Trump no descubrió nada. Solo dijo en voz alta lo que en México se volvió impronunciable.
Cuando afirma que el Estado mexicano no controla su territorio, exagera en la forma, pero no en el fondo. No describe un país “gobernado” por los cárteles, sino algo más complejo e incómodo: un sistema político que aprendió a convivir con el crimen y, en muchos espacios, a administrarlo como parte del orden.
El problema no es solo la violencia. Es la lógica que la vuelve funcional.
Durante décadas, México no construyó una estrategia para erradicar al crimen organizado, sino para integrarlo de manera informal a la gobernabilidad local. En cientos de municipios, la estabilidad no depende de la ley, sino de acuerdos tácitos: quién puede operar, dónde, con qué límites y bajo qué silencios. No es un vacío de poder. Es un poder paralelo tolerado.
Ahí es donde fracasa la lectura simplista del “Estado fallido”. El Estado sí está presente, pero negociando con el lado oscuro. Regula sin admitirlo. Permite sin reconocerlo. En muchos casos, el crimen no sustituye a la autoridad: la complementa. Financia campañas, disciplina territorios, controla mercados ilegales y, cuando es necesario, impone orden por la vía de la violencia.
Ese arreglo no nació ayer. Es el resultado de muchos años de pragmatismo político, corrupción estructural y miedo administrado. Funciona mal, pero funciona. Y por eso romperlo no es una decisión técnica ni policiaca: es una decisión política de alto riesgo.
Combatir de verdad al crimen organizado implica desmontar redes que sostienen elecciones, economías locales y equilibrios partidistas. Implica aceptar que el costo no sería solo más violencia, sino ingobernabilidad, aunque fuera temporal. Ningún gobierno quiere cargar con eso.
Por eso se optó por la administración del problema. Por la contención, no la solución. Por reducir picos de violencia en lugar de eliminar las condiciones que la hacen rentable. El resultado es un país donde la violencia no desaparece: solo se desplaza. Cambia de forma, de zona o de intensidad. El viejo —y tristemente común— efecto cucaracha.
Desde fuera, el diagnóstico es cada vez más claro. Estados Unidos ya no discute si México tiene un problema estructural; discute qué hacer cuando no se puede —o no se quiere— desarmar el sistema que sostiene su estabilidad. La narrativa del terrorismo no apunta únicamente a los criminales, sino a los vínculos políticos que los vuelven operativos.
Y cuando el crimen se vuelve parte del orden, la soberanía deja de ser absoluta. Se vuelve negociable. Condicional. Frágil.
México llegó aquí por normalizar la excepción. Por llamar pragmatismo a la tolerancia, gobernabilidad al silencio y realismo a la complicidad. Durante años se apostó a que el crimen podía coexistir con el Estado sin capturarlo por completo. Que podía mantenerse dentro de márgenes “manejables”.
Hoy esos márgenes están rotos.
Y en ese recorrido, claro está, mucha gente en el poder se hizo millonaria.
La violencia ya no es solo un problema de seguridad pública. Es un problema de legitimidad.
La pregunta de fondo no es si el señalamiento externo es exagerado o injusto.
La pregunta es si México está dispuesto a desmontar un sistema que, aunque medianamente funcione, funciona con sangre, funciona con miedo y funciona hipotecando el futuro.
Porque ningún orden que depende de la violencia puede sostenerse indefinidamente.
Y cuando ese orden colapsa, rara vez lo reemplaza algo mejor.
El verdadero riesgo no es el conflicto.
El riesgo es seguir creyendo que se puede gobernar indefinidamente sobre un pacto roto.
POSTDATA – En Estados Unidos, operativos federales de migración ya dejaron dos ciudadanos norteamericanos muertos por disparos de agentes del ICE en Minneapolis. Cuando la violencia se normaliza como política, la excepción siempre se expande. Y cuando eso ocurre, nadie —ni siquiera el propio Estado— queda a salvo.