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Aborto legal para la igualdad social

01/10/2019
02:59
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Educación sexual para decidir,

anticonceptivos para no abortar,

aborto legal para no morir

 

México tiene varios primeros lugares que deberían avergonzarnos. Somos primer lugar en embarazos adolescentes según la OCDE. Hay 66 partos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años (una cifra cinco veces superior al promedio de los países de la organización). Además de poner en riesgo la vida, tener un hijo en la adolescencia significa, en la gran mayoría de casos, abandonar la escuela, lo que a su vez disminuye las posibilidades de poder acceder a un empleo bien remunerado. Pero a pesar de ser un problema prevenible con información y políticas públicas adecuadas, los embarazos adolescentes, en vez de disminuir, han aumentado en los últimos años.

México también es el primer lugar en violencia y abuso infantil (OCDE). Cada día mueren tres niños o niñas a causa de la violencia. Según la organización Save the Children, en nuestro país, 7 de cada 10 niños y niñas son víctimas de algún tipo de violencia. Una de cada 5 mujeres se casa antes de los 18 años. 73% de las niñas casadas dejan los estudios para dedicarse al hogar. Según la organización, estas niñas sufren 49% más violencia física y 68% mas violencia sexual. En otras palabras, el embarazo y matrimonio adolescente son parte del problema de la violencia.

La semana pasada Oaxaca se convirtió en el segundo estado, después de la Ciudad de México, en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. La noticia fue celebrada en varias ciudades por mujeres que conmemoraban además el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. En este día, a nivel mundial, cientos de miles de mujeres marchamos para pedir la despenalización del aborto en todo el mundo y el acceso a prácticas seguras para evitar la muerte.

Durante las marchas feministas, grupos provida rezaban afuera de las iglesias, en protesta por las vidas no nacidas. Cuesta entender que alguien se manifieste para obligar a que niñas de 12, 14 o 16 años lleven a término embarazos que ponen en riesgo su vida. Tampoco entiendo que alguien exija que mujeres, pobres, vayan a la cárcel o a clínicas inseguras pero a la vez permanezcan enmudecidos ante la violencia —física y sexual— que diariamente viven miles de niños y niñas.

Fuera de la Ciudad de México y Oaxaca, el aborto está castigado con penas que van desde trabajo comunitario hasta 6 años de prisión (o más si se trata del personal de salud). Existen algunas causales de exclusión —que permiten practicar un aborto de forma legal—, como que la salud de la mujer esté en riesgo o que se trate de una la violación. Si bien, según GIRE, entre 2007 y 2016 solo hubo 531 juicios penales abiertos y 228 sentencias por delitos de aborto, el hecho de que sea un delito significa que el Estado no provee el servicio y que quienes practican abortos tienen que acudir a clínicas clandestinas o con proveedores de salud no verificados por el Estado. Cuando existe alguna complicación, las mujeres terminan en las salas de urgencias de hospitales públicos, donde antes de atenderlas, llaman al ministerio público. En ocasiones incluso condicionan la atención médica a que firmen una confesión previa.

Entre más pobre es la mujer, más precarias son las condiciones bajo las cuales se practica un aborto. La clandestinidad no previene el aborto, solo garantiza que las mujeres más pobres lo hagan en condiciones más inseguras, mientras quienes tenemos recursos económicos lo hacemos en condiciones más seguras. La despenalización y garantizar servicios gratuitos por parte del Estado no solo permite que las mujeres tengamos control sobre nuestros cuerpos (y por lo tanto sobre nuestras vidas), también es un tema de justicia y equidad social. Que se haya despenalizado el aborto en Oaxaca, un Estado con un alto porcentaje de mujeres indígenas y pobres, es especialmente importante para la agenda de igualdad. Se trata de una lucha por la igualdad de hombres y mujeres, pero también por la igualdad entre mujeres con y sin recursos económicos para navegar la clandestinidad.

 

Profesora investigadora del CIDE.
@ cataperezcorrea

Catalina Pérez Correa
Maestra y Doctora en derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford en California. Profesora Investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).