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En el Inventario Nacional de lo militar, siguen puertos y mares

10/12/2019
02:35
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Esta semana los diputados del grupo parlamentario de Morena pretenden cerrar el periodo legislativo con la aprobación de una iniciativa que transfiere —en su totalidad— el control de puertos, costas, mares y comercio marítimo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Secretaría de la Marina (Semar). Ahora será la autoridad militar quien desarrolle “la marina mercante nacional y la educación náutica, otorgando también la facultad de expedir todo tipo de permisos en esta materia tales como el dragado, el remolque y el pilotaje”. No se trata de una iniciativa que dé facultades a la Semar para realizar tareas de seguridad, esas ya las tiene, sino para darle el control de todas las actividades mercantes, sean de turismo, comercio o seguridad.

En términos del equilibrio cívico-militar esta reforma tiene efectos tan graves como tuvo la Ley de Seguridad Interior y la posterior reforma constitucional para dar vida a la Guardia Nacional (que hoy es un cuerpo militar). Sin embargo, por tratarse de un tema complejo que pocos conocen, se ha abordado con ligereza, desechando apresuradamente cualquier crítica.

Más allá de las conocidas razones: para terminar con la corrupción y con las drogas, la motivación principal de la iniciativa es una supuesta falta de claridad de competencias en materia marítima que hoy son compartidas por la autoridad civil (a través de la SCT) y la militar (a través de la Semar). En 2016, la SCT concentraba la mayoría de las atribuciones en materia marítima. Sin embargo, ese año se reformó la ley para darle a la Semar atribuciones de seguridad, búsqueda y rescate y supervisión de la marina mercante. La excusa entonces fueron las drogas y la delincuencia organizada. El resultado fue un esquema bicéfalo que, según el texto, duplica funciones y ha resultado poco eficiente. Para dar respuesta a este problema se presentaron dos iniciativas.

La primera, de la diputada Juana Carrillo Luna (Morena), propone devolver las atribuciones que en 2016 se dieron indebidamente a la Semar de regreso a la SCT. Ello permitiría no solo evitar la duplicidad de funciones sino también reestablecer el orden constitucional que desde 2016 se ha violentado. Recordemos que el artículo 129 de la Constitución establece que, en tiempos de paz, las autoridades militares sólo pueden ejercer las funciones que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Esta iniciativa, sin embargo, fue rechazada por la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados.

La segunda iniciativa, también de Morena —y que lleva el apoyo del presidente y la Semar—, propone resolver la duplicidad de funciones dándole todas a la Semar. Así, la autoridad militar estará encargada no solo de la seguridad de puertos y mates sino también de la construcción de obras, la representación en asuntos internacionales, el nombramiento y remoción de capitanes de puerto, la planeación y conducción de la política de marina mercante y puertos, etc. Tal como se desapareció la Policía Federal para encargarle toda la Seguridad Pública Federal a la Secretaría de la Defensa —a través de la Guardia Nacional Militar—, hoy se pretende sacar a la SCT para entregar todo a la autoridad militar naval.

¿Qué significa este cambio en términos de comercio internacional y de seguridad? ¿Quedarían todas las contrataciones y obras que realice la Semar resguardadas de las obligaciones de transparencia por tratarse de una institución de Seguridad Nacional? ¿Es verdad que toda la SCT es ineficiente y corrupta? ¿Qué opinan los más de 70 mil empleados que pasarían a estar bajo el mando de la Semar? Desde noviembre, más de 20 diputados solicitaron que la iniciativa se discuta en parlamento abierto, para responder los muchos cuestionamientos técnicos y legales que no se han abordado. La gravedad de esta reforma y los cuestionamientos sobre su constitucionalidad ameritan, de menos, una discusión abierta.
 

Profesora investigadora del CIDE.
@ cataperezcorrea

Catalina Pérez Correa
Maestra y Doctora en derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford en California. Profesora Investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).