Hace un par de semanas, Estados Unidos publicó un documento de 33 páginas con su Estrategia de Seguridad Nacional. No es retórica electoral ni un refrito burocrático. Es una declaración de prioridades al estilo Trump. Y la prioridad número uno es clara: frontera, migración y control del entorno inmediato. Todo lo demás es secundario.
Estados Unidos ya dijo lo que va a hacer. Falta ver si México entendió lo que eso implica.
Para Washington, la frontera ya no es un problema humanitario ni de política social. Es seguridad nacional dura y pura. Migración, drogas, crimen organizado, influencia extranjera y estabilidad regional aparecen en el mismo párrafo. Mezclados. Sin matices. Sin sutilezas. Sin palabras aterciopeladas.
Ese cambio conceptual importa. Y mucho.
Porque cuando algo se define como seguridad nacional, deja de negociarse en términos diplomáticos y empieza a exigirse en términos operativos. Y México queda, inevitablemente, en el centro de ese tablero.
No como un romántico socio estratégico, sino como engranaje clave, como pieza funcional: contención migratoria, control de flujos, combate a cárteles y alineamiento económico. Resultados medibles. No discursos. No palabrería.
El documento es explícito en un punto que en México seguimos tratando con eufemismos: la estrategia “solo policial” contra los cárteles es vista como insuficiente. Se habla abiertamente de derrotarlos, incluso mediante despliegues focalizados y uso de fuerza letal en caso de ser necesario. Esto implica, forzosamente, ir tras las redes de protección política del narco.
Eso no significa que mañana crucen Marines a nuestro territorio. Significa algo mucho más sutil y más incómodo: el umbral de tolerancia política se está moviendo. Y cuando ese umbral se mueve, la presión deja de ser discreta.
A ese frente se suma otro igual de sensible: China.
Estados Unidos afirma que está importando bienes chinos disfrazados de nearshoring, incluida producción instalada en México. Traducción simple: México ya está bajo sospecha. No por discurso ideológico, sino por cadenas de suministro, propiedad industrial, tecnología, puertos, telecomunicaciones e infraestructura crítica.
Aquí aparece la actualización más peligrosa de la vieja Doctrina Monroe: el hemisferio occidental como zona de influencia que debe cerrarse a competidores extrahemisféricos. No en abstracto. En concreto. Con premios y castigos. La zanahoria y el garrote.
Aranceles, inspecciones, reglas “recíprocas”, presión comercial. Todo entra en la caja de herramientas.
¿Dónde queda México? En una posición incómoda pero muy previsible: amortiguador migratorio, campo de batalla contra cárteles y frontera industrial vigilada.
El error sería leer esto como un problema de relaciones exteriores. No lo es. Es un problema de seguridad, economía y gobernabilidad interna.
Otro error —y muy grave— sería creer que basta con resistir desde la retórica. Cuando el otro lado mide éxito en números: flujos detenidos, decomisos, rutas cerradas. Y nuestros políticos, hay que decirlo, aman el sonido de su propia voz.
La pregunta relevante no es si esta doctrina nos gusta o no. Es otra, mucho más incómoda:
¿México tiene una estrategia propia o solo queda reaccionar a la presión?
Porque cuando nuestro poderosísimo vecino redefine su seguridad nacional, los países alrededor no pueden darse el lujo de improvisar. Y menos nosotros, que estamos en el centro de la ecuación.
El problema no es que Estados Unidos piense así.
El problema es cómo México decida responder.
POSTDATA — Usar el aparato penal del Estado para investigar a María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, por ejercer un derecho legal —una pensión por la muerte de su esposo— no es solo un exceso grave: es una señal de alarma mayor. Cuando la persecución se dirige contra quien exige rendición de cuentas, y no contra los grandes desfalcos y la brutal corrupción documentada, el mensaje es claro y peligroso. No hay Estado de derecho donde se criminalizan derechos y se toleran abusos. Y no hay democracia que sobreviva persiguiendo a ciudadanos críticos en lugar de investigar a quienes, a plena vista, dañan realmente al país.