¿Se puede administrar el crimen?

Carlos Seoane

Un delito es una infracción o una conducta que va en contra al ordenamiento jurídico de la sociedad y es castigado con la correspondiente pena o sanción. De esta definición, se desprende la existencia de cuatro categorías para clasificarlos: delitos graves, delitos menos graves, delitos leves y delitos de mera actividad. Es importante hacer esta distinción para entender que, ante los ojos de la ley y de la sociedad, no es lo mismo un secuestro, que invadir una propiedad o que vender productos pirata. 
 
El crimen es inherente a vivir en sociedad. Por miles de años, el ser humano ha sido el peor depredador de su propia especie. Derivado de ello, es que haya tratado de imponer distintos mecanismos para limitar y contener las actividades que considera ilegales, especialmente las de mayor gravedad. Sanciones como amputarle la mano al ladrón, expulsar al paria de la comunidad, ejecutar al asesino o encarcelar a alguien por el resto de su vida, son ejemplos de ello. Los gobiernos combaten aquellas infracciones que provocan mayor daño a la sociedad de diferentes formas, estemos de acuerdo con los métodos o no. Así ha sido siempre y así seguirá siéndolo. 
 
La llamada “gestión del crimen” en el mundo moderno se ha enfocado en dedicar la mayor cantidad de recursos posibles para enfrentar, controlar, limitar y/o evitar en la mayoría de lo posible, los delitos más graves. Matar a un policía en Estados Unidos conlleva una persecución que no tendrá fin hasta que capturen al homicida o con el cierre definitivo del caso al haber agotado todos los recursos. Mientras que, en nuestro país, la misma conducta suele implicar un elevado porcentaje de impunidad. El mensaje es muy claro para los criminales, tanto allá, como acá. 
 
¿Cuál sería la prioridad para suprimir un ilícito de raíz si pudiéramos hacerlo? ¿Qué es lo que más nos duele en términos del crimen en México? Asumo que habría una alta prioridad en delitos como el secuestro, el homicidio doloso y la trata de menores. Tal vez en una segunda instancia aparecería el asalto callejero, el robo de mercancía en tránsito, a casa habitación y de autos. Y, por último, temas que solo importan a los dueños de marcas, como la piratería, el contrabando y la falsificación. Por supuesto que el catálogo de delitos es mucho más amplio, lo importante es la idea de priorizarlos en cuanto a su impacto, y por ende, los recursos para combatirlos. 
 
Los gobiernos más avanzados dedican mayores presupuestos a lo que consideran crímenes de primer grado. De esa forma, el riesgo que asumen los perpetradores es mucho mayor si llegan a romper la ley. El mensaje entre líneas es: si secuestras, matas a alguien o prostituyes a menores de edad, no te vas a escapar del aparato de justicia. Pero si vendes cigarros de contrabando o productos pirata, no tengo el tiempo ni los recursos para ir tras de ti.  
 
El resultado tiende a ser que las organizaciones criminales se alejan de los delitos de alto impacto, entendiendo que, se les permite operar discretamente de alguna forma. Es de vital importancia mencionar que, en el combate a los delitos de primer grado, no permea la corrupción en ninguno de los eslabones (policía, ministerio público, juzgados y cárceles) que conforman el sistema de impartición de justicia. 
 
La pregunta obligada es: ¿Se podría priorizar aquello que nos tiene bañados en sangre y dedicarle más dinero, tiempo y recursos?  
 
En todo el mundo hay presencia y actividades de organizaciones criminales, pero no ejercen la brutal violencia que hoy vemos en nuestro país. Esto es debido a que los diferentes Estados las administran adecuadamente, ya que, en términos generales, no es posible desaparecerlas. La responsabilidad del poder ejecutivo en conjunto con los gobiernos estatales debería centrarse en establecer límites y contener las actividades delictivas. Pero la disputa política y los dogmas ofuscan la visión, dejando a la población, una vez más, a merced de aquellos que sí saben gestionar su actividad criminal. 
 
Postdata - El asesinato del exgobernador de Jalisco no debe ser visto como un homicidio calificado solamente, este hecho es equivalente al ataque al jefe de la policía de la CDMX. Sin importar el autor intelectual o sus motivos, es un poderoso mensaje de la delincuencia organizada. Sorprende escuchar al Presidente decir que “toca a Jalisco investigarlo”. 
 

Especialista en seguridad corporativa.
 @CarlosSeoaneN 

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