El programa de televisión “Big Brother”, transmitido a principios del presente siglo, es un sencillo ejemplo de lo que provoca el cambio súbito de reglas. Los televidentes podían observar las 24 horas del día a 15 participantes aislados del mundo exterior. La intención era mostrar el comportamiento humano en condiciones extremas de aislamiento y convivencia. Cuando el programa empezaba a perder rating o los protagonistas caían en un ritmo de monotonía, los productores implementaban el famoso “en Big Brother las reglas cambian”. Las pautas de convivencia se modificaban radicalmente para dar paso a otras con el objetivo de provocar un desajuste importante en el diario interactuar de los actores y con ello revivir el interés del público y el consecuente rating. El desenlace normalmente era el caos.

En el ámbito corporativo y de negocios, el arbitrario cambio de normas o la falta de respeto a las ya establecidas es similar al método de Big Brother, pero su secuela no es para divertirnos y conlleva efectos negativos para todos.

La evolución de la seguridad (jurídica, nacional, social, pública y privada) a través del tiempo ha dejado claro que la punta de la pirámide en esta materia es la certeza jurídica. No hay forma de lograr desarrollo si lo que está escrito, firmado y aprobado, de repente desaparece con el chasquido de unos dedos. Sin seguridad jurídica, el sistema entero eventualmente va a colapsar.

Es imposible comprender cómo para el gobierno este concepto resulta irrelevante cuando ha protestado “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”.

No hay que ser más papista que el Papa para entender que algo legal no necesariamente es correcto, moral o legítimo, pero hay que recordar que los integrantes del Estado mexicano protestaron respetar y hacer respetar la ley.

Cancelar el NAICM con una consulta patito, liquidar el Metrobús Laguna con una consulta a mano alzada, suprimir la planta cervecera en Mexicali, impedir el arranque de plantas de energía limpia y renovable (esperen la lluvia de amparos y juicios internacionales), va en sentido contrario a su juramento. Es la imposición de una voluntad ideológica para sostener un proyecto político. Deben saber que, si fallan, habrá un grave impacto con una profunda y extensa onda radial en el mediano y largo plazo. Quizá los actuales gobernantes no lo alcancen a ver, pero millones de mexicanos lo sufrirán.

Si alguno de estos proyectos de inversión nació sobre una base pantanosa bañada con lodos de corrupción, ¿Acaso no existe un camino legal para detenerlos y sancionar a los responsables? ¿Tal vez el poder federal de una de las 15 economías más poderosas del mundo no tiene un equipo jurídico de primer nivel capaz de llevarlo a cabo? ¿Por qué imponer la ley del más fuerte so pretexto de corrupción que nunca es perseguida o castigada? Desautorizar lo aprobado legalmente está incubando un monstruoso efecto mariposa que, sin lugar a dudas, vamos a padecer en el futuro cercano y en años por venir.

En reuniones con empresarios he escuchado hablar del cierre de instalaciones, de cancelar proyectos, de dejar de invertir y/o expandirse ante el aumento de la violencia criminal en el país. Ahora empiezo a percibir lo mismo, pero derivado de la incertidumbre jurídica que provoca el cambio de reglas.

La autoridad está facultada exclusivamente para hacer lo que las leyes le permiten hacer, ni más, ni menos, como un principio general de derecho constitucional universalmente admitido. Aplicar cambios y romper reglas solo por complacer un proyecto político, sin garantía de éxito, es jugar una apuesta que puede costar muy cara a la nación entera.

Especialista en seguridad corporativa

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