Hace ya tres décadas tuve la maravillosa experiencia de contribuir con la Cruz Roja Mexicana como paramédico voluntario. En alguno de los casos que me tocó atender, el paciente había sido víctima de una agresión por arma blanca que le provocó severas lesiones penetrantes en el tórax. La gran cantidad de sangre era una clara señal de las múltiples perforaciones de vasos sanguíneos. Después de terminar el servicio en el área de urgencias, le pregunté al doctor a cargo cómo procedían ante tantas y tan dañinas heridas. Esta fue su respuesta: “cuando los cirujanos operamos y surgen varios problemas de sangrado severos simultáneamente, sólo podemos reparar una hemorragia a la vez”. Es una importante lección de la cual podríamos aprender.
México es víctima de una violencia criminal nunca antes vista. Sus orígenes, causas y consecuencias han sido ampliamente documentadas en los últimos años. Los planteamientos para combatirla por parte de los diferentes órdenes de gobierno se han politizado (con honrosas excepciones), son genéricos y los vemos todos los días: las fuerzas armadas combatirán la delincuencia organizada, se aplicarán pruebas de confianza a todos los policías, se desplegará a la Guardia Nacional en todo el territorio, se desmantelará a la policía de equis municipio. Es como pensar que uno o dos medicamentos nos pudieran curar cualquier enfermedad.
El combate al crimen organizado debe ser sistémico y altamente especializado en el tratamiento de los delitos con mayor grado de violencia o que provocan un impacto más fuerte a la sociedad. No en vano existe una Coordinación Nacional Antisecuestros (CONASE) que nació a raíz de entender que este delito es en extremo particular y diferente al resto de los demás, sin descontar la gran presión social que ayudó a su creación.
Metafóricamente hablando, ver sólo el bosque sin entender las diferentes especies de árboles que lo componen, es pretender darle el mismo trato a la exacerbada violencia derivada del robo de gasolina en Guanajuato, que a la extorsión contra los productores de aguacate (y demás negocios) en Michoacán. No es lo mismo contener el incremento de homicidios dolosos en Manzanillo, derivado de la importación de fentanilo de China, que las agresiones criminales de pandillas subcontratadas por el narco en Ciudad Juárez y Tijuana. O intervenir para evitar las batallas intestinas de los grupos de autodefensa en Guerrero y luchar contra el narcomenudeo en la Ciudad de México. Tampoco es viable equiparar la misma estrategia para enfrentar los feminicidios en gran parte del país.
Así como surgió la CONASE, ¿valdría la pena pensar en una comisión antihuachicol región bajío o antifentanilo en puertos marítimos, o antiextorsión en tierra caliente? Recordemos que el crimen organizado no es unidimensional, detrás de ellos hay grupos políticos, empresas legales, servidores públicos y un fiel segmento de consumidores felices de adquirir lo mal habido a precios preferenciales.
Desafortunadamente, los resultados en materia de seguridad pública se han politizado y es claro para la clase gobernante que la población puede castigar con su voto a quienes no entreguen buenos resultados en la materia (no en vano el PAN no pudo refrendar la Presidencia después de Calderón). Se habla mucho y lo que se hace y cómo se hace resulta insuficiente.
El objetivo del combate al crimen organizado no debe ser erradicarlo, sino contenerlo y disminuirlo. Se que suena frío y crudo, pero así debe ser en cualquier país. Nunca lo escucharemos de ningún gobernante, ni siquiera del Presidente. Este nivel de sinceridad, en términos de imagen, sería el equivalente a pegarse un tiro en el pie.
Ya corrieron casi 20 meses del sexenio y no queda claro el programa de seguridad del gobierno. Con todas las heridas y hemorragias (algunas autoinfligidas) que lastiman al país, no queda otra que escoger las lesiones que puedan suturarse lo mejor posible, dejar un diagnóstico realista, el historial clínico y los instrumentos para que la siguiente administración continúe la operación cicatriz.
Twitter: @CarlosSeoaneN
