La pregunta ya no es retórica. Es incómoda. Y empieza a sonar absurda.
Desde la captura del Mayo Zambada, Culiacán se ha convertido en el laboratorio de una idea que México se niega a abandonar: más tropas equivalen a más control. Dos mil, cinco mil, ocho mil, diez mil quinientos dieciséis… y contando. Cada nuevo convoy entra con la promesa implícita de que ahora sí, esta vez, la violencia va a ceder.
Y no cede.
Los soldados llegan. Los retenes se multiplican. Las patrullas recorren avenidas y colonias. Y, aun así, los ataques continúan. Bloqueos, ejecuciones, atentados contra políticos, balaceras a plena luz del día. No como errores del sistema, sino como mensajes.
Porque lo que ocurre en Culiacán no es un problema de fuerza insuficiente, sino de orden roto.
La caída de un liderazgo criminal histórico no desmanteló al cártel. Desmanteló el equilibrio. Quitó al árbitro, no al juego. El resultado fue previsible: fragmentación, disputa interna y violencia como mecanismo de negociación. En ese contexto, el despliegue militar no apaga el fuego: administra el incendio.
Cada soldado adicional cumple una función táctica: presencia, disuasión temporal, a veces reacción. Pero ninguno responde la pregunta estratégica: ¿quién manda hoy y bajo qué reglas?
Cuando grupos criminales se permiten atacar a legisladores, desafiar al Estado en zonas urbanas y operar pese a la ocupación militar, el mensaje es claro: el problema no es la cantidad de efectivos, sino la ausencia de control político del territorio.
En este escenario, el gobernador —es un decir— Rubén Rocha Moya ha optado por una forma superior de liderazgo: la presencia simbólica sin tomar decisiones, procurando estorbar y equivocarse lo menos posible. Su gobierno ha entendido que, frente a este nivel de violencia, lo más prudente es observar con calma, emitir frases cuidadosamente neutras y confiar en que el tiempo —o la federación— haga el trabajo pesado.
En Sinaloa, hoy, el poder no está ausente: simple y sencillamente no está en manos de este señor.
Hay un dato que suele perderse entre comunicados y despliegues: la violencia no está desbordada, está dirigida. No es caótica; es selectiva. Se ataca donde duele, cuando conviene y a quien manda señales.
Los atentados contra políticos, los mensajes públicos, la capacidad de operar pese a la presencia militar no son fallas de seguridad; son demostraciones de poder. En Culiacán no falta fuerza: falta autoridad capaz de imponer consecuencias duraderas. Y eso no se logra con rotaciones de tropas, sino con control real del territorio y del dinero que lo gobierna.
Y aquí viene lo más incómodo: militarizar sin resolver el “día después” suele empeorar el “día siguiente”.
Más armas sin reordenamiento criminal generan incentivos perversos: demostrar fuerza, escalar violencia, ganar visibilidad. La tropa queda atrapada entre dos fuegos: contener sin gobernar. Esto no pacifica; reacomoda la violencia.
Entonces, ¿cuántos soldados más se necesitan para pacificar —de verdad— a Culiacán?
La respuesta honesta es brutal: ninguna cifra es suficiente si no hay una estrategia que entienda el poder criminal como un sistema, no como un blanco.
Pacificar no es ocupar.
Pacificar es reconstruir reglas, romper incentivos, aislar financieramente, controlar territorios con inteligencia —no solo con armas— y, sobre todo, saber qué hacer después del golpe.
Mientras esa pregunta (¿quién manda hoy?) siga sin respuesta, Culiacán no estará pacificado. Estará simplemente custodiado.
Y custodiado no es lo mismo que en paz.
POSTDATA – Los números oficiales pueden mostrar una reducción del 40 % en homicidios dolosos, pero cuando se examinan con lupa —sumando otras categorías de muertes violentas o revisando registros civiles independientes— la disminución real es inferior. Eso convierte cualquier celebración en una ilusión estadística, y subraya que, en seguridad, como en economía, las apariencias a menudo ocultan la realidad profunda.
@CarlosSeoaneN