Permítanme comenzar con una verdad que zahiere: la verdad de que no encuentro mucha mayor evidencia de un estado de desgobierno que permitir el acto de apropiarse de un inmueble ajeno. El despojo es un delito y además un indicador válido de eso, de desgobierno, el cual se define como una situación de “desorden, desconcierto y falta de gobierno” (RAE). El caso es que entre 2017 y 2024, este delito ha alcanzado una magnitud que lo convierte en una de las formas más rentables del delito en México. Los datos oficiales que le mostraré a continuación muestran la historia de un gobierno realmente indiferente en proteger uno de los derechos más fundamentales: la posesión de un hogar.
Es importante que usted sepa, en primer lugar, que la incidencia de este delito no es cosa menor. Entre 2017 y 2024, se registraron un total de 282,917 carpetas de investigación relacionadas con este delito en todo el país (datos del SESNSP). El año más crítico fue 2021, con casi 31 mil casos, mientras que en 2024 se acumularon poco más de 28 mil. Para el año 2025, hasta el mes de abril, se han contabilizado 9,767 carpetas de investigación, lo que representa exactamente 3 menos que las registradas en el mismo periodo de 2024. Todo parece indicar pues, que este 2025 será similar al año pasado.
En segundo lugar, es importante saber que esta “modalidad” de desgobierno se encuentra fuertemente concentrado en unos pocos lugares. Los municipios más afectados son Tijuana (BC) con 4,577 casos, Iztapalapa (CDMX) con 4,405, Ecatepec (Edomex) con 4,004, Cuauhtémoc (CDMX) con 3,579 y Gustavo A. Madero (CDMX) con 3,317. Durante el período de siete años, Tecámac, en el Estado de México, experimentó un aumento realmente descomunal de 164 a 367 carpetas de investigación por despojo, situando al municipio en lugar más “dinámico” de esta problemática inmobiliaria. Le siguen, con incrementos igualmente significativos, los municipios de Ecatepec de Morelos (+176), Xalapa (+157) y Benito Juárez, es decir, Cancún, (QR) (+133).
Esos datos muestran dónde se libran las mayores batallas, pero son las tasas por cada 10 mil habitantes las que indican el riesgo al que están sometidos los propietarios de viviendas. Podemos ver que la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México alcanza una tasa de 65.6 incidentes por 10 mil habitantes. Le siguen Tlalpan (CDMX) con 35.4 casos por 10 mil habitantes, Mexicali (BC) con 29.1, el municipio de Querétaro con 28.9, y la alcaldía Gustavo A. Madero (CDMX) con 28.3. Nótese que la tasa nacional fue de 18.2 despojos por diez mil habitantes (no calculamos tasas por viviendas porque no contamos con datos de viviendas deshabitadas).
Que, por cierto, al chilango típico le debe resultar irónico que sea en el corazón de la capital (con antiguas casonas y edificios que aún intentan mostrar un poco de lustre, si bien antiguo, pero todavía agraciado) donde el despojo alcanza su máximo riesgo. La alcaldía Cuauhtémoc triplica la tasa nacional de despojos, aunque la periferia, no es propiamente un refugio, al presentar también incrementos alarmantes de este delito. Note que Tecámac y Ecatepec (Edomex) son los municipios del país donde más se incrementaron los casos de despojo entre 2017 y 2024. De hecho, cuatro municipios del Estado de México se encuentran entre los diez primeros en los que este delito ha aumentado más significativamente, creando un cinturón suburbano de despojo justo a las afueras de la ciudad de México.
¿Por qué ocurre el despojo? La respuesta, que ya he anticipado, no está vinculada a la mala fortuna del propietario, sino al desgobierno que le toca sobrevivir. El despojo prospera en lugares donde la vulnerabilidad social (ej. tercera edad) cruza caminos con funcionarios desinteresados, ineficaces y/o corruptos. Cuando se tiene miedo de presentar una denuncia, el despojador actúa con la impunidad de un alcohólico en cantina vacía. De hecho, la pregunta que nos deberíamos hacer es ¿y por qué no hay más despojos, siendo tan fácil cometerlos? El contraste entre la lentitud ejecutiva y judicial frente a la agilidad de los despojadores (algunos organizados y otros no), convierten cada vivienda (habitada o no) en una ruleta rusa para el propietario.
¿Cómo prevenir el despojo? Pues como usted ya sabe, en este delito, como en otros, está usted por su cuenta. Por lo tanto, yo le recomiendo los siguientes pasos. Primero que todo, regularizar, inscribir y verificar sus registros de catastro y escrituras, así como preparar un testamento, para evitar heredar un problema potencial. Una propiedad en disputa o sin documentación es capital muerto. En este punto, le recomiendo no adquirir bienes que no estén, cuando menos, registrados en el catastro de su municipio. Segundo, y este no es anuncio de inmuebles, le sugiero priorizar, si le es posible, adquirir su vivienda en un lugar con acceso restringido, organización vecinal y bienes comunes, ya que estas características reducen significativamente el riesgo de despojo (y de otros delitos). Tercero, mantenga su vivienda, en la medida también de lo posible, en buen estado, ya que es señal de que está habitada y, sobre todo, vigilada, lo que disminuye la probabilidad de ser víctima por este delito. Cuarto, en caso de que la vivienda la tenga desocupada, realice visitas periódicamente, aleatorias, para dar indicios de que está vigilada permanentemente. Y finalmente, si el despojo ya ocurrió, tiene usted tres vías: civil, penal, y mediática, para ejercer presión sobre los delincuentes y los funcionarios encargados de su seguridad.
Y ya que estamos en esto de las sugerencias, paso a realizar dos recomendaciones a los funcionarios interesados en proteger a sus gobernados. Primero, decirles que un registro público de la propiedad federalizado, que consolide y estandarice los datos de propiedad, pienso yo, reduciría muchas de las opacidades y riesgos actuales en la compra y venta de inmuebles; muchos despojos y fraudes están precisamente provocados por la incertidumbre jurídica. Naturalmente que hay buenos contraargumentos a esta posibilidad y de que se trata de una iniciativa compleja y tardada, pero que en algún momento debería, al menos, poderse discutir. Segundo, en el caso de las fiscalías, la creación de unidades especializadas contra el despojo (que ya hay algunas), podrían, teóricamente, agilizar la respuesta y con ello elevar la certeza de castigo a cometer estos delitos.
Para concluir, en un país donde la inseguridad se mide tradicionalmente en homicidios, también convendría empezar a medirla en metros cuadrados. Quienes viven de detentar el poder deben saber que proteger la propiedad es una inversión en popularidad y legitimidad política. Y no les cuesta mucho. Es cuestión de poner a trabajar a las instituciones que tienen a cargo. Porque no son las estadísticas de crimen violento, terribles sin duda, las que terminan una carrera o corriente política. Es más bien el miedo de los gobernados a no tener un lugar al que llamar hogar.
www.carlosvilalta.org
Académico, CentroGeo