Se fue otra semana ofreciéndonos la triste cotidianeidad que la violencia criminal nos brinda a los mexicanos desde hace años. Hace dos días, cuando empecé a escribir esta columna, revisé distintos portales de noticias, y bastó con una simple lectura de sus portadas para ver que las cosas, simplemente no cambian: (1) Asesinan a dos hombres en Teoloyucan. (2) Matan a elemento de la Guardia Nacional tras balacera en Oceanía. (3) Matan a hombre y lesionan a su hijo en Neza. (4) Matan a padre de funcionaria de Temamatla, Edomex. (5) Asesinan a hombre a tiros en Ecatepec. (6) Ataque armado deja una mujer muerta y tres lesionados en Uruapan. (7) Primero en Salamanca, ahora en Puebla: estalló aparato explosivo afuera de una casa. (8) Hombres armados se llevan a niño de la casa de sus abuelos en Yucatán. (9) Turba furiosa saca a ladrón de una patrulla para lincharlo en Tlalpan. (10) Por segunda vez en 15 meses roban el mismo Banco del Bienestar en Hidalgo.
Desafortunadamente esto no es nada nuevo, llevamos muchos años viendo pasar gobiernos de todos los órdenes y partidos, y salvo algunas honrosas excepciones, todos han tenido resultados mediocres. Que quede claro, es imposible que no ocurran actos criminales, la delincuencia es inherente a vivir en sociedad, pero lo que sucede en nuestro país en un grado exacerbado que parece no tener control, ya no digamos un fin.
El presidente cedió el control total de la estrategia de seguridad a los militares, traspasándoles inclusive la operación de la Guardia Nacional. Por dinero no han parado, el presupuesto para la Secretaría de la Defensa Nacional aumentó sus recursos 15.7%, al pasar a $112,557 MDP en 2021. Lo mismo con la Secretaría de Marina, pasando a $35,477 MDP. Respecto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aumentó 2.0 % en términos reales a $63,442 MDP y el presupuesto de la Guardia Nacional 17.7%, de $29,286 MDP a $35,672 MDP entre 2020 y el presente año. Estas cifras aumentarán para el 2022.
Sin embargo, seguimos viendo trágicos ejemplos en donde la delincuencia organizada controla cada vez más porcentaje del territorio nacional, basta con voltear a ver a Aguililla, Michoacán, por dar un ejemplo.
Se han destinado miles de millones de pesos a los programas sociales con la intención de “atacar las causas de la violencia desde la raíz”, a esto se le conoce como prevención social del delito. Diferentes autores afirman que, para ver resultados positivos derivados de estos programas (es caso de ser exitosos), puede llegar a transcurrir una generación entera.
En fin, al tema de seguridad se le ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo, pero los ansiados resultados no llegan. Un sencillo ejercicio de prospectiva nos muestra que, salvo que ocurra un cambio radical (por no decir un milagro), el presente sexenio será el más sangriento de la historia contemporánea. No veo por dónde esta administración podrá cumplir su promesa de pacificación en el tiempo que le resta, y de aquí se desprende mi consejo a los potenciales candidatos a la próxima elección presidencial.
Empiecen a trabajar en el proyecto de seguridad que expondrán a partir del segundo trimestre de 2024. Rodéense de auténticos expertos en seguridad pública, revisen mejores prácticas a nivel mundial, tracen un cronograma con objetivos medibles y presenten un plan serio a la población.
Calderón y Peña Nieto no pudieron. López Obrador no está pudiendo tampoco. Les pregunto: ¿Qué nos pueden ofrecer para pacificar a este país que sí funcione y que no se haya probado en los últimos tres sexenios? La respuesta puede inclinar la balanza a su favor.
POSTDATA
El jueves pasado, el gobernador de Guanajuato declaró “les anuncio que hemos detenido ya a los responsables de este atentado con un artefacto explosivo en Salamanca”. Se refiere al arresto de Georgina ‘N’ y Eduardo ‘N’, quienes habrían ideado un plan para asesinar a uno de los dueños del restaurante Barra 1604. Inclusive la Fiscalía ya estableció que el móvil del crimen derivó de “diferencias por negociaciones comerciales”. Me parece increíble que el máximo funcionario de ese estado no califique a los detenidos como “presuntos, sospechosos o supuestos”. Los detenidos son ya culpables en voz del mandatario erigido en juez; “prácticamente en un poquito más de 72 horas está resuelto el caso y detenidos los autores tanto materiales como intelectuales de esta lamentable acción violenta”. Entiendo la urgencia de desmarcar a su región de actos narcoterroristas, pero ¿qué no se aprendió algo del caso de Florence Cassez?, ¿y si posteriormente se acusa un “efecto corruptor” derivado de estas declaraciones?
Twitter: @CarlosSeoaneN
