El Pleno o la plena militarización

Catalina Pérez Correa

La semana pasada se presentó el Inventario Nacional de lo Militarizado, un trabajo realizado en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Este busca hacer una lista de las funciones civiles que se han transferido a las fuerzas armadas en los últimos años. Para ello se revisaron iniciativas, leyes, convenios, comunicados de prensa, presupuestos, etc. La fotografía del inventario es incompleta, pues hay información que no es pública. Es decir, no sabemos siquiera todo lo que se ha dado a los militares en México. Sin embargo, fue posible localizar 246 facultades civiles que en los últimos 12 años se han transferido a las FFAA. Algunas en materia de Seguridad Pública, otras directamente de la administración pública. Estas segundas incluyen construcción de infraestructura, construcción de bachilleratos militares, administración de programas sociales, de puertos y aeropuertos, protección del medio ambiente, control de migración, vigilancia de carreteras, etc. Cada una de estas funciones implica un presupuesto, muchas veces adicional al registrado en el presupuesto federal para las FFAA y con ello, más poder y presencia militar.

El ejercicio del Inventario permitió ver lo extendido del proceso de militarización de la administración pública federal y la escasa información que existe al respecto. Para las funciones de seguridad pública, por ejemplo, fue imposible localizar información sobre el presupuesto transferido a las FFAA en 76% de los casos. En otras palabras, la militarización se lleva a cabo en la penumbra y solo una fracción de lo que pasa se hace público.

El inventario se vuelve aun más preocupante a la luz de las recientes declaraciones del secretario de la Defensa Nacional quien hace unos días, en el marco del Aniversario de la Revolución mexicana, expreso: “Es un orgullo poder contribuir a la transformación que se está viviendo..” “Como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha … sólo trabajando en un mismo objetivo podremos hacer la realidad de México…”. Hasta hace algunos años, las FFAA habían mantenido el cuidado de no opinar públicamente sobre proyectos partidistas. No es cualquier cosa que el Secretario con más atribuciones haga un llamado a la ciudadanía para apoyar a un proyecto político particular.

Desde la resolución de la Ley de Seguridad Interior, la Suprema Corte de Justicia se ha mantenido en silencio sobre el papel creciente de las FFAA en la administración pública federal, su despliegue masivo en el país para hacer las veces de policías y las muchas facultades que se pretende lleven a cabo en materia de seguridad pública. Sin embargo, este miércoles 24 de noviembre está listado para decidirse la Controversia Constitucional presentada por Laura Rojas como presidenta de la Cámara de Diputados en contra del Acuerdo militar emitido en mayo de 2020 por el Presidente López Obrador. Este acuerdo, transfiere varias facultades de la Guardia Nacional -un órgano que la Constitución explícitamente califica de civil y policiaco- a soldados y marinos, directamente y sin mayor marco normativo.

Pero a pesar de la importancia del caso y el alcance del Acuerdo presidencial, la Corte pretende resolverlo en una Sala, con solo 5 ministros presentes. El argumento es que no se trata de una norma con efectos generales, lo cual ya implica prejuzgar sobre el argumento principal de la controversia: que el Ejecutivo usurpó facultades del Legislativo. Además, el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat -electa como ministra durante la actual administración- hace una argumentación paupérrima y formalista, que evita entrar al fondo del asunto, para declarar constitucional el acuerdo. La importancia del caso tendría que llevar a la Corte a un proceso público e informado de deliberación, en el que se abran audiencias públicas para permitir la participación de expertas, expertos, víctimas y miembros de las FFAA. Es una burla que se pretenda resolver de pasada y sin siquiera convocar al Pleno, de espaldas a la sociedad y a las víctimas de violencia de este país.
 

Profesora-investigadora del CIDE.
@cataperezcorrea

 

 

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