La escalada de homicidios dolosos, algo nunca antes visto en nuestro país en los tiempos modernos, le cobró caro la factura al presidente Felipe Calderón durante su sexenio. El precio por haber “pateado el avispero”, lo sabemos todos, fue que el PAN perdió la Presidencia de la República y la gente votó por el retorno del PRI al poder, ya que los priístas “sí saben” como mantener a los criminales a raya.
El presidente Enrique Peña Nieto falló en disminuir la violencia criminal y, por el contrario, aumentó durante su gestión, lo que también se tradujo en un fuerte castigo en las urnas.
Las estadísticas revelan que durante el primer tercio del mandato del Presidente López Obrador la violencia homicida ha sido incontenible y, si la tendencia se mantiene, rebasará los récords de muertes registrados en los sexenios de Calderón y Peña. A pesar de tan deplorables cifras, el gobierno actual mantiene intacta su estrategia de seguridad y parece no haber aprendido la lección de sus antecesores.
Es insultante que minimicen las estadísticas culpando al pasado, que hablen de contención cuando es marginal, que presuman reducciones porcentuales de dos o tres por ciento como un éxito, que hablen con frialdad de los números olvidando el enorme dolor y sufrimiento detrás de ellos; que no haya ajuste alguno ante la falta de resultados tangibles y que, a final de cuentas, las autoridades no acepten responsabilidad alguna ante sus fallas.
Pero preocupa más que el gobierno tenga conciencia de la realidad en materia de seguridad pública y que su incapacidad redundará en su contra, como ya ha ocurrido anteriormente, a la hora de que los ciudadanos acudan a las urnas a ejercer su voto. Cabe recordarles que desde hace unos años la seguridad juega un rol fundamental en la competencia político electoral. Si la meta es no mejorar ni dar resultados positivos (por el motivo que sea), entonces la estrategia se concentra en ocultar la verdad, maquillar las cifras, distraer con otro asunto, retrasar la entrega de los datos, nadar “de a muertito” para no llamar la atención hasta que pase la elección.
En dos semanas iniciará el Proceso Electoral Federal para renovar la Cámara de Diputados. La ciudadanía votará el 6 de junio del año entrante para elegir más de 21 mil cargos en todas las entidades federativas del país. Cerca de 90 millones de electores podrán sufragar por 15 gobernadores, presidentes municipales, alcaldes y congresos locales. Estoy seguro de que muchos políticos y gobernantes no tendrán como prioridad la seguridad. Todo lo contrario, tratarán de disimular la realidad.
Dos indicadores impactarán directamente el ánimo del electorado, porque cualquier persona puede entenderlos. Están relacionados con la vida cotidiana y sus necesidades más inmediatas. Contar con dinero suficiente en la cartera (factor económico) y poder hacer vida en paz (factor seguridad). Fallar en estos apartados cobrará factura en elecciones futuras, sea en las intermedias del 2021 o en las presidenciales del 2024.
Durante su campaña de 1992, el expresidente norteamericano Bill Clinton dejó para la posteridad la frase “Es la economía, estúpido”, refiriéndose a que al pueblo lo que le importa es que quien detente el poder haga las cosas lo suficientemente bien para que el ciudadano de a pie pueda mantener a su familia.
Hace años, impartiendo un seminario pronuncié espontáneamente la frase “es la seguridad, estúpido”, apuntando entonces a que el PAN perdería la Presidencia de la República en las urnas. Era inevitable ante la crisis de inseguridad que el país sufría.
Hoy la clase política, al igual que la población, están obligados a entender esta premisa a la perfección. Por eso es inquietante el juego y malabareo de los números y de la información para apuntalar la popularidad de López Obrador, quien hasta ahora ha incumplido su juramento de proteger la integridad física y patrimonial de todos los mexicanos, incluidos sus 30 millones de votantes.
Especialista en seguridad corporativa
Twitter: @CarlosSeoaneN
