Se encuentra usted aquí

15/10/2019
03:30
-A +A

El domingo pasado el presidente López Obrador escribió en su cuenta de twitter: “En Baja California hay una controversia acerca de si dura dos o cinco años en el cargo el gobernador electo. Lo bueno es que ahora hay Estado de derecho y decidirá la SCJN. Antes eran dedazos y concertacesiones, aunque parece que ya se les olvidó a los conservadores.” El presidente se refería al caso del morenista Jaime Bonilla, quien fue electo al cargo de gobernador por un periodo de 2 años pero que intenta ampliar a 5 por medio de una reforma a la Constitución local que ha sido impugnada. El domingo se llevó a cabo en el estado una consulta sin fundamento jurídico —o ético— alguno. El caso será eventualmente revisado por la Suprema Corte.

El contexto actual en la Corte, sin embargo, es particularmente delicado. Hace unas semanas, presenciamos la renuncia del Ministro Eduardo Medina Mora quién llegó a la Corte hace 4 años a pesar de un movimiento ciudadano —inédito en la historia de nuestra Suprema Corte— en contra del nombramiento. Bajo el #NoHaganMinistroaMedina, muchas personas nos movilizamos para defender la independencia e imparcialidad de la Corte. Tanto la existencia de una relación personal de Medina Mora con el entonces presidente Peña Nieto, como su funesta actuación en distintos cargos, hacían su nombramiento inadmisible.
No me parece mal que Medina Mora salga de la Corte. Habría sido mejor que nunca llegase. Sin embargo, la forma en que hemos conocido de su renuncia genera muchas preocupaciones. La Constitución señala que un ministro sólo puede renunciar a su cargo por causas graves. Sin embargo, la carta de renuncia del exministro no dio información alguna sobre sus motivos para separarse del cargo. Medina Mora no compareció al Senado para dar razones y el Presidente López Obrador tampoco dio explicaciones de por qué aceptó la renuncia. A falta de explicación oficial, el rumor ocupa el lugar estelar. En redes sociales y medios de comunicación se afirma —con base en filtraciones— que fue presionado debido a la existencia de sumas de dinero inexplicables. ¿Existe una investigación en su contra? ¿Continuará, si es que existe, a pesar de la renuncia? No sabemos pues se optó por la opacidad y por ignorar el proceso constitucional de renuncia. Queda en el aire la duda sobre si se trata de un caso de combate a la corrupción o un pacto de impunidad para quitar a un juez antagonista y ganar otra silla en la Corte.

La Suprema Corte es el órgano garante de los derechos de los ciudadanos(as). Además, es el árbitro final de conflictos entre gobernantes y entre gobernantes y ciudadanos. Es decir, resuelve —por vía del derecho— las controversias existentes entre gobernantes de distintos partidos. Creer que sus decisiones tienen como base la Constitución es fundamental para que funcione como órgano legítimo. Pero también es fundamental para la paz. Si el derecho —a través del poder judicial— no existe como vía para dirimir controversias, estas van a resolverse de otra forma, posiblemente a través de la violencia o bien, como antaño, a través de la corrupción. Sin un poder judicial independiente y legítimo, difícilmente tendremos paz.

La Corte va a resolver el caso Jaime Bonilla, como muchos otros donde se impugne la actuación del grupo político que encabeza López Obrador. La legitimidad de estas decisiones va a depender, en parte, de los procesos de designación de los siguientes ministros. Muchas personas votamos por López Obrador con la esperanza de construir un país más justo; con menos arbitrariedad y discrecionalidad en el uso del poder. Con autoridades honestas pero que actúan dentro de los confines de la ley. Si, como en el ultimo proceso de nombramiento, Morena opta por un perfil con conflictos de interés, en lugar de corregir el procedimiento de nombramientos a la Corte, estará mermando la legitimidad del órgano constitucional. Si el presidente López Obrador sigue a sus antecesores y opta —nuevamente— por un ministro cuestionable, habrá renunciado a su promesa de construir un México distinto.
 

Profesora investigadora del CIDE.
@ cataperezcorrea

Catalina Pérez Correa
Maestra y Doctora en derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford en California. Profesora Investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Comentarios

 
 

MÁS EN OPINIÓN