El prejuicio como política de drogas

Catalina Pérez Correa

Apenas la semana pasada, en el marco de la presentación de la segunda etapa de la campaña contra las drogas, López Obrador volvió a usar el consumo de drogas para explicar la violencia. “Uno de los problemas que enfrentamos –graves—, surgido de la desatención al pueblo, de la desatención a los jóvenes, de la corrupción que imperó durante mucho tiempo, es el problema grave de la inseguridad y de la violencia; y tenemos que enfrentarlo atendiendo las causas y orientando (…) necesitamos detener el incremento en el consumo, porque sin esto (…)se nos va a complicar más el garantizar la paz y la tranquilidad. Nada más para que se tenga un dato, el 60% de los que pierden la vida diariamente, 60% de los asesinados en enfrentamientos se demuestra que están bajo los efectos de drogas o de alcohol, pero fundamentalmente de droga. Por eso estos crímenes tan despiadados, que generan tanta tristeza.”

No es la primera vez que el presidente echa mano de prejuicios para referirse a las personas que usan drogas y responsabilizarlas de la violencia. En otras ocasiones ha afirmado que quienes conforman el crimen organizado, participan en enfrentamientos y cometen asesinatos, “son gente drogada”. ¿Cómo sabe esto? ¿Existe una base de datos secreta con estudios toxicológicos de las personas asesinadas en enfrentamientos? ¿Qué drogas habían consumido? ¿Cuánto tiempo antes del evento habían consumido? La realidad es que no existe esta información. Es más, varios académicos y activistas hemos señalando que ni siquiera se cuenta —o informa— correctamente a los muertos y heridos en enfrentamientos.

Decir que 60% de los muertos en enfrentamientos habían consumido drogas es una irresponsabilidad. Estigmatiza y pone en riesgo a las muchas personas que usan drogas, la mayoría de las cuales ni son violentos ni tienen problemas de dependencia. Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (2016-2017) el consumo de cualquier droga en el ultimo mes, en el total de la población, fue de 1.5%. Tomando en cuenta la población del país, eso significa que 1.3 millones de personas consumieron alguna droga en el ultimo mes. El consumo de cualquier droga en el ultimo año fue de 2.9%, 2.5 millones de personas. ¿Qué porcentaje de estas cometieron delitos (más allá de los delitos contra la salud relacionados con el consumo)? Una minoría. Sin embargo, las palabras del presidente recaen sobre todos. No parece importarle tampoco si se trata de marihuana, cocaína, alcohol, MDMA, metanfetaminas, fentanilo o LSD —que tienen efectos muy distintos—; lo relevante es estigmatizar porque, en su visión, eso previene el consumo.

Las ideas de López Obrador sobre drogas son bastante añejas. Llevamos años asociando el uso de drogas con el crimen y la violencia. Por eso se prioriza el enfoque de seguridad (de represión) sobre el de salud. Ahí están los presupuestos como botón de muestra. Según datos del “Informe sobre la Situación del Consumo de Drogas en México”, de la Secretaría de Salud y el Conadic, el gasto para 2018 en reducción de la demanda de drogas —a cargo de 3 instituciones de salud— fue de 1,801 millones de pesos. Ese mismo año, la Sedena tuvo un presupuesto de 93,573 millones de pesos, la Semar de 32,083 millones y la PGR de 15,351 millones. Si bien no se desglosa qué parte del presupuesto de estas instituciones se destina a tareas de reducción de la oferta, la enorme desproporción permite ver dónde están las prioridades en materia de drogas. De ahí que en lugar de formular políticas focalizadas de prevención del consumo, de implementar estrategias de reducción de riesgos y daños para quienes deciden consumir y de tratar médicamente a quién realmente lo necesita; abordamos las drogas desde la criminalización, el encarcelamiento, las erradicaciones, los decomisos y, también, desde el prejuicio.


Profesora investigadora del CIDE.
@ cataperezcorrea

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