedio de 3 homicidios por hora en el país. En mayo se registraron 2,462 homicidios. Nada que celebrar. Además, la violencia electoral estuvo presente desde el comienzo del proceso.

Según Etellekt Consultores, del 7 de septiembre del 2020 al 5 de junio de 2021 habían sido registradas 910 agresiones contra políticos y candidatos/as (que incluyen amenazas, daño a propiedad, atentados y homicidios entre otros), superando las cifras de 2018. Del total de víctimas (que fueron 860), 628 competían por algún cargo de elección popular. De estos, 36% eran mujeres y 77% disputaban cargos en elecciones municipales. Además, 75% de las víctimas eran “opositores” a los gobiernos de los estados en donde se competían. Durante los últimos 6 días, se registró un promedio de 21 agresiones al día.

No se trató de un proceso pacífico y libre, como afirma el presidente. Hay un grave problema de violencia, que pone en duda lo “fundamental” de las elecciones: la libre participación de candidatos(as). Se trata, además, de un problema extendido: 525 municipios del país registraron agresiones. El proceso electoral tuvo como saldo 91 políticos/as asesinadas, 36 de los cuales competían para cargos de elección popular.

Acudimos a las urnas a participar con nuestro voto, o como funcionarios de casilla, pero muchas voces –y vidas– fueron silenciadas para no estar en las boletas. ¿Cómo podemos hablar de participación libre y de democracia en estas condiciones? Más aún, que 75% de las víctimas fueran “opositores” de los gobiernos en turno debería forzarnos a abandonar la idea de que la violencia electoral es producto del crimen organizado. Cada una de las víctimas merece ser nombrada y sus asesinatos investigados. La narrativa que sostiene que la violencia en este país es sólo un problema del crimen organizado fomenta la impunidad y la repetición de estos actos. Los datos apuntan a otro fenómeno que tendría que ser investigado para garantizar la participación libre, especialmente en las elecciones locales, y la existencia de una democracia real.

Profesora investigadora del CIDE.
@cataperezcorrea

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