La publicación de la décima Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020, coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ofrece la oportunidad ideal para comparar, finalmente, al gobierno de López Obrador consigo mismo.

Desafortunadamente entre la edición 2019 y la 2020, podemos encontrar una serie de atipicidades metodológicas derivadas de los meses de confinamiento que impiden equiparar ambos años de manera adecuada, lo que afectará también el análisis de la futura encuesta del 2021. Sin embargo, es lo que tenemos a mano y lo podemos usar para tratar de entender de dónde venimos y hacia dónde vamos.

Recordemos que una de las principales promesas de la campaña presidencial, la que generó grandes simpatías entre sus votantes, fue pacificar al país y reducir el alto índice de crímenes lesivos que riegan dolorosamente cadáveres por todos lados. La pregunta obligada una vez que se ha recorrido el primer tercio del sexenio sería: ¿y cómo vamos respecto de esta promesa?

Después de revisar la ENVIPE y complementando la información con el último reporte publicado por el Observatorio Nacional Ciudadano, se puede concluir que los homicidios dolosos y los feminicidios han venido al alza respecto al año pasado, que resultó ser el más sangriento de la historia moderna. No hay indicador que refute el pronóstico en el sentido de que el 2020 rebasará el récord del 2019.

¿Y dónde quedó el responsable de la seguridad a nivel federal? Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, desapareció del mapa un par de meses antes de su renuncia oficial el 30 de octubre y solo dio una conferencia de despedida en la cual presumió resultados inexistentes. Y hasta el 4 de noviembre Rosa Icela Rodríguez lo sustituyó, con la agravante de que se encontraba en recuperación del Covid-19.

En julio, cuando Carlos Urzúa (exsecretario de Hacienda) renunció, a las pocas horas se presentó en medios a su reemplazo. Pero cuando López Obrador anunció a Rosa Icela como nueva secretaria de Seguridad, dijo que apenas lo iba a consultar con ella, cuatro días después le “aceptó” el cargo y hasta hoy no la hemos visto ni escuchado.

Eso no significa que no esté trabajando desde su hogar mientras mejora su salud, pero llama la atención que a 45 días de su nombramiento se perciba ausencia total en el puesto. Este es un simple ejemplo de las prioridades del gobierno.

El 2020 será recordado por el Covid-19 porque más de 115,000 personas han fallecido por este virus en nuestro país hasta el momento. Pero no menos importantes son más de 30,000 víctimas de homicidio doloso y arriba de 800 feminicidios acumulados a octubre. Urge un plan para reducir la violencia homicida lo antes posible, ya que aún con la estrategia adecuada los resultados tardarán en reflejarse.

Las estadísticas no contienen filias ni fobias partidistas. Es imperativo estudiar la viabilidad de otros caminos, de otras opciones. El Presidente dejará el poder en poco menos de cuatro años, pero nosotros, al igual que los criminales, seguiremos aquí.

Las próximas elecciones serán fundamentales para el destino que el país enfrentará en la siguiente década. Por eso desde ahora toda acción política tiene un solo objetivo: ganar el mayor número de posiciones en las elecciones de junio del 2021. Y una vez que asuman sus puestos los 15 nuevos gobernadores, no les pidamos mucho en su primer semestre de operación. Esto significa que el entrante será un año perdido en materia de seguridad.

Recordemos al caradura de Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto, exculpándose del tiradero que dejó al afirmar que la seguridad fue “un pendiente” del sexenio.

Molestaría escuchar al hoy poderoso López Obrador en 2024 decir lo mismo después de tantas promesas. No tendremos resultados diferentes, es un hecho. Los habrá, quizá, solo en el imaginario de la 4T.

Especialista en seguridad corporativa 
@CarlosSeoaneN 

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