El derecho a violar el derecho

Catalina Pérez Correa

El derecho es un conjunto de normas que pretenden regular la conducta de un grupo de personas. Esas normas contienen valores importantes para la sociedad y presupuestos sobre lo que queremos ser como sociedad. Existen normas sobre cómo deben crearse y modificarse normas, o nombrar autoridades. Estas garantizan seguridad jurídica y equidad. También existen otras que expresan valores en los que creemos y ambicionamos hacer realidad. El derecho tiene, en este sentido, la función no solo de expresar

El derecho es un conjunto de normas que pretenden regular la conducta de un grupo de personas. Esas normas contienen valores importantes para la sociedad y presupuestos sobre lo que queremos ser como sociedad. Existen normas sobre cómo deben crearse y modificarse normas, o nombrar autoridades. Estas garantizan seguridad jurídica y equidad. También existen otras que expresan valores en los que creemos y ambicionamos hacer realidad. “Toda persona tiene derecho a la salud.” “La mujer y el hombre son iguales ante la ley.” “Nadie puede ser privado de la libertad, de sus bienes o derechos si no es mediante juicio y conforme a las leyes previamente establecidas.” Cada uno de estos artículos, enuncian valores que como comunidad política arropamos. Si bien es cierto que todos los días se violan derechos laborales, de equidad o de debido proceso, en México existe una pretensión de que las normas sean cumplidas y que las autoridades se ocupen de su cumplimiento. El derecho, en este sentido, tiene la función no solo de expresar valores comunes, sino de frenar los excesos del poder y limitar la imposición de decisiones arbitrarias. 
 
La sociedad mexicana y sus gobiernos siempre han tenido una relación paradójica y contradictoria con el derecho. La 4T no es ninguna excepción. Más bien, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha exacerbado esa contradicción. Por un lado, el derecho vigente dio -y da- legitimidad jurídica al actuar gubernamental. Lo hemos escuchado hasta el hartazgo: “30 millones de mexicanos votaron por nuestro proyecto.” No se trata, pues, de un gobierno que llegó al poder derrotando un régimen por vía de la fuerza, sino de uno que se sirvió de las instituciones y normas vigentes para llegar ahí. Los votos que dieron el triunfo -y poder- a Andrés Manuel López Obrador y Morena, fueron sufragados a través de las instituciones (como el INE) y conforme con las normas electorales vigentes.  
 
Al mismo tiempo, el gobierno en turno tiene un discurso que niega la legitimidad del derecho que le permitió la llegada al poder. El presidente una y otra vez justifica un importante número de violaciones a las normas argumentando que son legado del antiguo régimen y por lo tanto no merecen respeto. Según el discurso oficial, el derecho vigente (o parte de él), es producto del corrupto régimen neoliberal, conservador, etc. En esta lógica, existe para él una responsabilidad moral de hacer justicia antes que cumplir con el derecho. Si el derecho es injusto, debe hacerse de lado. ¿Qué parte del derecho es injusto? Esto lo vamos conociendo conforme se expresa el presidente o alguno de sus funcionarios. 
 
Pero el actuar del gobierno no puede ser violatorio del derecho de manera permanente. Se vuelve necesario fincarlo en normas jurídicas y, por lo tanto, reformularlo. Esto no es extraño. Todo gobierno intenta que el derecho plasme los valores que tiene como propios. Unos -los que se consideran más de izquierda- amplían las libertades, mientras que otros las limitan, adoptando políticas más paternalistas. El problema surge cuando para apropiarse del derecho se hacen de lado las normas que establecen limitaciones (o que constriñen) al actuar gubernamental. En estos casos lo que vemos no es un cambio del derecho conforme al derecho para incorporar nuevos valores (como la protección de los derechos laborales o de tierras, frente al abuso empresarial), sino la violación del derecho, a menudo, para facilitar el uso caprichoso del poder público. 
 
La 4T confunde la apropiación del derecho para incorporar los valores de su movimiento con la captura para hacer más fácil y discrecional el uso del poder. Viola el derecho para hacerse de él y quitarse contrapesos. Ahí están los acuerdos presidenciales que permiten construir el Tren Maya sobre áreas naturales protegidas o que permiten a los militares detenernos o catear nuestras casas (ambos en contra de lo que establece la Constitución). No se trata de integrar valores nuevos al régimen jurídico, respetándolo, sino de facilitar la puesta en marcha del deseo presidencial. Lo mismo vemos en niveles más bajos del gobierno y del orden jurídico. Los cambios que busca hacer la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, a la legislación en su materia o a los estatutos del CIDE, no son para integrar valores comunes de la 4T, sino para concentrar la toma de decisiones en su persona y poder decidir de manera discrecional nombramientos y líneas de investigación en los Centros Públicos de Investigación. 
 
Esta forma de usar el derecho termina por minar su legitimidad y destruye la función que tiene de constreñir al poder y reducir la discrecionalidad. Si el derecho sirve para llevar a cabo al capricho de cada funcionario en turno, ¿de qué nos sirve a los ciudadanos y por qué habríamos de respetarlo? Si la idea de justicia se usa para violar el derecho y arropar la arbitrariedad, ¿qué distingue a la justicia del capricho personalísimo de un funcionario? Mientras la autoridad, convencida de su propia virtud, considere al derecho como su instrumento, seguiremos los ciudadanos padeciendo a una mafia en el poder. Otra más. 

 

Profesora-investigadora del CIDE.
@cataperezcorrea

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