En México, hay madres que salen a buscar a sus hijos con una pala en la mano porque el Estado no quiso buscarlos, no supo encontrarlos o decidió fingir demencia. Ese es el tamaño de la tragedia.
Por eso conviene empezar por llamar las cosas por su nombre.
La ley mexicana no es ambigua. La desaparición forzada ocurre cuando un servidor público —o un particular con su autorización, apoyo o tolerancia— priva a una persona de la libertad y después niega información sobre su suerte o su paradero.
Dicho en palabras simples: una desaparición se vuelve forzada cuando el poder interviene, permite, protege o encubre.
Esa es la discusión de fondo. No la soberanía. No el agravio diplomático. No la molestia del gobierno frente a un señalamiento internacional.
Lo que detonó esta polémica fue la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de activar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención, después de recibir información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada podría estarse practicando de forma generalizada o sistemática en México.
Y frente a eso, la respuesta presidencial no fue entrar al fondo del problema. Fue rechazar el señalamiento y envolverse en la trillada bandera de la soberanía. El gobierno rechazó que en México exista una política de Estado de desaparición forzada y sostuvo que el pronunciamiento del Comité estaba descontextualizado.
Ahí está el verdadero problema.
En México, la soberanía se ha convertido en una coartada retórica. Se invoca para rechazar observaciones externas, pero se ejerce cada vez menos en el territorio real.
Porque la soberanía no consiste en indignarse ante la ONU. Consiste en que el Estado sea capaz de proteger a sus ciudadanos, investigar los delitos y castigar a los responsables.
Y eso, en demasiadas regiones del país, hace mucho dejó de ocurrir.
La tragedia de los desaparecidos no lastima solo por su dimensión humana. Lastima también porque exhibe la degradación del poder público. En teoría, el Estado existe para impedir que una persona sea arrancada del mundo sin dejar rastro.
En la práctica, miles de familias viven lo contrario: buscan solas, escarban solas, preguntan solas, reconstruyen solas lo que la autoridad no quiso, no pudo o no se atrevió a hacer.
Esa es la herida.
Estamos ante algo muy grave: la sospecha fundada, repetida durante años, de que en México el crimen no opera al margen del Estado, sino a través de sus huecos, de su cobardía, de su corrupción o de su abierta complicidad.
Y cuando eso ocurre, la frontera entre autoridad y criminal se desdibuja.
Eso es lo que incomoda tanto del señalamiento internacional. No sólo acusa una crisis humanitaria. También cuestiona una ficción política: la de un Estado presente, rector y ajeno al horror.
Por supuesto que no toda desaparición implica al Estado. Pero toda desaparición forzada obliga a mirar hacia él.
A sus policías.
A sus ministerios públicos.
A sus alcaldes.
A sus fiscales.
A sus gobernadores.
A sus militares.
A sus pactos de silencio.
Por eso la respuesta oficial equivoca el blanco. El problema no es que afuera hablen de México. El problema es que aquí dentro hay demasiadas razones para que lo hagan.
Un país seguro no es el que se ofende cuando lo observan. Es el que no necesita explicar por qué tantas familias tienen que buscar a sus desaparecidos con palas, varillas y el alma rota.
La soberanía no se defiende con comunicados. Se defiende con la verdad. Con justicia. Con autoridad legítima.
Todo lo demás es discurso.
Y cuando un gobierno prefiere discutir sobre el agravio diplomático en vez de mirar el elefante en la sala, no está defendiendo la soberanía.
Está defendiendo su incompetencia y su indiferencia.
POSTDATA – El rancho Izaguirre, en Teuchitlán, sigue entregando restos. Este pasado fin de semana, colectivos y medios reportaron nuevos fragmentos óseos, fosas adicionales y zonas todavía no procesadas en el predio. Un año después, el terreno sigue hablando.