El 10 de diciembre del 2019, Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón fue arrestado en Dallas, Texas, a petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, acusándolo de cooperar con el Cártel de Sinaloa para traficar droga al país norteamericano.
Cuatro semanas después de su detención, García Luna se declaró no culpable en su primera comparecencia ante la Corte federal de Brooklyn. Mientras portaba grilletes en los tobillos, escuchó los cargos por los que se le acusaba. "A cambio de sobornos multimillonarios, el acusado habría permitido que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad en México", se lee en la acusación del Departamento de Justicia.
El 27 de octubre del 2020, volvió a declararse no culpable de los cargos que le imputaba la fiscalía norteamericana. El expediente en su contra sumaba hasta entonces más de cien mil páginas de pruebas sobre sus supuestos nexos con el narcotráfico mexicano.
Posteriormente, el gobierno estadounidense también acusó de conspiración de tráfico de cocaína y de recibir sobornos de los cárteles a sus subalternos Luis Cárdenas Palomino (detenido el 5 de julio), exjefe de la División de Seguridad Regional de la misma institución y Ramón Pequeño García (prófugo a la fecha), exjefe de inteligencia de la Policía Federal. Irónicamente, ambos fueron elogiados en su momento por los americanos por su lucha contra el narcotráfico.
Derivado de diferentes factores, el proceso judicial se ha aplazado en varias ocasiones. Las audiencias se han pospuesto en al menos seis ocasiones. Sin embargo, la defensa y la fiscalía acordaron iniciar el juicio hasta octubre de 2022, casi tres años después de la detención del exfuncionario.
Una nueva audiencia, que estaba programada para este próximo miércoles, ha sido aplazada otra vez por “temas de logística”. La nueva fecha ahora será el 15 de diciembre.
Llama la atención que la fiscalía esté considerando solicitar que la identidad del jurado se mantenga en secreto por motivos de seguridad. Aquellos que decidirán el futuro de García Luna, preservarían su anonimato, ya que los fiscales consideran que, de conocerse su identidad, se podría poner en riesgo su integridad.
Para rematar, Iván Reyes Arzate, un exoficial de la Policía Federal y comandante de la Unidad de Investigación Sensible (SIU), se declaró culpable de conspiración para posibilitar el tráfico de cocaína. De acuerdo con su propia declaración, reconoció haber aceptado sobornos a cambio de ayudar al cártel que encabeza Ismael “El Mayo” Zambada. Esto significa que el expolicía colaborará con los fiscales y podría representar serios problemas para su exjefe.
México ha solicitado a Estados Unidos la extradición de García Luna bajo una acusación por presunto enriquecimiento ilícito, pero el gobierno de López Obrador (o el que le sigue) deberá aguardar a que el detenido cumpla su condena en ese país en caso de ser declarado culpable o a que sea liberado, en caso de ser declarado inocente.
Por último, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México pretende recuperar activos vinculados con operaciones financieras ilegales efectuadas por García Luna. Un juez federal de Miami fijó para el próximo 8 de mayo de 2023 el inicio del juicio en respuesta a la demanda con el objetivo de recuperar estos activos en contra del susodicho personaje y otras siete personas, entre ellas, su esposa y su exesposa.
Dos años han transcurrido desde el inicio de esta telenovela y la verdadera historia, ni siquiera ha comenzado. Los juicios a los alguna vez llamados super policías, podrían marcar uno de los capítulos más oscuros de la reciente política en México. Mientras, el exsecretario permanece en la prisión federal de Brooklyn en la que fue recluido y en donde podría pasar el resto de su vida.
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– Recientemente se publicó una investigación acerca del gasto de 109 millones de pesos en la compra de autos de lujo y trasferencias a bancos de varios países por parte del fiscal Alejandro Gertz Manero. Alonso Castillo Cuevas y sus hermanos dicen que la riqueza descomunal del fiscal es el móvil del encarcelamiento de su madre, ya que este supone que su abuela tiene más información acerca del patrimonio ilícito que busca ocultar. En cualquier país del primer mundo esto sería un escándalo supremo, ¿por qué aquí no?
Consultor en seguridad y manejo de crisis
Twitter: @CarlosSeoaneN
