Hechos son amores

Catalina Pérez Correa

Hace unos días, el presidente López Obrador informó en la mañanera que serán liberadas las personas privadas de la libertad que se encuentran en Centros Federales de Readaptación Social por delitos no graves y que en diez años no hayan sido sentenciadas. “… hay muchos detenidos, reclusos, internos, que no tienen sentencia y que no solo es fuero federal, también es fuero común y es la mayoría. (…) La justicia, como lo establecen los ordenamientos legales, tiene que ser rápida, expedita. ¿Cómo va a estar una persona detenida por más de diez años sin sentencia?” dijo el mandatario.Además, afirmó que serán liberadas las personas que fueron torturadas – y se pueda comprobar mediante el Protocolo de Estambul–; las y los adultos con más de 65 años que padezcan enfermedades crónicas y que no hayan cometido delitos graves y, los mayores de 75 años que se encuentren en penales del fuero federal y no cometieron delitos graves.

Habría que recordarle al presidente que la población carcelaria del país, especialmente el número de personas privadas de la libertad sin sentencia, ha crecido durante su gobierno, a pesar de la pandemia. Como muestran diversos artículos y reportes, en el caso de las mujeres, el cambio es aún más significativo que para los hombres. En un periodo de un año, según cifras de Animal Político, el número de mujeres presas aumentó casi 16%, principalmente por el uso de la prisión preventiva. Hoy en México, según los datos del propio presidente, hay casi 95 mil personas encarceladas sin sentencia. Lo que no dijo es que fue justamente la reforma Constitucional impulsada por su partido lo que ha permitido ampliar el uso de la prisión preventiva y encarcelar a más y más personas sin sentencia. Hay pues una fuerte contradicción entre lo que el presidente afirma a los mexicanos y lo que promueve su partido en el Congreso. Habría que también preguntarle ¿por qué facilitan el uso de la prisión sin sentencia por un lado, pero habla de excarcelación por el otro?.

No es la primera vez que López Obrador afirma que va a atender las injusticias del sistema penal. También la Ley de Amnistía prometía despresurizar las cárceles y sacar a personas injustamente encarceladas. Un año después de aprobada, apenas un puñado de personas han sido excarceladas a nivel federal. El sistema penal que permite que mujeres y hombres pobres sigan llegando a las cárceles, en cambio, sigue intacto e incluso fortalecido, alimentando los reclusorios del país de manera acelerada con historias vergonzosas de arbitrariedad e injusticias. El discurso clemente por un lado, la dureza e indiferencia en los hechos.

No queda claro cuál es el mecanismo legal por el cual pretende el gobierno excarcelar a todas las personas que mencionó el presidente, acompañado de la secretaria y subsecretario de Gobernación. Sin embargo, las cifras muestran a un gobierno más afín con el punitivismo que con la justicia y el uso racional del aparato punitivo estatal. Hechos son amores, no buenas razones, reza el refrán popular. Los hechos están ahí, en los datos del propio gobierno.
 

Profesora-investigadora del CIDE.
@cataperezcorrea

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